Luis Comba - Tributarista
Cuando pensamos en el sistema fiscal de la Provincia, podemos ubicar dos ámbitos de acción distintos y que deben ser reformulados de distinta manera y con tiempos sustancialmente diferentes.
Un primer aspecto pasa por cuestiones de administración tributaria, donde resulta esencial recuperar racionalidad y respeto hacia los contribuyentes. Para esto se debe rediseñar la administración tributaria y sus políticas de acción. Esto no requiere de grandes estudios o reformas legales de magnitud, sino que pasa por recuperar la cordura en el diseño de pautas fiscales, donde el contribuyente recupere su rol de ciudadano y la administración tributaria entienda que su rol es servir a la comunidad y no a la inversa.
Y son medidas muy simples a tomar, que se orientan a beneficiar la relación fisco contribuyente. Algunos ejemplos: adecuar los sistemas de retención, percepción y recaudación para no generar cobros indebidos (que los hay y muchos); permitir un rápido uso o devolución de los saldos a favor que pueden generarse (la Dirección General de Rentas sistemáticamente se niega a admitir esto); alentar la transparencia fiscal favoreciendo el uso de cuentas bancarias y no utilizar a éstas solo para generar recaudación (lo que hace justamente que los contribuyentes traten de evitar el uso bancario). También la aplicación de normativa que se aleja de las pautas que todas las provincias utilizan, tratando de armonizar sus normas (Tucumán actúa como si fuera una isla en este aspecto), y la falta de adecuación de su accionar a claras sentencias de la Justicia que no la favorecen (y así sigue actuando como si la justicia nada hubiera dicho, obligando a los que pueden a defenderse a recurrir a Tribunales, mientras que los más pequeños deben soportar la carga fiscal ya declarada ilegítima).
También será necesario que se produzca un profundo análisis de la carga fiscal, tendiente a generar esquemas de tributación que alienten el crecimiento y no lo desalienten (a diario somos testigos de la pérdida de inversiones en la provincia por la excesiva presión fiscal).
Sin embargo, este tema requerirá de acuerdos y de una política que se oriente tanto al corto, mediano y largo plazo y en todos los casos exigirá medidas legislativas que deberán consensuarse. Cualquier política en este sentido parte de analizar la política de ingresos. Pero es absurdo pensar en ésta si simultáneamente no se analiza la política de gastos. Bajar la presión fiscal demandará modificar la estructura de gasto público o de su financiamiento.
Será necesario que el Presupuesto se convierta en una política de Estado y que permita a todos los ciudadanos conocer en qué se gasta. Y cómo. Premisa esencial para decidir qué se recauda. En este aspecto Tucumán se ha caracterizado por la falta total de acceso a información pública vinculada al gasto público. Esto debe transparentarse. Y el uso de internet debe ser un aliado en este aspecto.
La difusión pública de todos los gastos en que incurre el Estado es un derecho inalienable de los ciudadanos. Seguramente eso mejorará la calidad del gasto y, sin lugar a dudas, la simple difusión lo reducirá, porque permitirá un control social de erogaciones que hoy no existe.
Junto con esto se podrá analizar la presión fiscal y deberán alentarse la actividades productivas esenciales. La eliminación de impuestos distorsivos cono el impuesto de sellos y la exención general de la actividad primaria, la reducción de alícuotas para industrias que se quiera promover, la existencia de una ley de promoción que fije reglas claras y que no dependa de la voluntad del gobernante de turno, son medias que deberían ser tomadas en el corto plazo. Y esto más allá de análisis sobre aspectos que deben ser revisados puntualmente, como por ejemplo la tributación en materia de alquileres que se aleja de cualquier pauta de razonabilidad.
Los municipios
Los criterios generales planteados también deben ser considerados por los municipios, que en la Provincia de Tucumán y gracias a una autonomía mal entendida, se han dedicado a cobrar impuestos, convirtiéndose en otra fuente de recaudación que debe ser sistematizada. Y a los que también les caben las reglas de la difusión pública de sus gastos.
