"El daño que esta causa ha provocado al Poder Judicial puede equipararse a un terrorismo institucional que no reconoce antecedentes en la historia de la provincia. Este affaire -cometido en las entrañas mismas de la Justicia- ha colocado a todos sus miembros, inclusive a los inocentes y ejemplares magistrados, funcionarios y empleados que lo honran, en un estado de sospecha generalizada que no sabemos si el tiempo logrará desincriminar".
El párrafo forma parte de las 88 fojas con las que la comisión de Juicio Político fundamentó la acusación contra el fiscal penal Héctor Abraham Musi, solicitada por el juez federal Felipe Terán por la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de certificados de camionetas 4x4 robadas. La acusación, tal como establece el procedimiento de Ley de Juicio Político, fue leída ayer al suspendido funcionario judicial que concurrió al recinto de la Legislatura acompañado por sus abogados defensores, Gustavo Morales y Horacio Guerinau. Musi escuchó atentamente a los legisladores Sisto Terán, Carlos Canevaro, Pedro Stordeur y Juan Roberto Robles, quienes se dividieron la lectura del documento durante 3 horas ininterrumpidas.
Entre las consideraciones generales se destaca que -a criterio de la comisión- fue Musi el que escogió voluntariamente someterse a juicio político al no concurrir a declarar ante la Justicia Federal y reivindicar la autonomía provincial.
"Existen elementos por de más suficientes, diríamos abrumadores, que ameritan resolver todo tipo de privilegio o inmunidad constitucional que pudiera obstaculizar la investigación en trámite ", aseguró la comisión. La acusación resumió las investigaciones realizadas por la Gendarmería Nacional y la Justicia Federal y el sumario de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. En esos documentos estaría acreditada la existencia de una compleja organización delictiva que habría encontrado amparo legal en constancias emitidas por la fiscalía de instrucción que dirigía Musi. Al analizar los descargos realizados por el fiscal y por su defensa, la comisión concluyó que el acusado no logró desvirtuar los hechos imputados.
Entre los fundamentos políticos de la acusación, se reconoció "la fuerte indignación popular que el caso generó" y se insistió en la necesidad de fortalecer el Poder Judicial, sobre la base del conocimiento de la verdad.
Luego de la notificación de ayer, Musi tiene 15 días hábiles para efectuar su descargo y presentar pruebas. El plazo vence el 1 de marzo, pero se piensa que la defensa -que ayer anticipó un planteo de nulidad- acelerará el proceso.
EL ABC DE LA INFORMACION
Después de la lectura de la acusación, Musi tendrá 15 días hábiles para presentar su descargo y aportar las pruebas con la que fundamentará su defensa. El plazo vence el lunes 1 de marzo.
El tribunal de juicio político entregó ayer al fiscal suspendido y a sus abogados defensores una copia de los 15 cuerpos que forman parte del expediente sobre el que se basó la acusación.
La comisión acusadora pedirá que se cite a declarar a los funcionarios de la Corte Suprema que realizaron la auditoría en la Fiscalía IV y del personal que dependía de Musi hasta el viernes pasado, cuando fue suspendido.
El párrafo forma parte de las 88 fojas con las que la comisión de Juicio Político fundamentó la acusación contra el fiscal penal Héctor Abraham Musi, solicitada por el juez federal Felipe Terán por la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de certificados de camionetas 4x4 robadas. La acusación, tal como establece el procedimiento de Ley de Juicio Político, fue leída ayer al suspendido funcionario judicial que concurrió al recinto de la Legislatura acompañado por sus abogados defensores, Gustavo Morales y Horacio Guerinau. Musi escuchó atentamente a los legisladores Sisto Terán, Carlos Canevaro, Pedro Stordeur y Juan Roberto Robles, quienes se dividieron la lectura del documento durante 3 horas ininterrumpidas.
Entre las consideraciones generales se destaca que -a criterio de la comisión- fue Musi el que escogió voluntariamente someterse a juicio político al no concurrir a declarar ante la Justicia Federal y reivindicar la autonomía provincial.
"Existen elementos por de más suficientes, diríamos abrumadores, que ameritan resolver todo tipo de privilegio o inmunidad constitucional que pudiera obstaculizar la investigación en trámite ", aseguró la comisión. La acusación resumió las investigaciones realizadas por la Gendarmería Nacional y la Justicia Federal y el sumario de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. En esos documentos estaría acreditada la existencia de una compleja organización delictiva que habría encontrado amparo legal en constancias emitidas por la fiscalía de instrucción que dirigía Musi. Al analizar los descargos realizados por el fiscal y por su defensa, la comisión concluyó que el acusado no logró desvirtuar los hechos imputados.
Entre los fundamentos políticos de la acusación, se reconoció "la fuerte indignación popular que el caso generó" y se insistió en la necesidad de fortalecer el Poder Judicial, sobre la base del conocimiento de la verdad.
Luego de la notificación de ayer, Musi tiene 15 días hábiles para efectuar su descargo y presentar pruebas. El plazo vence el 1 de marzo, pero se piensa que la defensa -que ayer anticipó un planteo de nulidad- acelerará el proceso.
Después de la lectura de la acusación, Musi tendrá 15 días hábiles para presentar su descargo y aportar las pruebas con la que fundamentará su defensa. El plazo vence el lunes 1 de marzo.
El tribunal de juicio político entregó ayer al fiscal suspendido y a sus abogados defensores una copia de los 15 cuerpos que forman parte del expediente sobre el que se basó la acusación.
La comisión acusadora pedirá que se cite a declarar a los funcionarios de la Corte Suprema que realizaron la auditoría en la Fiscalía IV y del personal que dependía de Musi hasta el viernes pasado, cuando fue suspendido.







