Investigarán delitos de lesa humanidad ocurridos del 76 al 83

La decisión busca ampliar el margen de acción de la Secretaría de Estado creada por el gobernador Alperovich.

Por Redacción Política 27 Enero 2004
Los delitos de lesa humanidad que ocurrieron en la provincia entre 1976 y 1983 serán investigados por una organización civil. Así lo dispone un convenio redactado por la secretaría de Derechos Humanos y la Fundación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), que será rubricado el próximo jueves por el responsable del área, Bernardo Lobo Bugeau.
La decisión busca ampliar el margen de acción de la Secretaría de Estado creada por el gobernador José Alperovich. Según informó Lobo Bugeau, el Gobierno derivará las denuncias que ya fueron presentadas y las que se formalicen en el futuro, "para permitir un mejor esclarecimiento de las épocas de represión institucional".
El funcionario aclaró que el convenio no implica otorgar el monopolio del tema a la fundación Andhes, y anticipó que en el futuro se suscribirán acuerdos del mismo tipo con otras organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
La entidad elegida por el Gobierno para atender las presentaciones vinculadas a la represión durante el gobierno militar está formada por jóvenes abogados dedicados a la investigación en derechos humanos, algunos de ellos con premios internacionales en la materia. Entre sus asesores se destacan personalidades de renombre nacional como Martín Bhömer, decano de la Universidad de Palermo, Roberto Saba, de la Asociación por los derechos Civiles, y Víctor Abramovich, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Casos controvertidos
Como logros de la organización, el Poder Ejecutivo destaca su participación, en carácter de coautores, en la impugnación a la candidatura del ex gobernador Antonio Bussi, por falta de idoneidad moral para ocupar el cargo de intendente.
Los jóvenes letrados cuestionaron entonces la actuación de Bussi durante el gobierno militar. El convenio los habilita a continuar con esa línea de investigación pero, esta vez, con la conformidad del Estado.

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