La Cámara alteró el decreto de traslado de estatales, pese a la presión del PE

La fuerte presión ejercida desde la Casa de Gobierno no pudo evitar que la Legislatura sancionara ayer un nuevo régimen de traspaso de personal. La ley establece que el empleado público debe prestar su consentimiento expreso para ser trasladado, todo lo contrario a lo pedido desde el Poder Ejecutivo.
La norma fue aprobada por unanimidad de los legisladores presentes, en momentos en que Beatriz Avila, Aldo Salomón, José Alberto Cúneo Vergés y Regino Amado se retiraron del recinto. Varios peronistas atendieron incesantes llamadas a sus celulares intentando torcer el rumbo de una decisión anticipada. Minutos después de confirmar el revés legislativo, el gobernador José Alperovich confirmó que vetará la ley y dijo: "algunos parecen no entender la profundidad de la crisis", sin precisar a quienes se refería.
La libre movilidad de los empleados estatales es uno de los requerimientos más insistentes que efectuó la actual gestión. La anterior Legislatura aprobó una ley que lo facultaba a transferir personal sin su consentimiento, pero la norma cayó el 31 de diciembre. Dos días antes, Alperovich emitió un decreto de necesidad y urgencia para mantener su vigencia hasta fin de año, que ayer fue rechazado por los legisladores. Ahora, la vieja ley ya no tiene vida.
La decisión parlamentaria fue interpretada como la profundización del distanciamiento con el PE, en una sesión llena de señales contrarias al Gobierno. La Cámara rechazó otros dos decretos, aparte del de la transferencia de personal: la determinación del nuevo régimen tarifario del agua y la prórroga de la emergencia en el transporte público de pasajeros, que salió por ley.
Los legisladores dispusieron que en todos los casos en que se pretenda efectuar un traspaso, se deberá requerir el consentimiento del agente estatal. Este texto le impone al PE la obligación de preguntarle al empleado sobre su voluntad antes de concretar ningún traslado.

Posiciones consecuentes
En los discursos, los legisladores oficialistas aclararon que no se afecta la potestad del Gobierno de mover personal de una oficina a otra, pero admitieron estar del lado de los reclamos gremiales.
El peronista José Teri calificó de inconstitucional el decreto rechazado, y afirmó que el bloque del PJ "no va a claudicar ante cualquier iluminado que llegue y proponga normas que caminan a contrapelo de lo que quiere (el presidente Néstor) Kirchner".
El republicano Carlos Canevaro aseguró que este es un mensaje al gobernador, sobre los límites que pondrá la Legislatura cuando se avasallen derechos. El radical José Cano se quejó del uso que el Gobierno hace de los decretos especiales. El legislador del Encuentro Popular y Progresista, Alejandro Sangenis, sostuvo que el decreto rechazado es un mamarracho más del PE.

Juri recibió aplausos y elogios

Un unánime respaldo recibió ayer el vicegobernador Fernando Juri como desagravio por los panfletos anónimos que lo descalificaron. Los elogios fueron coronados con aplausos.El peronista Rodolfo Ocaranza dijo sentirse indignado por la utilización de un método cobarde. Su compañero de bancada, Daniel Heredia, aseguró: "blasfeman porque ven que se está recuperando la honorabilidad de la Cámara". La oficialista Beatriz Avila exigió que el Poder Ejecutivo tome cartas en el asunto.
El radical Jorge Mendía afirmó que este es un golpe que busca desprestigiar al cuerpo. Su correligionario Ramón Graneros aseveró que hay 40 legisladores tras el vicegobernador.
Por Fuerza Republicana, Carlos Canevaro manifestó sentirse representado por la conducción del vicegobernador, pero no ofendido por los libelos anónimos. Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) resaltó que el Poder Legislativo está recuperando prestigio y realiza un trabajo armonioso por la gestión de su presidente.