Los poderes construyen vínculos sobre la base del conflicto político

El conflicto político que entre bambalinas disputaron el Poder Ejecutivo, encabezado por José Alperovich, y la Legislatura que conduce Fernando Juri tiene sus antecedentes en los orígenes de las instituciones que organizaron a los Estados modernos.
Más allá de los condimentos particulares que aportó la disputa tucumana -que tuvo su correlato nacional con la pelea entre el presidente Néstor Kirchner y el vice Daniel Scioli el año pasado-, las diferencias entre ambos poderes forman parte del debate en casi todos los regímenes que adoptaron el sistema presidencialista.Tal el caso de la Constitución nacional y de la Carta Magna provincial -en una escala diferente, con la figura del gobernador-, en las que se concentró la energía del poder en la cabeza del Ejecutivo.
En un artículo periodístico publicado durante la crisis que terminó con la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez en octubre de 2000, el politólogo Natalio Botana recordó que el régimen presidencial nació en la Constitución de los Estados Unidos, como una mutación que añadió a los atributos tradicionales de la monarquía los conceptos modernos de la soberanía del pueblo, la separación de poderes y el gobierno limitado.
El problema se planteó -dijo Botana- cuando al presidente hubo que adosarle un papel análogo para sustituirlo ante cualquier eventualidad. Surgió así la figura del vicepresidente, que, en teoría, debía transformarse en un soporte para el Gobierno.
En los hechos, las suspicacias entre el presidente y el vice no tardaron en aflorar. En 1789, George Washington desconfió de John Adams, el vice que lo sucedería 8 años después, y rechazó la idea de considerar la vicepresidencia como parte del Ejecutivo. "Desde entonces quedo claro que, en este tipo de régimen, el poder es, por definición, unitario", aseguró el pensador.

Controles difusos
El profesor de Teoría Constitucional Roberto Gargarella (UBA) advierte que los mecanismos que regulan la relación entre ambos poderes activan una serie de problemas. Según el especialista, cuando el Poder Ejecutivo y el Parlamento responden a un mismo color político los controles tienden a diluirse. Pero cuando ambos poderes se encuentran enfrentados tiende a producirse una dinámica de bloqueo. "En ese escenario se crean incentivos para la extorsión mutua, en donde las normas no son aprobadas por sus propios méritos sino por lo que se promete a cambio de ellas", afirmó Gargarella.
En su libro "Lecciones de Política", el tucumano Arturo Ponsati reconoció que rara vez las decisiones políticas se toman pacíficamente. "La pelea por la hegemonía -decía a su vez el politólogo italiano Antonio Gramsci- se manifiesta en dos formas de construcción y ejercicio del poder. En algunos momentos históricos se utiliza la fuerza, pero en otros la prioridad está puesta en el consenso".
La realidad confirma que en sistemas institucionales débiles -como los que conforman la democracia Argentina- la naturaleza propia del poder hace impensable la posibilidad de que los actores en disputa acepten compartirlo, aunque a veces parezca que firmaron la paz .

PUNTO DE VISTA
"Buscar el beneficio social"
Por: Ramiro Albarracín
Docente de Teoría del Estado - UNT
Master en Políticas Públicas

En la tradición política de Occidente la relación entre los poderes del Estado se enmarca en el discurso de la "Teoría del Balance, equilibrio o división del Poder".
La percepción que habitualmente se tiene del mencionado principio es una concepción estática, en el sentido de que con sólo la existencia de una norma que mencione el principio, este se autorrealizará en la práctica política. De allí que la sociedad advierta como un disvalor las conflictivas relaciones interpoderes.
Sin embargo de la definición misma de equilibrio de poder se deduce que la relación interorgánica se traduce en una "tensión dinámica". Ello implica que la conflictividad es de la esencia misma de las relaciones entre los poderes del Estado, precisamente para conseguir la finalidad buscada que es la limitación al poder absoluto.
Desde esta perspectiva el centro del debate debe desplazarse a otro plano, el referido al "qué" y al "cómo" se discuten los temas de la agenda de los poderes públicos. Ello conlleva asimismo al tema de la "responsabilidad de los operadores políticos", quienes deben tener en cuenta nuevos elementos en el juego de la negociación política: el rol de la opinión pública, la participación ciudadana y el diseño e implementación de políticas públicas entre otros.
Demasiados años de falta de práctica política, caudillismo, clientelismo y crisis de representación, cuando no corrupción, han contribuido a complicar aún más el escenario. Sin embargo, hoy resulta claro el mandato ciudadano en el sentido de que los operadores políticos previstos por la constitución son los responsables de encontrar los medios para canalizar la conflictividad connatural del fenómeno político por senderos que conduzcan al beneficio de la sociedad en su conjunto, sin afectar el prestigio y la estabilidad de las instituciones en las que se desempeñan.

PUNTO DE VISTA
"Respetar los límites fijados"
Por: Gustavo Rubinstein
Docente de Historia Argentina - unt
Master en Historia Latinoamericana

El entramado político-institucional que sostiene el sistema republicano de gobierno tiene como finalidad básica impedir la consolidación de procesos tiránicos, y de esa finalidad surge la teoría normativa de la limitación del poder.
Fue preciso, entonces, para evitar la tendencia a la corrupción y al despotismo, encuadrar el ejercicio del poder no sólo a límites temporales, sino otorgando a magistraturas diferentes las tareas de legislar, sancionar y ejecutar. Las cámaras legislativas y el poder judicial conforman, en ese esquema, una suerte de garantía frente al deseo del gobernante de avasallar el orden establecido, fijando nuevas reglas de juego.
En el sistema republicano el poder central se materializa en las figuras de los gobernantes. Pero no todo el poder. La concentración de prerrogativas debería alcanzar el límite aquel en donde otras instituciones, que sirven de complemento o de contralor del poder central, ejercen una práctica necesaria para el normal funcionamiento del sistema democrático.
No deberían ser las personas que surgen de un orden derivado de la constitución nacional quienes ignoren o burlen sus letras esenciales. La división de poderes presenta a actores institucionales que deben cumplir claramente el rol que la Carta Magna le tiene asignado a cada uno. Cualquier vulneración a esos principios rectores supone la fragmentación del basamento sobre el que se asienta nuestro sistema de gobierno y pone en riesgo la legitimidad de los gobernantesEn estos días críticos, en el que las fronteras institucionales aparecen difusas y desdibujadas, convendría recordar aquella frase de Tocqueville quién sostenía: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y recordar no para lamentar, sino para empezar a confirmar, de una vez por todas, a quién y para qué confiamos el poder.

DIFICIL CONVIVENCIA

NACION
BAJO PERFIL.Víctor Martínez acompañó a Raúl Alfonsín durante su paso por la presidencia de la Nación (1983-1989). En esos años, un Senado con mayoría justicialista provocó constantes disputas entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento.

RELACIONES CONFLICTIVAS. Durante sus diez años en el poder, Carlos Menem (1989-1999) ejerció un liderazgo que no admitió presencias fuertes secundando su gestión. Eduardo Duhalde -su primer vicepresidente- y Carlos Ruckauf -compañero de fórmula en la reelección- terminaron enfrentados con el riojano y ambos dejaron el poder nacional en busca de la gobernación de Buenos Aires.

EL PRINCIPIO DEL FIN. La Alianza con la que Fernando de la Rúa llegó a la presidencia (1999-2001) terminó de desmoronarse con la renuncia de Carlos Alvarez el 6 de octubre de 2000. "Chacho" dejó la vicepresidencia acusando al Gobierno de ser el responsable del pago de coimas en el Senado de la Nación.

LLAMADO A SILENCIO. El vicepresidente Daniel Scioli bajó su exposición mediática desde mediados del año pasado.Entonces, el presidente Néstor Kirchner le hizo un fuerte llamado de atención por algunas declaraciones en distinta sintonía con la gestión del gobierno.

PROVINCIA
MANDATO CONSTITUCIONAL. La Constitución de 1990 introdujo en las instituciones de la provincia a la figura del vicegobernador. Este cargo pertenece al Poder Ejecutivo, a quien reemplaza en caso de ausencia o vacancia, pero es el presidente de la Legislatura. Esa condición dual fue la marcó la relación entre poderes en los últimos 14 años de vida política.

CARGO NUEVO. Julio Díaz Lozano fue el primer vicegobernador que tuvo la provincia, acompañando la gestión de Ramón Ortega (1991-1995). El cantautor y el ingeniero se distanciaron al poco tiempo de asumir, transformándose la Legislatura en el escenario de fuertes cuestionamientos a la tarea del Poder Ejecutivo.

REEMPLAZO. Raúl Topa llegó a ocupar la gobernación, como segundo en el mando durante el Gobierno de Antonio Bussi (1995-1999). La suspensión del mandatario durante el juicio político en su contra, ahondó las diferencias entre ambas figuras.

CERCA DEL EJECUTIVO. Como vicegobernador de Julio Miranda ( 1999-2003), Sisto Terán se diferenció de sus antecesores. Durante los cuatro años de mandato ocupó varias veces la titularidad del Ejecutivo ante la ausencia del gobernador y fue un firme defensor de la gestión.