Los primeros traslados se darían en Salud

El Gobierno sigue considerando que el traslado de personal de una repartición pública a otra no vulnerará los derechos constitucionales de los empleados afectados por la medida, ni la estabilidad laboral, ni el nivel que posean en el escalafón estatal. Así lo indica un informe interno, al que tuvo acceso LA GACETA, elaborado por asesores jurídicos del gobernador José Alperovich.
El diagnóstico sostiene, además, que para el traslado de agentes se tendrá en cuenta el principio de razonabilidad y que se efectuará siempre por razones de servicio que lo hagan necesario.
Con este informe, los abogados del Ejecutivo intentan reimpulsar el proyecto oficial tras el veto a la norma sancionada el mes pasado por la Legislatura (establecía que el traslado debía efectuarse con el consentimiento obligatorio del agente). Aunque aún no hay fecha de inicio de los traslados de personal, en la sede del Poder Ejecutivo estiman que la movilidad arrancaría con la reubicación de profesionales en el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), según estiman algunos funcionarios.
El gobernador José Alperovich tiene las manos libres para realizar el traslado de personal con la aplicación de los sistemas establecidos en el Estatuto del Empleado Público; es decir, mediante la comisión de servicios y las adscripciones que van de seis meses a un año, con posibilidad de prorrogar ese plazo.
"No serán pases masivos", afirman en el entorno del gobernador, quien efectúa un relevamiento personal en los sistemas de atención primaria de la salud y en los hospitales para detectar la falta de insumos y de recursos humanos.

Organismos autárquicos
El informe oficial sostiene que, en el caso del personal del Siprosa (un organismo autárquico y con autonomía funcional), los agentes cuentan con un estatuto propio (carrera sanitaria) que contempla el traslado de empleados o permuta, si las autoridades efectúan reestructuraciones de áreas. No obstante, contempla que el agente trasladado conserve igual nivel y especialidad.
También se analizó la legalidad de aplicar la movilidad en la Policía provincial. En este aspecto, el cuerpo de letrados considera que se puede cambiar el destino del agente a una dependencia de otra localidad, sin que se trate de un nombramiento. Advierten, además, que no se necesita el consentimiento del agente.
Como ejemplo, los abogados del Ejecutivo también consideran aplicable esta circunstancia para otras dependencias descentralizadas, como los entes reguladores y hasta la Caja Popular. Este organismo tiene "amplias facultades para disponer traslados y rotaciones de personal en razones de servicio", según lo establece el estatuto de la entidad.
Los funcionarios consideran, además, que el gobernador se tomará un tiempo para definir el reacomodamiento de los recursos humanos con que cuenta el Estado provincial.
Fundamentalmente, esperan nuevos informes de cada uno de los Ministerios para fijar las prioridades en la incorporación de personal. También se espera el resultado del programa de retiros voluntarios instrumentado recientemente.

Unifican las estadísticas
Los responsables de la Secretaría de Planeamiento anunciarán hoy la conformación del Consejo Oficial de Estadísticas Oficiales (COEP) que se encargará de unificar los datos socioeconómicos de la provincia, tanto públicos como privados. Ese organismo, conformado por funcionarios del Poder Ejecutivo, se reunirá tres veces por año. Podrá invitar a representantes de los municipios, de las empresas públicas y privadas y de organizaciones no gubernamentales para la elaboración del Sistema Estadístico Provincial que servirá como base para la elaboración de políticas.