El Estado tiene que definir cuáles son sus prioridades

La discusión del gobierno de Néstor Kirchner a raíz de su deuda externa está enmarcada en una crisis profunda que, desde hace ya algunos años, atraviesa el funcionamiento de los mercados financieros.
Se trata de una crisis que comprende al conjunto de las finanzas mundiales; se manifiesta en distintos campos, tales como la auditoría y la confiabilidad de las cuentas de las grandes empresa privadas del mundo, el financiamiento de los partidos políticos por parte del sector privado en virtualmente todas los países democráticos, y la suerte de los ahorristas. Lo que aparece como telón de fondo de esta crisis es una visión puramente utilitarista de las relaciones económicas. Esto lleva a muchas empresas a abandonar su objetivo de producir bienes y servicios que respondan a las necesidades de la gente, para transformarse en instituciones financieras esencialmente especuladoras.
En este marco de desmesura financiera internacional, el dinero proviene más de la especulación que de la producción e intercambio de bienes, mientras se predica que todos los derechos de la gente deben sacrificarse en la búsqueda sin límites de las ganancias privadas.
Se trata de una verdadera perversión de la economía que sirve de contexto global. En él creció la deuda pública externa de la Argentina, y la discusión actual tiene necesariamente que ubicarse en este contexto.

Responsabilidad compartida
Está claro que en este juego perverso intervinieron, de manera activa y provechosa, no sólo bancos y ahorristas extranjeros, sino también muchos argentinos pertenecientes al sector público y privado. Ninguno de estos participantes nacionales y extranjeros, que involucran al Estado, empresarios, ahorristas y opinión pública, puede mirar sólo la responsabilidad de los otros cuando se analiza la situación actual de default del Estado argentino.
Por su parte, la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue subrayada hasta el cansancio. Esto marca la imperiosa necesidad que tiene la economía mundial de emprender reformas profundas en las instituciones que la situación actual de globalización financiera impone.
Con todo esto en juego, el punto de partida de cualquier análisis de la deuda pública argentina no puede ser sino la aceptación de la enorme complejidad del problema. No se puede ceder a la tentación de ninguno de los simplismos que algunos predican, como el que reza que el pago de la deuda externa es una prioridad absoluta si la economía argentina pretende consolidar el crecimiento actual. Tampoco tiene razón la tesis opuesta, que pone al rechazo de todo pago como una condición necesaria para sostener aquel crecimiento.
Sin desconocer la importancia que puede tener el estudio de las relaciones que existen entre el crecimiento económico y la deuda pública, lo que hoy está primordialmente en juego es la definición de las prioridades básicas de las finanzas públicas argentinas (esto debe saberlo el ministro de Economía, Roberto Lavagna). Y lo que la economía enseña es que estas prioridades, en este caso, no pueden ser otras que garantizar la salud, la educación y la vida digna de cada uno de los argentinos, en particular de los más pobres.