Se complicaría la situación de Musi en el juicio político por una auditoría de la Corte

La comisión de Juicio Político de la Legislatura ya tiene en su poder una copia de la auditoría que la Corte Suprema de Justicia de la provincia practicó en la Fiscalía IV. El informe es considerado como una pieza clave en el marco de las actuaciones que se siguen contra el fiscal Héctor Musi, tal como lo señaló en diciembre pasado a LA GACETA el secretario de ese organismo, el republicano Carlos Canevaro.
Del documento, al que accedió este diario, a los parlamentarios les interesan dos ejes. Por un lado, el que investiga el supuesto uso particular de vehículos que debían estar al servicio de las fuerzas de seguridad, por parte de Musi y del cesanteado prosecretario Hugo Tarifa. En segunda instancia, las presuntas irregularidades en la entrega de vehículos robados y luego recuperados.

Normativa
El fiscal de Cámara Manuel López Rougés sostiene que el uso que Musi habría dado a un Rover 200 y el que Tarifa habría hecho de un Fiat Duna (en principio, ambos estaban destinados a tareas policiales), presuntamente, violaba el artículo 213 del Código Procesal Penal de la provincia, así como también la acordada 416/88, de la Corte.El digesto sostiene que los autos recuperados deben ser entregados a sus propietarios, salvo que, desde su secuestro, hayan transcurrido seis meses sin que fuera reclamado. En ese caso, podrán ser solicitados en depósito únicamente por el Poder Ejecutivo, para ser "afectados exclusivamente al cumplimiento de la función de seguridad que compete a la Policía". La acordada de 1988 prohíbe a los funcionarios del Poder Judicial aceptar u otorgar al personal de la Justicia, o a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, "carácter de depositario o cualquier otro con facultamiento de disponer de bienes de cualquier naturaleza".
Tanto Musi como Tarifa admiten que ocuparon sendos vehículos, pero justifican que lo hicieron para cumplir con mayor efectividad sus tareas como funcionarios del Poder Judicial, en razón de que, por ejemplo, los coches destinados a la fiscalía no siempre estaban disponibles.
En contraste, en la auditoría consta, también, la consulta efectuada a los otros fiscales de instrucción. Ellos declararon que nunca usaron vehículos confiados a la Policía y que, cuando debieron apelar a esos coches, siempre los requirieron a la Corte y los ocuparon haciendo que un policía los condujera.

"Falta de celo"
"En la Fiscalía existe un gran desorden", afirma la fiscal de Cámara Juana Elena Prieto de Sólimo, según consta en la auditoría. La funcionaria no sólo se refiere a la apariencia física de la oficina. Destaca, por ejemplo, el informe de la Dirección de Informática, según el cual habría 1.800 causas sin ingresar en el sistema computarizado judicial.
En el informe de la inspección se da cuenta, complementariamente, de que hay una diferencia de 1.728 expedientes entre los que se tramitan en la fiscalía (son 8.207 en total) y los ingresados a esa oficina mediante registración de mesa de entradas (son 6.479).
"Falta celo en el control de la entrega de vehículos", afirma Prieto de Sólimo. De hecho, los cinco cuerpos de expedientes contienen extensos detalles de muestreos que se realizaron sobre diferentes causas, en las que se habrían detectado presuntas irregularidades. En síntesis, se trataría de vehículos que se entregaron sin verificar que quien lo recibía era el titular del dominio, o sin controlar que el vehículo entregado era, efectivamente, el que correspondía otorgar.
Se cuestiona, además, supuesta negligencia en los procedimientos, a partir de la aparente falta de verificaciones de coincidencia en los números de motor y de chasis, ausencia de pericias, de sellos de Fiscalía o de acreditación de dominios.
Consultado al respecto, Canevaro, secretario de la comisión de Juicio Político, sostuvo que estas cuestiones revisten especial importancia para los miembros de ese organismo. "En esencia, buena parte de las irregularidades con las camionetas 4x4 robadas que circulaban con oficios judiciales se encontraba en la falta de pericias y de verificaciones de los dominios y de la concordancia entre los números de motor y de chasis", puntualizó.

Comienza la semana clave para decidir la suerte del funcionario
El próximo lunes 9 vence el plazo para que la comisión de Juicio Político de la Legislatura decida si formula una acusación contra el fiscal de Instrucción de la IV Nominación, Héctor Abraham Musi, en el marco del pedido de destitución formulado por el juez federal Felipe Terán.
Esta primera semana de febrero, en consecuencia, tendrá cinco días hábiles clave en el marco del proceso que llevan adelante los parlamentarios, tras el escándalo de la falsificación de documentación que permitía la libre circulación de camionetas 4x4 robadas. Los legisladores no los desaprovecharán; de hecho, ya convocaron a una reunión para mañana a las 12. Finalizada la feria judicial, vuelven a correr los plazos del proceso.
En principio, al organismo parlamentario sólo le queda tomar prueba testimonial a cuatro empleados de la Fiscalía IV, lo que concretaría entre el miércoles y el jueves próximo, según estimó su secretario, el legislador republicano Carlos Canevaro. Consultados por este diario, dos miembros que ya tuvieron vista de la auditoría, y que pidieron reserva de sus nombres para evitar problemas a la hora de votar, coincidieron en que los datos del informe complican aún más la delicada situación de Musi. "De hecho, aceptamos correr traslado de las acusaciones por unanimidad", recordaron.