26 Marzo 2002 Seguir en 
El Gobierno provincial se enredó en su propio laberinto. Falta de confianza, errores de comunicación y algunos prejuicios -con y sin razón- que actúan en su contra sirvieron para que el manejo de los planes "Compartir el pan" y "Trabajar" se transformaran en un bumerán.
Fallan los hombres y no el sistema. El programa que puso en marcha el Poder Ejecutivo prevé que se sienten alrededor de una misma mesa organizaciones intermedias con el delegado comunal o el intendente -según el caso- y elaboren un listado de necesitados en base a una serie de requisitos que muestran indigencia. Una vez consensuados los nombres, se debe mostrar en las paredes de los edificios públicos la lista de los que recibirán la ayuda.
Los vecinos saben de quiénes se trata y si hubiera alguien que no lo merece, pueden poner el grito en el cielo. Incluso, el sistema prevé que nadie toque ni siquiera un peso de los 3 millones de pesos que se destinarán a estas tareas.
Sin embargo, todo está envuelto en una gran nebulosa. Si hubo intendentes que citaron a algunas entidades y no a otras, deberían tener una denuncia con nombre y apellido por violar un decreto. Si existen listas paralelas -como afirmaría la carta del obispo José Rossi-, las entidades intermedias deberían mostrar quiénes estaban en la planilla original para que no se cometan delitos ni se actúe como cómplice de una irregularidad.
En las comunas -afirman algunos denunciantes- temen que después haya represalias contra aquellas personas que pongan el dedo en la llaga.
Lamentablemente, todos -sin excepción- están actuando como en un colegio de adolescentes, donde el que se mandó una macana es cubierto por el resto por miedo al castigo o por no actuar con la madurez que exige un caso donde no sólo se está hablando de cifras millonarias y de gente que necesita la ayuda para vivir. De la corrupción argentina somos cómplices todos. Si nadie despierta, el país, incluida esta provincia, y estos programas seguirán aletargados como toda la sociedad.
Fallan los hombres y no el sistema. El programa que puso en marcha el Poder Ejecutivo prevé que se sienten alrededor de una misma mesa organizaciones intermedias con el delegado comunal o el intendente -según el caso- y elaboren un listado de necesitados en base a una serie de requisitos que muestran indigencia. Una vez consensuados los nombres, se debe mostrar en las paredes de los edificios públicos la lista de los que recibirán la ayuda.
Los vecinos saben de quiénes se trata y si hubiera alguien que no lo merece, pueden poner el grito en el cielo. Incluso, el sistema prevé que nadie toque ni siquiera un peso de los 3 millones de pesos que se destinarán a estas tareas.
Sin embargo, todo está envuelto en una gran nebulosa. Si hubo intendentes que citaron a algunas entidades y no a otras, deberían tener una denuncia con nombre y apellido por violar un decreto. Si existen listas paralelas -como afirmaría la carta del obispo José Rossi-, las entidades intermedias deberían mostrar quiénes estaban en la planilla original para que no se cometan delitos ni se actúe como cómplice de una irregularidad.
En las comunas -afirman algunos denunciantes- temen que después haya represalias contra aquellas personas que pongan el dedo en la llaga.
Lamentablemente, todos -sin excepción- están actuando como en un colegio de adolescentes, donde el que se mandó una macana es cubierto por el resto por miedo al castigo o por no actuar con la madurez que exige un caso donde no sólo se está hablando de cifras millonarias y de gente que necesita la ayuda para vivir. De la corrupción argentina somos cómplices todos. Si nadie despierta, el país, incluida esta provincia, y estos programas seguirán aletargados como toda la sociedad.





