Por Redacción Política
02 Febrero 2004
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"La inseguridad jurídica y la elevada presión impositiva son temas a los que debe prestarse mucha atención, pues condicionan a la economía de mercado", manifestó el abogado constitucionalista Luis Iriarte.
El letrado dijo que la seguridad jurídica está seriamente lesionada por aspectos como la modificación de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia -que establece que si la Legislatura no los trata en en plazo de 20 días quedan firmes- y la inexistente regulación legal de la casación judicial. "Estos dos aspectos son condicionantes de la economía. El mercado y la sociedad requieren claras reglas de juego en lo institucional, ajustadas a la Constitución, y un Poder Judicial cuya cabeza, que es la Corte Suprema, produzca un derecho judicial confiable en la interpretación de las normas locales, para poner fin a las contiendas entre particulares con el Estado. Cuando se cambian las reglas de juego, los costos de las transacciones resultan muy elevados", señaló.
Iriarte dijo que estos aspectos condicionan a la economía de mercado porque los precios de los bienes y servicios que los productores ofrecen reflejan los vientos de este tembladeral jurídico, junto a la eventualidad de recurrir a una Justicia poco previsible.
"A todo lo mencionado se suman los recientes incrementos de los impuestos Inmobiliario y Automotor, que producirán una restricción en el consumo y desalentarán la instalación de nuevas empresas en relación con nuestro deprimido mercado interno, agravando los cuadros de subalimentación que padece gran parte de nuestra población infantil. Así las cosas, el panorama se oscurece todavía más", agregó.
"El Gobernador y la Legislatura tienen las herramientas para corregir errores y producir las regulaciones que todo estado de derecho requiere como esenciales para el funcionamiento eficiente de una economía de mercado", dijo el ex legislador y agregó que, pese a la eliminación de los Bocade, los sobreprecios en los productos persisten sin aparente sustento.
El letrado dijo que la seguridad jurídica está seriamente lesionada por aspectos como la modificación de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia -que establece que si la Legislatura no los trata en en plazo de 20 días quedan firmes- y la inexistente regulación legal de la casación judicial. "Estos dos aspectos son condicionantes de la economía. El mercado y la sociedad requieren claras reglas de juego en lo institucional, ajustadas a la Constitución, y un Poder Judicial cuya cabeza, que es la Corte Suprema, produzca un derecho judicial confiable en la interpretación de las normas locales, para poner fin a las contiendas entre particulares con el Estado. Cuando se cambian las reglas de juego, los costos de las transacciones resultan muy elevados", señaló.
Iriarte dijo que estos aspectos condicionan a la economía de mercado porque los precios de los bienes y servicios que los productores ofrecen reflejan los vientos de este tembladeral jurídico, junto a la eventualidad de recurrir a una Justicia poco previsible.
"A todo lo mencionado se suman los recientes incrementos de los impuestos Inmobiliario y Automotor, que producirán una restricción en el consumo y desalentarán la instalación de nuevas empresas en relación con nuestro deprimido mercado interno, agravando los cuadros de subalimentación que padece gran parte de nuestra población infantil. Así las cosas, el panorama se oscurece todavía más", agregó.
"El Gobernador y la Legislatura tienen las herramientas para corregir errores y producir las regulaciones que todo estado de derecho requiere como esenciales para el funcionamiento eficiente de una economía de mercado", dijo el ex legislador y agregó que, pese a la eliminación de los Bocade, los sobreprecios en los productos persisten sin aparente sustento.
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