Podrán ser candidatos dos imputados por incidentes en los comicios de agosto

Podrán ser candidatos dos imputados por incidentes en los comicios de agosto

Dos postulantes oficialistas obtuvieron cautelares para participar en la elección complementaria del 8 de noviembre.

SARGENTO MOYA. La Policía lleva a detenidos por incidentes en la elección. la gaceta / foto de osvaldo ripoll  (archivo) SARGENTO MOYA. La Policía lleva a detenidos por incidentes en la elección. la gaceta / foto de osvaldo ripoll (archivo)
16 Octubre 2015
La Junta Electoral Provincial (JEP) reiteró ayer que los candidatos implicados judicialmente en los desmanes cometidos el 23 de agosto en tres comunas rurales no podrán competir en la elección complementaria del 8 de noviembre. Sin embargo, dos postulantes del oficialismo obtuvieron anoche el dictado de una medida cautelar que los habilita para presentarse.

El pasado martes 6, el ente de control comicial había resuelto dar de baja, en Los Ralos, a José Kobak (Frente de Izquierda), Hernán Ariel Marinucci (Partido de los Trabajadores) y Walter Ezequiel Paz (Crecer para la Victoria); en San Ignacio, a José Carmelo Armenta (Frente para la Victoria) y Pedro Ignacio Moreno (suplente del FpV); y en Sargento Moya, a Hugo Adolfo Alarcón (Acuerdo para el Bicentenario). También había notificado a esas fuerzas políticas para que reemplacen a estos candidatos, si pretenden participar de los comicios complementarios. Por el caso de San Pablo, donde quemaron 27 urnas, no hay imputados.

Rechazo y habilitación

Durante la mañana de ayer, la JEP rechazó los recursos que habían presentado los ex postulantes a comisionado rural Alarcón (del canismo), y Amenta y Moreno (del alperovichismo, en San Ignacio).

Los tres pretendían que la Junta revocara las resoluciones mediante las que les prohibió volver a presentarse como candidatos en las complementarias convocadas en sus localidades, donde se anularon urnas por los incidentes.

Por la tarde, Amenta y Moreno obtuvieron en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo el dictado de una medida cautelar que suspende la ejecución de la resolución de la JEP.

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