El Concejo se enfrenta con el intendente

"Defenderemos el patrimonio municipal"

Fue contundente en sus términos, aunque se ocupó de cuidar las formas. Cuestionó el acuerdo Provincia-municipio, pero prefirió hacerlo sin nombrar directamente ni a Alperovich ni a Amaya.
La presidenta del Concejo Deliberante de la capital, Carolina Vargas Aignasse, resaltó el trabajo de las comisiones que estudiarán el convenio. "Se le dará un rápido tratamiento, porque es nuestra responsabilidad institucional, pero no por sometimiento o por un estado de necesidad", afirmó.
La concejala peronista remarcó que no está en contra del achique del gasto. "Se harán todos los ajustes que sean necesarios y a la vez se defenderá el patrimonio municipal que no es de propiedad del Concejo Deliberante, ni de un intendente provisorio, ni del propio gobernador, sino que es de toda la sociedad", resaltó.
Adelantó a LA GACETA que la comisión de Peticiones y Poderes -que se reunirá mañana- solicitará la opinión del fiscal de Estado de la provincia (Antonio Daniel Estofán) y del fiscal municipal (Leonardo Szachniuk). "Esas intervenciones debieron ser previas a la firma del pacto", resaltó.
Además pedirán un informe a la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y de la Universidad Nacional Santo Tomás de Aquino (Unsta). "Queremos encontrar una solución dentro del respeto a la ley y al estado de derecho", expresó.

El rol de contralor
"Transferir todos los inmuebles de la Municipalidad a la Provincia; privatizar los servicios públicos; ceder la coparticipación; delegar las facultades del municipio y darle la facultad de eliminar tasas no son temas menores que puedan ser resueltos en 24 horas. Fuimos elegidos para velar por los intereses de la comunidad y ejercer el contralor al que la ley nos obliga a actuar con responsabilidad", señaló.

Las responsabilidades
Defendió el respeto a las instituciones democráticas, "que es una obligación y no una concesión de alguien -dijo- en favor de nadie". "La autonomía municipal es una imposición de la Constitución nacional y de los gobiernos de provincia -indicó- so pena de intervención federal".
"No permitiremos que nos trasladen responsabilidades que el Gobierno provincial asumió como propias, como es el tema del apoyo económico", expresó. Además advirtió que si el Poder Ejecutivo le quita su apoyo al intendente será corresponsable de la crisis municipal. "El apoyo del Gobierno a los municipios no es una concesión graciosa, sino una obligación que le impone la Constitución nacional, la Carta Magna provincial y la ley", precisó.

Sin engaños a la gente
La edil remarcó que el "Pacto para el crecimiento" no fue rechazado, sino que fue enviado a la comisión para su tratamiento. "Hay una clara diferencia entre una cosa y la otra. Sostener lo contrario es no decir la verdad y engañar a la gente", indicó.
También resaltó el rol del Concejo Deliberante desde que asumieron los nuevos integrantes. "Hasta hoy, los concejales hemos demostrado con hechos que hicimos todo el esfuerzo necesario para dar una salida institucional al municipio. Hemos brindado todo nuestro apoyo al intendente provisorio; le otorgamos facultades especiales y hemos aprobado todos sus proyectos; por lo tanto no aceptamos que se afirmen cosas que no son ciertas", dijo.

"No hay otro caminoque aprobarlo"

Defendió el pacto que firmó con el gobernador José Alperovich. Negó que sea inconstitucional. Remarcó que sin la ayuda económica de la Provincia, la capital es inviable. Dijo que sin el acuerdo no tiene nada que hacer en el cargo, pero aclaró que es optimista en cuanto a que será aprobado.
"No hay otro camino; se tiene que aprobar. No hay margen", afirmó el intendente Domingo Amaya en un claro mensaje a los ediles. Ayer a la mañana encabezó una reunión de gabinete y luego concedió una entrevista a LA GACETA, en la que se refirió a la decisión del Concejo Deliberante de remitir a dos comisiones el llamado "Pacto para el crecimiento de Tucumán"."Hay tantas cosas por hacer, que no puedo creer en que todo este lío se produzca por el solo hecho de reducir un 35% el Presupuesto del Concejo", expresó.
Amaya definió al municipio como a un niño que todavía tiene al papá cerca para que le dé plata. E inmediatamente exhortó a los concejales a que se pongan los pantalones largos. "Si realmente queremos crecer, no tenemos que ser hipócritas. Antes ?pasilleaban? por la Casa de Gobierno para que les den plata; ahora nos dan mucho más que antes, nos apoyan en todo; pero también es lógico que nos tienen que decir: ?empiecen a crecer; reduzcan los gastos; administren mejor y paguen lo que deben?", resaltó.

No es cuestión de magia
Amaya aseguró que no le sorprendió que Alperovich haya hablado de una posible renuncia en la intendencia. "No me sorprende, porque si la Provincia no gira el dinero, ¿qué voy a quedarme a hacer?, se preguntó.
"Yo no soy mago... Si no tengo dinero para pagar los sueldos, ni para hacer obras; si no tengo los fondos para manejarme, ¿qué respuesta les voy a dar a los vecinos de la ciudad?", detalló.

Una fiesta de años
Relató que varios legisladores, que fueron intendentes del interior, se sorprendieron por la ayuda que recibió la capital de los Gobiernos anteriores. "La capital tuvo una fiesta por muchos años y ahora llegó el momento de pagarla; por eso no hay que ser hipócrita. Nos está costando mucho esfuerzo, pero se puede ver que en dos meses estamos poniendo orden y solidaridad", aseveró.
El jefe municipal rechazó los planteos de los concejales sobre violación a las Constituciones de la Nación y de Tucumán en la letra chica del acuerdo por la cesión de inmuebles a la Provincia. "El contrato con la Nueva Bolsa de Comercio es inconstitucional y nadie puso el grito en el cielo. En este caso, no le estamos cediendo a una entidad privada o a un tercero, sino al Estado provincial", precisó.
Sobre este punto, Amaya puso como ejemplo el caso del ex Mercado de Abasto. "La Municipalidad no puede acondicionar el predio, pero sí puede entregarle a la Provincia, a cambio de la deuda, para que se haga cargo y le dé utilidad. Tenemos muchos inmuebles abandonados o entregados a cualquiera, y eso no puede ser, porque podrían usarse para la atención de los niños. Hay que abrir un poco la cabeza", aconsejó.
Desde la intendencia explicaron que el Presupuesto 2003 del Concejo Deliberante fue de $ 6,2 millones. De estos, $ 5,3 millones se usaron para sueldos de personal. En tanto, se gastaron $ 740.000 en la partida de Bienes y Servicios no personales. Ahora, la poda del Presupuesto 2004, propuesta en el pacto, ronda los $ 2 millones.