Los comisionados rurales deberán realizar, obligatoriamente, cursos de capacitación en estrategias de promoción y de asistencia en las áreas sociales y turísticas para poder desempeñar su cargo. Esta exigencia fue incluida ayer sobre tablas en la sesión legislativa en la que se aprobó la nueva ley de Comunas Rurales, que define las competencias, los derechos y las imposiciones en esas administraciones.Estos talleres serán dictados por el Poder Ejecutivo, y su implementación fue mocionada por el oficialista José Alberto Cúneo Vergés, luego de que Carlos Canevaro (Fuerza Republicana) y Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) propusieron que los comisionados debían tener el secundario completo. La idea fue retirada, en medio de un fuerte debate, cuando se señaló que ni al Presidente de la Nación se le pide título.
La norma fue redactada por los peronistas Oscar Godoy y Alberto Leal y por Canevaro (ex subsecretario del Interior de Antonio Bussi) para ampliar las facultades de los comisionados y permitirles administrar más recursos y con mayor flexibilidad. Los comisionados percibirán una remuneración similar a la del subsecretario de Estado; podrán designar, sancionar y remover personal; y dispondrán de 30 días corridos de licencia, con reserva del cargo. Además podrán decidir sobre la venta directa de frutos, sobre la producción de la comuna y respecto de los residuos.
Se prohíbe la reelección inmediata y se cambió el límite de gastos de caja chica en compras directas -pasó de $ 600 a $ 2.000-. Se modificaron además, los montos para realizar concursos de precios (hasta $ 8.000) y licitaciones privadas (hasta $ 15.000) y públicas (por más de esa cifra).
No habrá incremento en la tarifa del servicio de agua
La Sociedad Aguas del Tucumán deberá aplicar el mismo régimen tarifario que la desaparecida Obras Sanitarias de Tucumán. La Legislatura dispuso ayer la continuidad del monto de las facturas, al rechazar el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo que disponía una modificación en la forma de liquidar las tarifas.
Según el legislador republicano Carlos Canevaro, la oposición al decreto impidió un incremento del orden del 100% en el costo del servicio, aunque no explicó cómo hizo el cálculo. El peronista José Teri reclamó al Gobierno que no dicte decretos en materias reservadas a la Legislatura cuando no hay vacío legal que lo justifique. "No se explicitaron las circunstancias, ni las razones ni el perjuicio al orden ni al interés público en este tema", señaló.
El legislador del Encuentro Popular y Progresista, Alejandro Sangenis, reclamó que se cambie la ley de decretos de necesidad y urgencia, por considerar que desde el PE se quiere imponer un terror incompatible con el sistema democrático.
Crisis del transporte
Los legisladores restablecieron la emergencia en el servicio público de transporte colectivo de pasajeros hasta fin de año, por lo cual los empresarios sólo pagarán el 1.5% en el impuesto a los Ingresos Brutos.
En la ley sancionada ayer se rechazó en duros términos un decreto de necesidad y urgencia del PE dictado el 8 de enero pasado, para prorrogar el régimen de excepción que había caído el 31 de diciembre de 2003. El republicano Ernesto Padilla cuestionó la metodología del Gobierno de querer revivir por decreto una ley que ya había vencido y dejado de tener vigencia.
La norma fue redactada por los peronistas Oscar Godoy y Alberto Leal y por Canevaro (ex subsecretario del Interior de Antonio Bussi) para ampliar las facultades de los comisionados y permitirles administrar más recursos y con mayor flexibilidad. Los comisionados percibirán una remuneración similar a la del subsecretario de Estado; podrán designar, sancionar y remover personal; y dispondrán de 30 días corridos de licencia, con reserva del cargo. Además podrán decidir sobre la venta directa de frutos, sobre la producción de la comuna y respecto de los residuos.
Se prohíbe la reelección inmediata y se cambió el límite de gastos de caja chica en compras directas -pasó de $ 600 a $ 2.000-. Se modificaron además, los montos para realizar concursos de precios (hasta $ 8.000) y licitaciones privadas (hasta $ 15.000) y públicas (por más de esa cifra).
La Sociedad Aguas del Tucumán deberá aplicar el mismo régimen tarifario que la desaparecida Obras Sanitarias de Tucumán. La Legislatura dispuso ayer la continuidad del monto de las facturas, al rechazar el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo que disponía una modificación en la forma de liquidar las tarifas.
Según el legislador republicano Carlos Canevaro, la oposición al decreto impidió un incremento del orden del 100% en el costo del servicio, aunque no explicó cómo hizo el cálculo. El peronista José Teri reclamó al Gobierno que no dicte decretos en materias reservadas a la Legislatura cuando no hay vacío legal que lo justifique. "No se explicitaron las circunstancias, ni las razones ni el perjuicio al orden ni al interés público en este tema", señaló.
El legislador del Encuentro Popular y Progresista, Alejandro Sangenis, reclamó que se cambie la ley de decretos de necesidad y urgencia, por considerar que desde el PE se quiere imponer un terror incompatible con el sistema democrático.
Crisis del transporte
Los legisladores restablecieron la emergencia en el servicio público de transporte colectivo de pasajeros hasta fin de año, por lo cual los empresarios sólo pagarán el 1.5% en el impuesto a los Ingresos Brutos.
En la ley sancionada ayer se rechazó en duros términos un decreto de necesidad y urgencia del PE dictado el 8 de enero pasado, para prorrogar el régimen de excepción que había caído el 31 de diciembre de 2003. El republicano Ernesto Padilla cuestionó la metodología del Gobierno de querer revivir por decreto una ley que ya había vencido y dejado de tener vigencia.







