Por Redacción Política
02 Febrero 2004
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Los legisladores siguen con atención el incremento de la recaudación impositiva y parecen dispuestos a participar en la definición del destino que el Gobierno daría a los fondos extras que reciba por ese concepto.
A causa de estos números, el legislador Enrique Orellana presentó un proyecto de ley en el que solicitó que se afecte el 10% de los ingresos de la Dirección de Rentas para promover el desarrollo de proyectos productivos para la pequeña empresa.
El ex intendente de Famaillá fundamentó la iniciativa en el aumento radical de la recaudación impositiva y en la necesidad de provocar una distribución virtuosa de los recursos públicos. Según el parlamentario, de esta forma se logrará bajar la desocupación y ampliar la base de contribuyentes.
El proyecto propone que los fondos afectados sean utilizados para financiar una línea de créditos blandos. Además, prevé que la operatoria se canalice a través de la Caja Popular de Ahorros. Sin embargo, el Poder Ejecutivo sería el responsable de definir el monto de los créditos y el período de carencia. También, el monto de los intereses, pero con el límite de no poder superar el 50% de la tasa establecida por el Banco Nación.
"Anticonstitucional"
"Es absolutamente anticonstitucional el incremento de las alícuotas a los impuestos Inmobiliario y Automotor. Los salarios no sufrieron incremento, por lo que la capacidad del contribuyente sigue estancada y no puede afrontar estas pretensiones del PE", dijo el dirigente justicialista Oscar López.Añadió que todas las presentaciones judiciales serán exitosas, siempre y cuando las salas de la cámara administrativa, que suelen actuar con independencia, resistan la evidente acción que hará el PE, "que tiene una actitud de influencia sobre la Justicia".
López destacó la actuación del defensor del pueblo, Luis Acosta. Asimismo, indicó que coincide con él en la lectura respecto de que el aumento del impuesto contraviene a la ley de Emergencia Económica, pues esta prohíbe incrementos tributarios.
A causa de estos números, el legislador Enrique Orellana presentó un proyecto de ley en el que solicitó que se afecte el 10% de los ingresos de la Dirección de Rentas para promover el desarrollo de proyectos productivos para la pequeña empresa.
El ex intendente de Famaillá fundamentó la iniciativa en el aumento radical de la recaudación impositiva y en la necesidad de provocar una distribución virtuosa de los recursos públicos. Según el parlamentario, de esta forma se logrará bajar la desocupación y ampliar la base de contribuyentes.
El proyecto propone que los fondos afectados sean utilizados para financiar una línea de créditos blandos. Además, prevé que la operatoria se canalice a través de la Caja Popular de Ahorros. Sin embargo, el Poder Ejecutivo sería el responsable de definir el monto de los créditos y el período de carencia. También, el monto de los intereses, pero con el límite de no poder superar el 50% de la tasa establecida por el Banco Nación.
"Anticonstitucional"
"Es absolutamente anticonstitucional el incremento de las alícuotas a los impuestos Inmobiliario y Automotor. Los salarios no sufrieron incremento, por lo que la capacidad del contribuyente sigue estancada y no puede afrontar estas pretensiones del PE", dijo el dirigente justicialista Oscar López.Añadió que todas las presentaciones judiciales serán exitosas, siempre y cuando las salas de la cámara administrativa, que suelen actuar con independencia, resistan la evidente acción que hará el PE, "que tiene una actitud de influencia sobre la Justicia".
López destacó la actuación del defensor del pueblo, Luis Acosta. Asimismo, indicó que coincide con él en la lectura respecto de que el aumento del impuesto contraviene a la ley de Emergencia Económica, pues esta prohíbe incrementos tributarios.
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