El viernes sería conformado el tribunal juzgador

El presidente de la comisión de Juicio Político, Sisto Terán, consignó ayer que el documento donde se asentarán los fundamentos en los que se apoya la decisión de sustanciar la acusación contra el fiscal penal Héctor Musi serán elevados a la Legislatura la semana próxima.
El organismo parlamentario tiene un plazo de tres días hábiles para concretar ese paso, que correrá entre el lunes y el miércoles próximos. Sin embargo, Terán anunció que, junto con sus pares, dedicará el fin de semana a la redacción de ese texto. De modo que se comprometió a tratar de entregarlo el martes.
"No queremos llegar al límite de los plazos", aseveró el legislador justicialista. Una vez que los fundamentos han sido efectivamente comunicados al Poder Legislativo, la Cámara dispone de 48 horas para convocar a sus miembros. Los 28 parlamentarios, que no integran la comisión acusadora, pasan a conformar el tribunal de enjuiciamiento. Entre ellos, eligen a un presidente y a un secretario.

Los plazos
Si la fundamentación de la acusación (que los miembros de Juicio Político deberán sostener ante los legisladores-jueces) es cursada el martes, el tribunal debería reunirse, a más tardar, el viernes siguiente.
Para esa oportunidad deberá ser citado Musi, quien puede comparecer acompañado de un abogado o puede optar por enviar a un apoderado. En este acto, se correrá traslado de la acusación al suspendido fiscal, quien tiene derecho a disponer de una copia de ella y de todos los documentos que la integren. Si el funcionario o su representante no asistieran, sería declarado en rebeldía. El proceso seguiría adelante y, de entre los asesores letrados de la Legislatura, se designaría a un abogado de oficio para el enjuiciado.
Concluido este paso, el tribunal, a través de su presidente, fijará para dentro de las 48 horas siguientes una audiencia pública para la lectura de la acusación, de las excepciones que se planteen y de la defensa. Entonces, se establecerán los hechos a los que se circunscribirá la prueba que deberá formarse, cuya producción no podrá exceder los 12 días corridos.
Posteriormente, los alegatos de las partes se expondrán en audiencia pública, y los legisladores jueces los merituarán en sesión privada. Concluida la discusión, se votará por la culpabilidad o la inocencia del acusado en una sesión abierta.

Jerez y Estofán fueron absueltos en abril de 1995
Entre los antecedentes cercanos de juicios políticos contra fiscales de instrucción penal se encuentra el que se abrió contra el ahora diputado nacional Esteban Jerez, cuando era titular de la Fiscalía VI, y contra Gustavo Estofán, actualmente a cargo de la Fiscalía VII.
El proceso se sustanció durante la primera mitad de 1995. El 16 de febrero se los acusó de la presunta comisión de irregularidades en la tramitación de la causa por el asesinato del oficial Juan Salinas, del cual estaban acusados los policías Camilo Orce y Luis Gómez, y habían sido sobreseídos en la investigación.
El 11 de abril de ese año, el tribunal de la Legislatura absolvió por unanimidad a los acusados.
El año anterior, el Poder Legislativo había separado de su cargo a Joaquina Vermal (falleció el año pasado), quien se desempeñaba como fiscal en lo Penal de Instrucción de VIII Nominación. El 18 de agosto de ese año, la comisión de Juicio Político había dado curso al pedido de destitución formulado por Juan Carlos Nacul, ex defensor del ex comisario Mario Oscar Ferreyra. Vermal había investigado la fuga del "Malevo" de la Alcaldía de Tribunales y, en un momento, había imputado a su abogado de haber sido partícipe del hecho.
El 8 de octubre, el tribunal decidió, por mayoría, deponerla definitivamente de sus funciones. Pero al año siguiente, el 8 de setiembre de 1995, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró nula la destitución y restituyó en el cargo a la extinta magistrada.