Por Redacción Política
05 Febrero 2004
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El fiscal general de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, confirmó ayer al Gobierno que aceptó dar curso a la denuncia realizada por el secretario de Derechos Humanos, Bernardo Lobo Bugeau, contra el ex gobernador Antonio Bussi.
La presentación fue girada a la fiscalía de Santiago del Estero, que ahora deberá investigar la responsabilidad del ex mandatario en el asesinato del ex concejal santiagueño Abdala Auatt, ocurrido durante la represión militar en 1975.
La causa se inició tras una declaración periodística de Antonio Musa Azar. En ella, el ex jefe de Policía santiagueño responsabilizó a los jefes militares de haber ordenado el secuestro que terminó en la muerte del edil. Musa Azar vinculó al mayor Luis D?Amico, ex jefe del Batallón 141, quien dependía en forma directa de la V Brigada de Comunicaciones con sede en Tucumán. La denuncia del Gobierno sostiene que esa relación vincula a Bussi con el crimen.
Ayer, Lobo Bugeau reconoció que además de esta denuncia penal, el Poder Ejecutivo impulsa cuatro investigaciones más que vinculan al ex mandatario en la desaparición de personas ocurridas entre 1976 y 1983.
El funcionario evitó polemizar con el defensor de Bussi, Pablo Calvetti - quien lo acusó de "justificar su sueldo leyendo los diarios santiagueños"-, pero sí le pidió al letrado que se "entere de que en la Argentina hubo un genocidio".
Dictamen favorable
El fiscal de la Cámara Penal, Daniel Marranzino, emitió ayer dictamen favorable para el pedido de recusación presentado por Bussi y por los ex ministros Ramón Arnedo, Alberto Germanó y Franco Fogliata contra la Sala que había sido designada para juzgarlos por malversación de caudales públicos entre 1995 y 1999. La resolución habilitó la instancia de la Sala V de la Cámara que, en los próximos días, deberá resolver sobre el planteo de los ex funcionarios. De esa decisión depende qué jueces participarán y cuándo comenzará el juicio oral.
La presentación fue girada a la fiscalía de Santiago del Estero, que ahora deberá investigar la responsabilidad del ex mandatario en el asesinato del ex concejal santiagueño Abdala Auatt, ocurrido durante la represión militar en 1975.
La causa se inició tras una declaración periodística de Antonio Musa Azar. En ella, el ex jefe de Policía santiagueño responsabilizó a los jefes militares de haber ordenado el secuestro que terminó en la muerte del edil. Musa Azar vinculó al mayor Luis D?Amico, ex jefe del Batallón 141, quien dependía en forma directa de la V Brigada de Comunicaciones con sede en Tucumán. La denuncia del Gobierno sostiene que esa relación vincula a Bussi con el crimen.
Ayer, Lobo Bugeau reconoció que además de esta denuncia penal, el Poder Ejecutivo impulsa cuatro investigaciones más que vinculan al ex mandatario en la desaparición de personas ocurridas entre 1976 y 1983.
El funcionario evitó polemizar con el defensor de Bussi, Pablo Calvetti - quien lo acusó de "justificar su sueldo leyendo los diarios santiagueños"-, pero sí le pidió al letrado que se "entere de que en la Argentina hubo un genocidio".
Dictamen favorable
El fiscal de la Cámara Penal, Daniel Marranzino, emitió ayer dictamen favorable para el pedido de recusación presentado por Bussi y por los ex ministros Ramón Arnedo, Alberto Germanó y Franco Fogliata contra la Sala que había sido designada para juzgarlos por malversación de caudales públicos entre 1995 y 1999. La resolución habilitó la instancia de la Sala V de la Cámara que, en los próximos días, deberá resolver sobre el planteo de los ex funcionarios. De esa decisión depende qué jueces participarán y cuándo comenzará el juicio oral.
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