Disputa por la venta de ladrillos en una cortada

La pelea judicial por la acusación de trata de personas con fines de explotación laboral en una cortada de ladrillos que había realizado el fiscal Federal Pablo Camuña, y que había rechazado el juez Federal Fernando Poviña, tuvo un nuevo round con la intención de algunas de las personas señaladas como víctimas, de vender ladrillos que habrían fabricado.

Los abogados Juan Carlos Valor y José del Río aseguraron ayer que lograron frenar la venta, luego de que Poviña diera vía libre a un pedido realizado por la secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, que asiste a los trabajadores del lugar.

El 1 de junio, la Fiscalía Federal había allanado la cortada de ladrillos ubicada en la ruta provincial 305, en Las Talitas, y había pedido el procesamiento de Néstor Héctor Daghero y sus hijos Héctor Adrián Daghero y Cristian Esteban Daghero. Camuña considera que son responsables de la explotación laboral de al menos 30 personas, que trabajaban en condiciones precarias. Poviña rechazó esa acusación argumentando que sólo se había comprobado precariedad laboral. Los trabajadores buscaron una autorización para vender 90.000 ladrillos, lo que fue concedido primero por el juez. Tras la presentación de los letrados, la venta se suspendió.