"Nadie querrá perder terreno"

Está convencido de que la discusión sobre el nuevo régimen de reparto de la coparticipación federal entre la Nación y las provincias será más política que técnica. Según señala, el objetivo de la gestión del gobernador José Alperovich es conservar el porcentaje actual que se le asigna en el reparto de la recaudación de impuestos nacionales. A días de iniciarse el debate de la nueva ley, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, dio su visión respecto de cuál será el escenario para este 2004 y las prioridades que fijará Tucumán para sentarse a discutir el postergado régimen previsto en la Constitución Nacional.

¿Cómo avizora el panorama para debatir con la Nación este tema?
- Será una dura lucha que se dará en el reparto primario de los recursos, donde se apuntará fundamentalmente a los fondos que se le otorgan a Buenos Aires (Fondo del Conurbano), en desmedro de las provincias consideradas chicas.

¿El Gobierno recibió el proyecto oficial?
-Aún no. En estos momentos, el Gobierno nacional maneja el tema bajo un secreto de Estado impresionante. Tanto los ministros de Economía del NOA como los del NEA queremos romper ese hermetismo y adelantar algunas estrategias conjuntas para que la iniciativa no nos sorprenda. Entre el 21 y el 22 de este mes organizaremos un debate interregional en Tucumán (se haría en Tafí del Valle o en el Siambón) para formular ideas que no nos perjudiquen a las provincias que integran esas regiones. A su vez se buscará que exista proporcionalidad en el reparto del dinero respecto de otras zonas del país.

La Constitución es clara en ese aspecto; el nuevo reparto debe propiciar el desarrollo de todas las regiones y mejorar la calidad de vida de sus habitantes...
-Creo que enfrentaremos un problema de interpretación más política que técnica. Hay que dilucidar con cuánto se quedará la Nación y cuánto será el dinero que se repartirá entre las provincias a partir del año próximo que, según las estimaciones oficiales, entrará en vigencia la nueva ley.

¿Cree que con el actual régimen, hay dos países en la Argentina?
-Es así y está conformado por un arco imaginario que va desde La Rioja hacia el litoral y comprende a todo el norte del país. Pero también hay otro arco, hacia el sur, donde están las provincias consideradas ricas. No hay dudas que los graves problemas de desigualdad los afrontan los distritos del noroeste y del noreste argentino. Coincido con quienes vislumbran que habrá provincias ganadoras en esta discusión que se avecina. Pero por eso digo que la lucha será dura, porque el resto de los distritos no querrán ceder terreno.

¿Cuál será el rol de Tucumán frente al nuevo esquema de reparto?
-Vamos a defender activamente la postura de no perder ni un centavo de lo que actualmente recibimos (un 4,95% del total de recursos que se distribuyen de la recaudación fiscal nacional). Pero no nos quedaremos sólo con esa idea. El gobernador buscará que el presidente Néstor Kirchner le garantice la puesta en marcha de un régimen de promoción industrial, para la radicación de nuevas empresas y la consecuente generación de fuentes de trabajo. De este modo se disminuirán los índices de desocupación en Tucumán y en otros distritos castigados por ese flagelo social. Ese planteo será paralelo a los proyectos de promoción que presentaron algunos diputados en el Congreso Nacional.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo que se garantizarán los valores nominales de la coparticipación primaria y los valores relativos de la coparticipación secundaria para las provincias...
-Para que ese objetivo se cumpla mucho tendrá que ver el crecimiento de la economía del país. Si crece, consideramos bueno que se respete el valor nominal de la distribución de los fondos, pero la incógnita radica sobre lo que sucederá en caso de que caiga la recaudación de impuestos nacionales. Será duro para cualquier gobernador llegar a su provincia y decir que convino una reducción de recursos. Creo que nadie quiere llegar a esa instancia.

El Gobierno, por sugerencia del FMI, reclamará responsabilidad fiscal a las provincias...
-Esa pauta se está dando mediante el Plan de Financiamiento Ordenado. Por esa razón, Tucumán continúa haciendo los deberes fiscales y estableció como meta, para este año, que exista un superávit total de $ 70 millones. La creación de un fondo anticíclico o de reserva para el pago de la deuda, es un indicador a tener en cuenta. Eso habla de cierta previsión que adopta la actual administración de gobierno para honrar todas sus deudas.

Sólo seis distritos ganarían con el nuevo reparto
Sobre la base de los viejos proyectos elaborados por el Gobierno nacional, el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), que depende de la Fundación Mediterránea, considera que habrá ganadores y perdedores en el nuevo régimen de reparto de la coparticipación federal.
En un informe elaborado por su titular, Nadín Argañaraz, el IERAL considera que sólo seis provincias se beneficiarían con la nueva ley, incrementando su su participación en la distribución secundaria de los fondos coparticipables de un 24,5% actual al 42%, siendo Buenos Aires la jurisdicción con mayor participación. En ese lote de distritos ganadores también se ubican Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
"Las 18 provincias restantes -entre ellas Tucumán- verían reducidas su participación, en muchos casos en niveles superiores al 50%", sostiene el diagnóstico.
Argañaraz considera como punto de partida de su estudio un documento del Ministerio de Economía de la Nación respecto de la reforma de las relaciones fiscales intergubernamentales. en ese sentido, afirma que se aplicará un criterio devolutivo con participación de acuerdo conla generación de ingresos tributarios por parte de cada distrito, con un sistema de premios a la performance recaudatoria. Sobre el aspecto redistributivo, dice que se basa en la necesidad de nivelar la atención de los servicios esenciales en las provincias a partir de un índice de Desarrollo Humano.
Finalmente, según Argañaraz, se prevé la creación de un fondo anticíclico que obligue a las provincias y a la Nación transferir recursos de los años "buenos" a los años "malos".

Los gobernadores están frente a una oportunidad histórica
Según el constitucionalista tucumano Benito Carlos Garzón, ha llevado la hora de la verdad para las provincias respecto de la discusión del nuevo régimen de distribución de los recursos coparticipables. El ex fiscal de Estado afirma que, históricamente, el Gobierno Nacional se apropió de los impuestos que la Constitución originaria de 1853 había adjudicado a las provincias.
"Con la reforma de 1994, la coparticipación tiene rango constitucional. Desde hace ocho años que se debió dictar la ley correspondiente y ahora se anuncia que durante este año se debatirá y sancionará el nuevo sistema", indica.
Garzón considera que el centro de la cuestión radica en la conveniencia de dos criterios distintos para la distribución impositiva en la misma norma del artículo 72, inciso 2, de la Carta Magna Nacional. En este aspecto, el catedrático sostiene que el primer criterio, al que denomina objetivo, se distribuirá según la competencia, servicios y funciones de cada provincia. "Es el actual método utilizado en la Ley 23.548, según el número de habitantes, automóviles, casas, PBI, etcétera. Este criterio objetivo significa dar más al que más tiene, es decir, a mayor riqueza, mayor coparticipación", manifiesta.
Respecto del segundo criterio de reparto, Garzón indica que la coparticipación dará prioridad a un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. "Este criterio privilegia el desarrollo integral del país y la cruda realidad de un centro rico y una periferia pobre que no fue ajeno al sentir de los constituyentes, según fluye de sus debates", agrega.
El constitucionalista entiende que es posible superar esas dualidades y que esta es la oportunidad fundamental para los gobernadores y senadores para la sanción de un régimen justo.Garzón puntualiza que en los proyectos presentados en el Senado se estatuye un sistema mediante el cual se extrae de toda la masa coparticipable un porcentaje para promover el desarrollo del interior del país. "Este porcentaje se destinará exclusivamente a obras de infraestructura de que hoy carece el interior y sin las cuales no puede generarse ningún crecimiento productivo sustentable", alerta.
"La clase política tiene la oportunidad histórica de iniciar una nueva etapa de crecimiento integrado de todo el territorio nacional", concluye.