Alperovich vetó la ley de movilidad de agentes

El Poder Ejecutivo trasladará agentes de una repartición a otra, de acuerdo con lo contemplado en el Estatuto del Empleado Público, es decir, mediante los regímenes de comisión de servicios y/o adscripciones.
Así quedó definido ayer, luego de que el gobernador José Alperovich interpuso el veto a la ley de movilidad estatal sancionada el 21 de enero pasado por la Legislatura. Esa norma establecía, entre otros puntos, que el traslado debía realizarse con el consentimiento obligatorio del trabajador afectado. Esta norma reemplazaba un decreto de necesidad y urgencia enviado en diciembre pasado por Alperovich, en el que no estaba contemplado el acuerdo del agente para la movilidad. Anoche, el Poder Ejecutivo se disponía a comunicar la decisión a la Legislatura con la remisión del decreto 223/1 que contiene el veto. Según expresaron algunos legisladores oficialistas, luego de la devolución de la ley sancionada, no habría insistencia.
"Es un punto intermedio de acuerdo entre los dos poderes. Se trata de una salida elegante para acercar posiciones y para evitar protestas sindicales", reconoció anoche ante LA GACETA una encumbrada fuente del Poder Legislativo.
Por la mañana, tras reunirse con el vicegobernador Fernando Juri, el propio Alperovich anunció el veto a la movilidad de los agentes.

La voz oficial
La decisión se tomó tras varias jornadas de idas y vueltas en las que se especulaba con que el gobernador dictaría otro decreto de necesidad y urgencia a través del cual se disponía el traslado de empleados públicos. Durante las charlas con el titular de la Cámara, se había analizado la posibilidad de requerir el acompañamiento parlamentario a este nuevo decreto, pero desligando al Ejecutivo de la obligación de requerir el consentimiento del trabajador para la movilidad.
Con la aplicación del Estatuto del Empleado Público, el PE retoma su poder para disponer el traslado, desde seis meses hasta un año, plazos que podrán prorrogarse mediante los sistemas de comisión de servicios y de adscripciones.
"En cualquiera de esos casos, no se requiere la anuencia del empleado para la movilidad", dijo un vocero del Poder Ejecutivo, quien trató de restarle dramatismo a la decisión oficial.
La misma fuente oficial manifestó que ese proceso de movilidad se efectúa con la sola idea de reasignar funciones a los recursos humanos del Estado y reforzar áreas sensibles como ser salud, educación y seguridad. "En todos los casos, se respeta el status salarial del agente involucrado", señalan en el PE.