Avalan la posición del ombudsman contra el incremento de los impuestos

El oficialismo parlamentario toma más distancia del Poder Ejecutivo. Ayer, el vicepresidente primero de la Legislatura, Alejandro Martínez, avaló la denuncia pública del defensor del pueblo, Luis Acosta, quien consideró que la suba de los impuestos Inmobiliario y Automotor es inconstitucional porque viola la Ley Nacional 25.561 de Emergencia Económica, que prohíbe las indexaciones en los tributos.
"Acosta representa a la Legislatura y al pueblo tucumano; por lo tanto, si él opina que es inconstitucional el incremento en los impuestos, está representando de esta manera el pensamiento de todos los legisladores. Es un profesional idóneo que no va a dar una opinión adversa a la Constitución ni a las leyes", dijo.
El ex intendente de Tafí Viejo recordó que Acosta fue nombrado por la Cámara por un plazo de seis meses. Compartió el desacuerdo con la suba impositiva que dispuso el Gobierno provincial y sostuvo que la decisión del PE fue equivocada. "Hay muchos tucumanos que no pueden pagar el incremento tributario sobre sus propiedades. Esta medida es nociva para la gente, que no ha tenido ninguna mejora salarial en los últimos doce años", sostuvo. Anticipó que en la comisión de Hacienda (de la cual es secretario) se analizará este tema a partir de esta semana, a partir del criterio adoptado por el ombudsman.En opinión del parlamentario del PJ, el Gobierno tendría que haber bajado los impuestos en vez de subirlos. "El Ejecutivo optó por disminuir la base contributiva (al subir los impuestos), cuando tendría que haber hecho lo contrario", señaló.

Sin efecto
En la Legislatura también existe un proyecto de ley del legislador Ramón Graneros (UCR) que propone, en igual sentido que el defensor del pueblo, que se deje sin efecto el decreto 545/3 del PE (del reajuste impositivo) por estar vigente la Ley de Emergencia Económica.
Esta norma, que fue promulgada por el ex presidente Eduardo Duhalde el 6 de enero de 2002 y prorrogada el año pasado hasta el 31 de diciembre de 2004, establece en su artículo 10 que se no se puedan aplicar "las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios".
La iniciativa del dirigente radical estaría en estudio en las comisiones de Hacienda y de Legislación Social de la Cámara y sería tratada en la próxima sesión legislativa.