Por Redacción Política
21 Enero 2004
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El año parlamentario no empezará bien para el Poder Ejecutivo. Hoy la Legislatura rechazará, en la primera sesión de 2004, dos decretos de necesidad y urgencia considerados clave en la Casa de Gobierno, y se distanciará en los sensibles temas de la tarifa del servicio de aguas y cloacas y del traslado de los empleados estatales.
El primer golpe al PE será la devolución del decreto firmado por el gobernador José Alperovich y por el ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, quienes disponían un nuevo régimen tarifario, regresando al sistema de liquidación compuesto de la ex Dipos.
Formalmente, los legisladores rechazarán la norma por considerar que no está justificada la necesidad y urgencia para su sanción, y exigirán un proyecto de ley para su estudio detallado. Hasta tanto, se prorrogará la actual escala.
Pero, al mismo tiempo, el oficialismo lanzará la señal de que no habrá cheque en blanco al PE para que modifique las tarifas en forma discrecional. En el artículo 4 del decreto objetado, se fijaba un coeficiente que podía ser actualizado por el Gobierno cuando se produzcan variaciones de precios en los gastos de operación y mantenimiento de los servicios.
Los integrantes del PJ consideraron que esa redacción dejaba mucho margen de acción al referirse a cualquier modificación que se produjese (como, por ejemplo, la decisión de nuevas inversiones), pese a que otros artículos del decreto se referían a una reducción en las tarifas mínimas.
El dictamen de rechazo fue unánime en la comisión de Obras y Servicios Públicos que preside José Teri, en una reunión en la que se recordó que en una reciente ley se dispuso que las empresas privatizadas no podían aumentar las tarifas.
Los traslados
Los legisladores oficialistas y opositores acordaron también que en la sesión de hoy, citada para las 8, se dispondrá que el traslado del personal público sólo podrá concretarse previo acuerdo expreso del empleado que sea afectado. El PE pretendía que esa transferencia se pudiera realizar sin necesidad de consentimiento.
El gobernador José Alperovich justificó ayer su pedido. "Necesito imperiosamente el traslado de los estatales para hacer más efectivo al Estado", sostuvo al visitar el Centro de Salud.
Los bloques, en cambio, recibirán el reclamo de los gremios estatales.
Pese a las diferencias de criterio, el vicegobernador Fernando Juri negó que haya un distanciamiento con el PE. "El Poder Legislativo es un poder independiente y como tal toma sus propias decisiones frente a los deseos del Gobierno o de la Justicia. Podemos disentir, pero esto no significa de ninguna manera poner piedras en el camino", destacó.
Juri investigará a quienes lo atacan
El vicegobernador Fernando Juri ratificó ayer que está dispuesto a investigar a los autores de los panfletos anónimos que lo agraviaron en las últimas semanas y estimó que los libelos habrían sido realizados por quienes se oponen a los cambios que está impulsando desde la Legislatura.
"Atacan a la Cámara porque le cambiamos la tónica, el rumbo y parece que a muchos les molesta ver que se trabaja en forma ordenada, coherente y con responsabilidad", manifestó
Aunque no quiso darle entidad al hecho, Juri tuvo que responder a la consulta periodística el día después de que tomó estado público en boca del gobernador José Alperovich. El lunes, el mandatario salió a respaldar al vicegobernador por la aparición de los panfletos lanzados en el centro la semana pasada, pero que fueron rápidamente levantados por la Policía y que no llegaron a trascender.
Juri no arriesgó nombres de los posibles autores del ataque, pero precisó: "se trata de los mismos de siempre; antes usaban la metodología de las bombas y los llamados telefónicos, y ahora se dedican a difamar".
El compromiso de investigar a fondo podría motivar que Juri lleve el caso a la Justicia. Por tratarse de un delito de instancia privada, la denuncia debe ser interpuesta por el afectado ante la Cámara Penal de turno.
Los comisionados quieren ser equiparados con el gobernador
La Legislatura tratará hoy la nueva Ley de Comunas Rurales, que ampliará las facultades de los comisionados. Esta norma fue consensuada con el Poder Ejecutivo y es esperada en la Casa de Gobierno para luego avanzar en las conversaciones destinadas a firmar el "Pacto para el Crecimiento" con las 93 delegaciones del interior.
El secretario del área, Sergio Mansilla, reconoció que la sanción de la nueva norma es fundamental, porque si no se la aprueba el pacto sería de difícil o imposible cumplimiento. "La ley permitirá no tener a los comisionados atados a la burocracia. Queremos que las comunas atiendan las obras públicas para salud, educación y redes de agua", dijo.
Ayer, una treintena de comisionados, encabezados por José Gutiérrez, pidió a los legisladores que la ley incluya la autarquía financiera. Este punto fue expresamente excluido a pedido del PE. Gutiérrez afirmó que los responsables de las comunas deben estar equiparados con el gobernador o con un intendente, por haber sido también elegidos por la voluntad popular.
Los comisionados también asimismo el rechazo de un decreto de necesidad y urgencia del PE, por el cual se pretendería mantener suspendida por un año más la distribución del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). Por el contrario, pidieron poder contar con esos recursos.
A favor del Gobierno
Los legisladores, en la sesión llamada para las 8, acordaron aprobar el proyecto que le permitirá al Gobierno efectuar compras de insumos en origen, y así efectuar ahorros. También se mantendrá hasta fin de año la emergencia en el transporte público de pasajeros.
Otro tema en análisis a pedido del PE es la modificación de la ley del Instituto de Prevención y Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), por el cual se modificará la distribución de los fondos que recauda en habilitaciones y multas. Con los cambios, el IPLA retendrá el 60% de los ingresos, y el 40% restante será para la Secretaría de Prevención de las Adicciones.
Las bancadas oirán el reclamo de la Cámara Inmobiliaria y rechazarán el veto del Gobierno a la ley que obligaba a realizar una inscripción en un registro de quienes trabajan en ese rubro. Por último, habilitarán al PE para que cancele las deudas por el Bono Solidario (BOSO) con los títulos Consadep y aprobarán un pedido para que la Nación cancele la deuda por el alojamiento de presos federales.
El primer golpe al PE será la devolución del decreto firmado por el gobernador José Alperovich y por el ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, quienes disponían un nuevo régimen tarifario, regresando al sistema de liquidación compuesto de la ex Dipos.
Formalmente, los legisladores rechazarán la norma por considerar que no está justificada la necesidad y urgencia para su sanción, y exigirán un proyecto de ley para su estudio detallado. Hasta tanto, se prorrogará la actual escala.
Pero, al mismo tiempo, el oficialismo lanzará la señal de que no habrá cheque en blanco al PE para que modifique las tarifas en forma discrecional. En el artículo 4 del decreto objetado, se fijaba un coeficiente que podía ser actualizado por el Gobierno cuando se produzcan variaciones de precios en los gastos de operación y mantenimiento de los servicios.
Los integrantes del PJ consideraron que esa redacción dejaba mucho margen de acción al referirse a cualquier modificación que se produjese (como, por ejemplo, la decisión de nuevas inversiones), pese a que otros artículos del decreto se referían a una reducción en las tarifas mínimas.
El dictamen de rechazo fue unánime en la comisión de Obras y Servicios Públicos que preside José Teri, en una reunión en la que se recordó que en una reciente ley se dispuso que las empresas privatizadas no podían aumentar las tarifas.
Los traslados
Los legisladores oficialistas y opositores acordaron también que en la sesión de hoy, citada para las 8, se dispondrá que el traslado del personal público sólo podrá concretarse previo acuerdo expreso del empleado que sea afectado. El PE pretendía que esa transferencia se pudiera realizar sin necesidad de consentimiento.
El gobernador José Alperovich justificó ayer su pedido. "Necesito imperiosamente el traslado de los estatales para hacer más efectivo al Estado", sostuvo al visitar el Centro de Salud.
Los bloques, en cambio, recibirán el reclamo de los gremios estatales.
Pese a las diferencias de criterio, el vicegobernador Fernando Juri negó que haya un distanciamiento con el PE. "El Poder Legislativo es un poder independiente y como tal toma sus propias decisiones frente a los deseos del Gobierno o de la Justicia. Podemos disentir, pero esto no significa de ninguna manera poner piedras en el camino", destacó.
Juri investigará a quienes lo atacan
El vicegobernador Fernando Juri ratificó ayer que está dispuesto a investigar a los autores de los panfletos anónimos que lo agraviaron en las últimas semanas y estimó que los libelos habrían sido realizados por quienes se oponen a los cambios que está impulsando desde la Legislatura.
"Atacan a la Cámara porque le cambiamos la tónica, el rumbo y parece que a muchos les molesta ver que se trabaja en forma ordenada, coherente y con responsabilidad", manifestó
Aunque no quiso darle entidad al hecho, Juri tuvo que responder a la consulta periodística el día después de que tomó estado público en boca del gobernador José Alperovich. El lunes, el mandatario salió a respaldar al vicegobernador por la aparición de los panfletos lanzados en el centro la semana pasada, pero que fueron rápidamente levantados por la Policía y que no llegaron a trascender.
Juri no arriesgó nombres de los posibles autores del ataque, pero precisó: "se trata de los mismos de siempre; antes usaban la metodología de las bombas y los llamados telefónicos, y ahora se dedican a difamar".
El compromiso de investigar a fondo podría motivar que Juri lleve el caso a la Justicia. Por tratarse de un delito de instancia privada, la denuncia debe ser interpuesta por el afectado ante la Cámara Penal de turno.
Los comisionados quieren ser equiparados con el gobernador
La Legislatura tratará hoy la nueva Ley de Comunas Rurales, que ampliará las facultades de los comisionados. Esta norma fue consensuada con el Poder Ejecutivo y es esperada en la Casa de Gobierno para luego avanzar en las conversaciones destinadas a firmar el "Pacto para el Crecimiento" con las 93 delegaciones del interior.
El secretario del área, Sergio Mansilla, reconoció que la sanción de la nueva norma es fundamental, porque si no se la aprueba el pacto sería de difícil o imposible cumplimiento. "La ley permitirá no tener a los comisionados atados a la burocracia. Queremos que las comunas atiendan las obras públicas para salud, educación y redes de agua", dijo.
Ayer, una treintena de comisionados, encabezados por José Gutiérrez, pidió a los legisladores que la ley incluya la autarquía financiera. Este punto fue expresamente excluido a pedido del PE. Gutiérrez afirmó que los responsables de las comunas deben estar equiparados con el gobernador o con un intendente, por haber sido también elegidos por la voluntad popular.
Los comisionados también asimismo el rechazo de un decreto de necesidad y urgencia del PE, por el cual se pretendería mantener suspendida por un año más la distribución del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). Por el contrario, pidieron poder contar con esos recursos.
A favor del Gobierno
Los legisladores, en la sesión llamada para las 8, acordaron aprobar el proyecto que le permitirá al Gobierno efectuar compras de insumos en origen, y así efectuar ahorros. También se mantendrá hasta fin de año la emergencia en el transporte público de pasajeros.
Otro tema en análisis a pedido del PE es la modificación de la ley del Instituto de Prevención y Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), por el cual se modificará la distribución de los fondos que recauda en habilitaciones y multas. Con los cambios, el IPLA retendrá el 60% de los ingresos, y el 40% restante será para la Secretaría de Prevención de las Adicciones.
Las bancadas oirán el reclamo de la Cámara Inmobiliaria y rechazarán el veto del Gobierno a la ley que obligaba a realizar una inscripción en un registro de quienes trabajan en ese rubro. Por último, habilitarán al PE para que cancele las deudas por el Bono Solidario (BOSO) con los títulos Consadep y aprobarán un pedido para que la Nación cancele la deuda por el alojamiento de presos federales.
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