06 Febrero 2004 Seguir en 
La Justicia se expediría la semana próxima sobre la constitucionalidad o no del decreto 545/3 del Poder Ejecutivo, que fija la suba del 57% en el impuesto Inmobiliario a partir de enero pasado. La acción de amparo que presentó ayer el defensor del pueblo, Luis Acosta, contra el Gobierno, cayó en manos de los jueces Enrique Guibert y Ebe López Piossek, de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Los magistrados tienen un plazo de diez días hábiles para resolver la denuncia.
El ombudsman demandó en forma personal al Estado y expuso como pruebas sus propias boletas del Inmobiliario. En ese sentido, aseguró que se vio afectado por el incremento como cualquier otro contribuyente. En el detalle de su situación, dijo que soportó la suba del 57% al pasar de pagar la primera cuota de $ 98,30 a $ 153,98.
"Estoy generando jurisprudencia con mi caso particular. Lo hice a nombre propio para no poner en riesgo a ningún contribuyente", explicó a LA GACETA.
Patrocinado por el abogado de la Defensoría, Alejandro Bellomio, Acosta argumentó que el decreto en cuestión es inconstitucional, ya que viola disposiciones del Código Civil, de las leyes de Convertibilidad y de Emergencia Económica. "No le decimos al PE que no puede subir, sino que no lo puede hacer a través de mecanismos de indexación que están derogados y prohibidos", sostuvo en el escrito que presentó ante la Justicia. También criticó al Gobierno que salió a justificar el reajuste impositivo desmintiendo que se haya actualizado el tributo ya que la alícuota no fue modificada. "Tratan de maquillar lo ilegal", acotó.
Acosta insistió en que la resolución del PE viola "en forma tajante la fijación de la política monetaria, cambiaria y financiera de la Nación".
Efectos del planteo
Si la Justicia se expide a favor del planteo de Acosta, este tendrá efectos anulatorios sobre la suba tributaria, pero en su caso particular. Así, la demanda servirá sólo como antecedente y base para los contribuyentes que, por su lado, inicien causas contra el Estado. El ombudsman dejó sentado en el expediente que si no se hace lugar a su presentación, recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de agotar todas las vías procesales de la Justicia local.
Asimismo, entre los antecedentes, citó un fallo del máximo tribunal de 1998, a través del cual se declaró inconstitucional un decreto de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires que ordenaba subir impuestos a través de índices de actualización.
El ombudsman demandó en forma personal al Estado y expuso como pruebas sus propias boletas del Inmobiliario. En ese sentido, aseguró que se vio afectado por el incremento como cualquier otro contribuyente. En el detalle de su situación, dijo que soportó la suba del 57% al pasar de pagar la primera cuota de $ 98,30 a $ 153,98.
"Estoy generando jurisprudencia con mi caso particular. Lo hice a nombre propio para no poner en riesgo a ningún contribuyente", explicó a LA GACETA.
Patrocinado por el abogado de la Defensoría, Alejandro Bellomio, Acosta argumentó que el decreto en cuestión es inconstitucional, ya que viola disposiciones del Código Civil, de las leyes de Convertibilidad y de Emergencia Económica. "No le decimos al PE que no puede subir, sino que no lo puede hacer a través de mecanismos de indexación que están derogados y prohibidos", sostuvo en el escrito que presentó ante la Justicia. También criticó al Gobierno que salió a justificar el reajuste impositivo desmintiendo que se haya actualizado el tributo ya que la alícuota no fue modificada. "Tratan de maquillar lo ilegal", acotó.
Acosta insistió en que la resolución del PE viola "en forma tajante la fijación de la política monetaria, cambiaria y financiera de la Nación".
Efectos del planteo
Si la Justicia se expide a favor del planteo de Acosta, este tendrá efectos anulatorios sobre la suba tributaria, pero en su caso particular. Así, la demanda servirá sólo como antecedente y base para los contribuyentes que, por su lado, inicien causas contra el Estado. El ombudsman dejó sentado en el expediente que si no se hace lugar a su presentación, recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de agotar todas las vías procesales de la Justicia local.
Asimismo, entre los antecedentes, citó un fallo del máximo tribunal de 1998, a través del cual se declaró inconstitucional un decreto de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires que ordenaba subir impuestos a través de índices de actualización.
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