La Fiscalía Anticorrupción estudia casi 400 expedientes

La Fiscalía Anticorrupción tiene casi 400 causas en estudio. De esa cifra, una treintena ingresó desde abril de 2003, cuando la función quedó a cargo del fiscal de la I Nominación, Pedro Gallo. El funcionario recibió 360 expedientes del despacho de Esteban Jerez, quien renunció al cargo para dedicarse a la política.
La competencia exclusiva en delitos contra el patrimonio provincial fue creada en mayo de 2000, por el entonces ministro fiscal José Ricardo Falú. El promedio fue de 150 denuncias por año mientras Jerez fue fiscal, según calculó antes de dimitir. La cantidad decreció considerablemente con el cambio de fiscal.A fines del año pasado, Gallo elevó un informe al actual ministro fiscal Luis de Mitri, en el que detalla el estado de algunas de las investigaciones. El último hecho trascendente fue el pedido al Juzgado de la III Nominación para que declare el sobreseimiento de la ex intendenta Marta de Ezcurra, denunciada por estafa por su sucesor Domingo Amaya, ya que no se produjo daño pecuniario al Estado.
Entre las causas de repercusión mencionadas por el fiscal anticorrupción en el documento, se destaca la denuncia del senador nacional Ricardo Bussi contra el ex gobernador Julio Miranda y contra los legisladores que aprobaron la reforma constitucional, por maniobras extorsivas para obtener los votos necesarios y poder sancionar la ley.
La Justicia reactivaría la pesquisa luego de que cayeron los fueros parlamentarios que impedían que se cite a los ex legisladores a prestar declaración. Esta novedad se concretaría en momentos en que el gobernador José Alperovich reactualiza el debate sobre la necesidad de modificar la Carta Magna.
Los ex legisladores también deberían concurrir a los tribunales para aclarar qué ingresos percibieron durante su mandato, por la acusación de cobro irregular de los gastos de bloque. Las dos causas están bajo competencia del juez penal de la IV Nominación, Víctor Manuel Pérez, quien podría citar durante febrero a los que integraron los distintos bloques.

Piden informes para resolver viejos trámites

El fiscal anticorrupción Pedro Gallo tiene a su cargo la investigación por el supuesto desvío de fondos del subsidio por $ 500.000 entregado por la Caja Popular de Ahorros para la construcción del nuevo edificio de la escuela Guillermo Griet. Este expediente figura destacado en el informe que remitió al ministro fiscal Luis de Mitri.
Los recursos habrían sido utilizados con fines electorales en 2001, según la denuncia que manejó inicialmente su antecesor en el cargo, Esteban Jerez. El actual fiscal pidió informes a la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares y a la Gobernación para definir el futuro del expediente.
Otra causa en estudio es la presunta emisión de Bonos de Cancelación de Deuda mellizos, donde se mencionó a Ciccone Calcográfica y a funcionarios de la actual gestión de Gobierno. Gallo estudiará informes del Banco del Tucumán y del Banco de la Nación Argentina, que fueron pedidos para determinar si durante el retiro de los papeles se detectaron Bocade duplicados.
En su momento, el funcionario remitió a los juzgados correspondientes las respectivas acusaciones presentadas contra los actuales legisladores Juan Enrique Orellana y Antonio Alvarez, quienes tienen fueros que los amparan y sólo pueden ser investigados por magistrados.
El expediente más viejo se relaciona con el otorgamiento de créditos en la Caja Popular durante la gestión de Ricardo Quintana, en el gobierno de Ramón Ortega (1991-1995). Jerez pidió la elevación a juicio, a lo que se opuso la defensa de Quintana, que además planteó nulidades. Gallo respondió la vista por estas presentaciones. Ahora se esperaría que las partes repongan bonos y tasas de Justicia para resolver el trámite penal.