Después de 12 años de gestión, José Alperovich deberá entregar la titularidad del Poder Ejecutivo a otra persona. Y, como era tradicional, siempre solía decirse que el nuevo gobernador llegará con una pesada mochila producto de la herencia del que se va. Hoy se conocerá quién sucederá a Alperovich. Los tucumanos se encargarán de definirlo, con su voto.
El nuevo mandatario, que asumirá el 29 de octubre que viene, deberá ir pensando no sólo en cómo será la transición hacia la asunción, sino también los programas de Gobierno y las estrategias financieras que deberán adoptar en los cuatro años de mandato que se le vienen. Y surgen algunas cuestiones esenciales para la gestión. Tal vez la más difícil sea la discusión salarial. De eso dependerá no sólo la fortaleza política, sino también la autonomía financiera que puede llegar a tener durante 2016. Otra situación relacionada es la relación fiscal con la principal acreedora de Tucumán: la Nación. Si bien el endeudamiento público no tiene el peso de otros tiempos, los vencimientos deberán ser pactados con el nuevo presidente de la Nación a través del plan de desendeudamiento u otro esquema similar. Finalmente, entre las prioridades, también debe figurar la inversión en infraestructura que sirva no sólo para reparar y reconstruir lo que se dañó las lluvias de marzo pasado, sino también evitar las que pueden venir en el futuro. Esa es la herencia financiera.
Paritarias
Un factor que condiciona políticamente a la gestión financiera
La discusión salarial suele ser una de las primeras pruebas de fuego para el gobernante. Más aún cuando arranca su administración. Quien se imponga en los comicios de hoy deberá seguir de cerca la evolución de la inflación para tener una proyección acerca de lo que será el pedido que formularán los gremios estatales para 2016. La pauta de mínima es de un 20%, pero algunos sindicalistas consideran que el planteo debería estar en el mismo orden que este año, es decir, entre un 27% y un 30%. De una u otra forma, para atender esta demanda, el próximo gobierno deberá contar con un financiamiento extra de entre $ 4.000 millones y $ 4.500 millones, que puede ser el gasto adicional en salarios. Los expertos en finanzas públicas consideran que las paritarias suelen condicionar políticamente a la gestión financiera. Además, indican que, en el Presupuesto, lo ideal es que el gasto salarial no supere el 60% del total de partidas. Actualmente está en torno de un 52%, con un total de $ 16.700 millones anuales para abonar las remuneraciones de unos 80.000 empleados estatales. Los gastos fijos implican un 30% de las erogaciones globales, mientras que el 10% restante es lo que el Poder Ejecutivo puede manejar para ejecutar obras adicionales, renovar el parque automotor o la infraestructura tecnológica del sector público provincial.
Gastos
Un control absoluto de la lapicera será la clave para arrancar con el pie derecho
¿Cuánto dinero requerirá el próximo gobernador para atender los gastos del año que viene? A esta pregunta sólo puede contestarse con proyecciones. La de mínima indica que, con una expansión interanual del 20%, el Poder Ejecutivo dispondrá no menos de $ 36.000 millones para todo el año que viene. La cifra puede llegar a los $ 38.000 millones si se toma en cuenta la evolución inflacionaria que miden las consultoras privadas. No obstante, desde la actual gestión consideran que el gasto no puede crecer más allá del 26% al 28% interanual y que debe haber un estricto control del uso de la lapicera (firmar ampliaciones). Actualmente, el presupuesto contempla erogaciones por $ 31.400 millones. Sin embargo, aún está pendiente la ampliación de partidas que el Ejecutivo solicitará a la Legislatura por efecto de la última negociación salarial con los gremios estatales. Esto sucederá el mes que viene, con lo que el total de gasto público para este año puede rozar los $ 35.000 millones. Además, hacia el 15 de septiembre, el gobernador José Alperovich tendrá más clara la proyección de ingresos nacionales que serán volcados a Tucumán a través de la coparticipación federal de impuestos. Con ese esquema, podrá definirse el presupuesto provincial para 2016, que será presentado antes del 29 de octubre, cuando finalice el mandato de Alperovich.
La deuda
Negociaciones con el principal acreedor
El Poder Ejecutivo declara que el endeudamiento público de Tucumán es de $ 3.621 millones, de los cuales $ 785 millones son exigibles en el próximo año. Según la Casa de Gobierno, la deuda pública es administrable y ha dejado de ser una pesada mochila para la gestión. Sin embargo, implica ciertos condicionantes políticos frente al Poder Ejecutivo Nacional. Sucede que del total de pasivos, unos $ 3.070 tienen como principal acreedora a la Nación. De allí la necesidad de negociar, en forma trimestral, los vencimientos de los compromisos financieros. El último se rubricó el jueves y correspondió al tercer trimestre de este año. Tucumán resultó favorecida con la extensión en el pago de unos $ 89 millones para ese período. A través del plan de desendeudamiento, las provincias participantes -entre ellas Tucumán- gozan de un plazo de 20 años para pagar sus deudas, con amortización de capital en 185 cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Pero en el último año, la presidenta Cristina Fernández ha condicionado la extensión al cumplimiento de pautas fiscales. En el camino hacia la próxima gestión hay un endeudamiento que aún no está calculado: el arreglo para pagar una vieja deuda por la rescisión del contrato con la ex prestataria del servicio de Aguas del Aconquija. Eso implicará una deuda de entre U$S 150 millones a U$S 450 millones.
Las obras
La millonaria demanda de fondos para reconstruir caminos, puentes y represas
La estrechez en la disponibilidad de recursos presupuestarios será otra de las herencias que recibirá el próximo gobernador. Esto, por caso, imposibilita a la gestión emprender inversiones en infraestructura de gran porte. Las últimas lluvias de marzo han destruido una parte importante de la red caminera y ha dañado puentes considerados claves. Pero también ha desnudado la necesidad de avanzar en la construcción de diques de contención y en la reconstrucción de los canales de desagües troncales. En estas últimas obras, los cálculos oficiales hablan de una inversión cercana a los U$S 100 millones. Algunos funcionarios indicaron que se iniciaron contactos con organismos internacionales, con el fin de obtener un financiamiento de largo plazo (de entre 15 y 20 años). El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) suelen otorgar este tipo de créditos. Otros $ 249 millones se requieren para la reconstrucción de los puentes dañados. Uno de ellos, el de Lules, está próximo a recuperar su funcionamiento pleno. Además, se ha calculado en $ 4.000 millones la financiación que se necesita para la construcción del dique Potrero del Clavillo que, además de generar energía, permitiría regular la caída de agua en el sur provincial.
El agro
Recuperar la producción y la rentabilidad es el principal desafío
La crisis que afrontan las producciones agrícolas de Tucumán es una luz de alerta para la nueva administración provincial. El sector reclama más compromiso para que los cultivos sean competitivos.
El titular de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), José Ignacio Lobo Viaña, afirmó que los desafíos del próximo gobierno son diversos, pero recalcó la necesidad de inversiones en infraestructura. Por otro lado, alertó que las producciones locales funcionan con nula o baja rentabilidad debido al avance de la inflación, a la presión fiscal, tanto de fisco provincial como del nacional, y al retraso cambiario. “Corregir estas variables es responsabilidad del poder político”, analizó.
“Tucumán tiene 270.000 hectáreas de caña de azúcar, 170.000 hectáreas de soja, 60.000 hectáreas de maíz y 38.000 hectáreas de limón. Las agroindustrias azucarera y citrícola emplean, cada una, a 40.000 personas, aproximadamente. Pero hay cultivos como el arándano, la frutilla y el tabaco que tienen poca superficie, pero que emplean a una gran cantidad de trabajadores”, subrayó Lobo Viaña.
La caída del precio del azúcar debe ser una de las prioridades del nuevo gobierno, según el ruralista. “Debe comprar azúcar a un precio cercano a los $ 300 por bolsa, para que el productor tenga rentabilidad. Además, el nuevo gobierno deberá avanzar en la producción de bioetanol a partir del alcohol de caña. Esto ayudará a retirar el excedente de producción”, finalizó.
