El nuevo retiro voluntario regirá sólo por seis meses

Los empleados estatales de cualquier dependencia podrán acogerse al régimen del retiro voluntario temporario dentro de los 6 meses desde que esté en marcha el nuevo sistema. Este tope innova en el régimen vigente desde la última parte de la gestión de Julio Miranda, que no ponía plazo para la opción.De obtener el beneficio, los estatales percibirán el 70% del sueldo de un trabajador público en actividad durante los próximos cuatro años. Vencido ese lapso, podrán reintegrarse a las funciones que desempeñaban o prorrogar el estado de retiro por otro período igual.
La nueva ley fue aprobada en la última sesión de la Legislatura (diciembre de 2003), pero aún no entró en vigencia. Es modificatoria de la norma aprobada por la anterior Cámara en octubre y reemplazó un decreto de necesidad y urgencia enviado por el Poder Ejecutivo. Comenzará a regir luego de que se la reglamente, y los trabajadores públicos podrán ejercer la opción sólo dentro de los 180 días desde su publicación en el Boletín Oficial.
En su propuesta, el PE se opuso a que la ley sea de carácter permanente, como estaba fijado en la anterior legislación. Remarcó que el retiro es un régimen de excepción.
El objetivo del Gobierno es descomprimir la planta de personal que concurre todos los días a sus oficinas. En las planillas de liquidación seguirán figurando los retirados, pero el Estado producirá ahorros al pagar un 30% menos de los sueldos y al gastar menos insumos en las tareas cotidianas. La norma prohíbe la cobertura de las vacantes. El PE contemplaba una antigüedad mínima de cinco años en la función pública para poder retirarse, que fue reducida a tres años por los legisladores.
No podrán beneficiarse con este régimen los empleados del Sistema Provincial de Salud, los trabajadores interinos, los docentes, los agentes de la Policía ni quienes se desempeñan en cargos superiores (desde jefaturas hacia arriba en la grilla de personal), entre otros casos. Pero se abarca a todos los empleados temporarios que gocen de estabilidad.
Las solicitudes de retiro deberán ser aprobadas por el inmediato superior del solicitante en cada repartición, que deberá expedirse en los 30 días de presentada. El régimen permitiría el retiro de ex directores y personal jerárquico de la anterior gestión que volvieron a sus cargos de origen pero que no tienen asignadas funciones.

Racionalidad
En la justificación de su decreto de reforma de la ley 7.311, el gobernador José Alperovich y el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, explicaron a la Legislatura que necesitaban una normativa que conjugue del modo "más armónico posible la economía para el Estado en el marco de la actual emergencia con los lógicos y respetables intereses de los trabajadores de obtener un retiro en condiciones atractivas y provechosas". El decreto no fue ratificado por los legisladores, quienes prefirieron sancionar una ley específica sobre la materia, pero se contemplaron muchas de sus previsiones en el dictamen de la comisión de Legislación Social finalmente sancionado en el recinto.
El mandatario y su ministro político resaltaron que se contemplan para el cálculo salarial los adicionales habituales en un período de tiempo razonable, y que no se permite efectuar ajustes sobre ellos en el futuro. Por este motivo, sólo se reconocerán aquellos ítems especiales que hayan sido cobrados por lo menos en 10 de los 12 últimos meses. De este modo, pretendieron evitar situaciones de inequidad que podrían darse respecto de los agentes que continúen en actividad, en caso de que sus haberes quedasen relegados en comparación con los trabajadores retirados.