El pago de los impuestos provinciales con el incremento establecido por el Poder Ejecutivo debe realizarse "bajo protesta", y los contribuyentes que no se encuentren en condiciones de abonar, pueden accionar ante la Justicia para reclamar la inconstitucionalidad del decreto firmado por el gobernador José Alperovich.
La posición es sostenida por la constitucionalista Carmen Fontán, quien aclaró el alcance del llamado público realizado por el defensor del pueblo, Luis Acosta. Este instó a pagar los tributos a pesar de la suba para posteriormente llevar el reclamo a los Tribunales.
Según Fontán, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció en varias oportunidades que el sometimiento voluntario a un régimen jurídico impide su posterior y eficaz impugnación. Por ello, estima la letrada, el que pueda pagar, debe hacerlo pero "bajo protesta", para poder reclamar el posterior reintegro.
Acciones judiciales
La situación de los contribuyentes que no pueden afrontar el incremento también fue contemplada por la docente universitaria. "La Constitución tucumana establece que la Provincia debe procurar que las personas tengan facilitado el acceso a la Justicia, sin que ninguna norma de carácter fiscal pueda crear impedimento alguno", afirmó.
El fondo del planteo apunta a cuestionar la validez del decreto que dispuso una suba del 57% para el impuesto Inmobiliario y de un promedio que oscila entre el 4 % y el 25 % para el impuesto Automotor. Según Fontán, será la Justicia la que deberá terminar con la incertidumbre que generó el decreto y habilitar el pago de los impuestos con el mismo valor que en diciembre de 2003.
La posición es sostenida por la constitucionalista Carmen Fontán, quien aclaró el alcance del llamado público realizado por el defensor del pueblo, Luis Acosta. Este instó a pagar los tributos a pesar de la suba para posteriormente llevar el reclamo a los Tribunales.
Según Fontán, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció en varias oportunidades que el sometimiento voluntario a un régimen jurídico impide su posterior y eficaz impugnación. Por ello, estima la letrada, el que pueda pagar, debe hacerlo pero "bajo protesta", para poder reclamar el posterior reintegro.
Acciones judiciales
La situación de los contribuyentes que no pueden afrontar el incremento también fue contemplada por la docente universitaria. "La Constitución tucumana establece que la Provincia debe procurar que las personas tengan facilitado el acceso a la Justicia, sin que ninguna norma de carácter fiscal pueda crear impedimento alguno", afirmó.
El fondo del planteo apunta a cuestionar la validez del decreto que dispuso una suba del 57% para el impuesto Inmobiliario y de un promedio que oscila entre el 4 % y el 25 % para el impuesto Automotor. Según Fontán, será la Justicia la que deberá terminar con la incertidumbre que generó el decreto y habilitar el pago de los impuestos con el mismo valor que en diciembre de 2003.







