La Fotia culpó al PE por un embargo

Un embargo judicial por $ 162.000, que paralizó las cuentas de la obra social de la Fotia, desató el enfrentamiento entre el Gobierno y la conducción gremial que encabeza el legislador radical Roberto Palina.
El dirigente acusó al gobernador José Alperovich de intolerante y autoritario, y considera que el ataque a la entidad azucarera es "un apriete" por su condición de legislador.
El conflicto tiene origen en una demanda presentada el año pasado por el Sistema Provincial de Salud, cuyas autoridades pretenden cobrar prestaciones realizadas a trabajadores afiliados a la obra social cañera entre 2001 y 2002. La acción derivó en un pedido de embargo preventivo, que fue aceptado por la Justicia la última semana de diciembre. Como consecuencia del fallo, la dirigencia gremial no puede disponer de los fondos y debe esperar hasta que finalice la feria de enero para intentar revertir la situación.
La Fotia desconoce la deuda reclamada; sostiene que los trabajadores atendidos por los hospitales públicos son responsabilidad del Estado y no de esa organización. Según el gremio, se trata de personal temporario que no tiene cobertura médica durante el período interzafra, porque carecen de los aportes patronales.
El sindicato azucarero sostiene que el Gobierno actúa de mala fe y con una clara intencionalidad política.
"De otra forma -asegura Palina-, no puede explicarse la falta de respuestas para un pedido de auditoría conjunta realizado por la obra social al Siprosa, el 3 de abril del año pasado. Durante 2003 aplicaron el sistema de autogestión y el sistema funcionó bien. Incluso tenemos créditos a nuestro favor", aseguró el parlamentario.
El Consejo Directivo de Fotia advirtió que el reclamo judicial del Gobierno puede dejar sin cobertura asistencial a 30.000 tucumanos.