"La Caja siempre se vio comprometida con la política"

Juan Carlos Veiga volvió a transitar los pasillos de la Caja Popular de Ahorros. Hace tiempo trabajó en el sector Seguros y ahora asumió la intervención de la entidad financiera que lucha por su subsistencia.
Desde su despacho del tercer piso, rodeado de papeles y casi sin poder dejar de atender el teléfono, Veiga se aísla dificultosamente de todos los ruidos de la calle. Se concentra en su objetivo de equilibrar a la Caja a través de una gestión que se diferencie de las anteriores por responder a pautas técnicas antes que políticas. Lo que no es fácil, estando al frente de una institución que responde y depende de la Casa de Gobierno. Y que muchas veces fue utilizada con fines políticos, como admitió ante LA GACETA.

-¿Se encontró con la Caja que pensaba?
-Me encontré con lo que esperaba, pero no me imaginaba que se podía haber administrado con tanta ligereza desde hace tantos años. Esto no responde a una gestión de gobierno determinada, sino a que se aplicaron criterios, conceptos u orientaciones que responden a determinados objetivos o prioridades.

-¿Cómo evaluaría la labor de Carlos Cisneros (su inmediato predecesor)?
-No voy a calificar ninguna gestión de mis antecesores, porque no es mi tarea. Cada uno sabrá cómo administró la Caja y por qué lo hizo; calificar es tarea de quienes deben controlar o juzgar una función.
-¿Hubo subsidios otorgados con objetivos políticos?
-La Caja siempre se vio comprometida con la política, porque responde y está dentro del poder político. Muchas veces tuvo que servir como una herramienta útil de la política de Estado en el buen sentido de la palabra; no es malo cuando se puede hacer.

-¿Y en el mal sentido de la política?
-Yo no voy a beneficiar a instituciones por acuerdos políticos. Si alguien pide algo en ese sentido, ya sabe mi respuesta. Nuestra gestión no va a hacer ese uso, la nuestra es una administración exclusivamente técnica, con todo dentro de la ley.

-¿Pero qué pasó antes?
-Antes debe haber habido subsidios en ese sentido; imagínese la cantidad que se otorgaron en todos estos años. Un análisis puntual de ellos nos pondría en condiciones de observar alguno, pero todos (los otorgados) siguieron su línea de legalidad y de control, y volver a estudiarlos sería entrar en un terreno de juzgamiento subjetivo.

-¿Qué acordaron con el gobernador José Alperovich cuando le ofreció ocupar este cargo?
-Cuando me ofreció la intervención, quedó en claro que debíamos tener muy clara la situación financiera y económica real. Con el balance al 30 de junio pasado observamos que la pérdida mensual se traducía en un déficit anual, que estaba disimulado en varios ejercicios anteriores (por operaciones contables). Pedimos un sinceramiento en las cifras a los mismos auditores contratados por la anterior gestión, y complementariamente la extensión de la auditoría hasta el 30 de octubre, cuando asumimos.

-¿Con qué se encontraron en esa ampliación?
-Según un informe preliminar, porque aún están elaborando el definitivo, el déficit acumulado entre junio y octubre es de $ 8 millones más. Se mantuvo el mismo nivel de gastos.

-¿Influyeron los comicios de octubre?
-No se vieron reflejados llamativamente en los resultados, no me parece que ninguna elección haya influido en la Caja, y tampoco que haya habido un corredor especial de pedidos desde la Casa de Gobierno.

-¿Cuál es su propósito?
-Hoy debemos conjugar el déficit (fue calculado en $ 18 millones en el último ejercicio) y equilibrar la Caja lo más rápido posible, con restricciones de gastos al máximo y control de los ingresos; después veremos los nuevos negocios y potencias a desarrollar. La institución es de la sociedad y no de un grupo o unos pocos. No va a ser privatizada, pero no debe depender de nadie.

Piden cambios en la ley del Siprosa
La Legislatura le dio una buena y una mala noticia a la Caja Popular de Ahorros en la última sesión de 2003. Sancionó la ley que permite su capitalización en $ 11 millones, pero también mantuvo la exigencia a la entidad de que aporte $ 400.000 por mes al Sistema Provincial de Salud.
El interventor de la institución, Juan Carlos Veiga, admitió estar preocupado por esa imposición y pidió el cambio de la ley del Siprosa. "Nos obligan a dar algo que no tenemos. La Caja no está en condiciones de efectuar ese aporte, porque inevitablemente tendremos un nuevo problema al final del ejercicio económico con nuevas deudas. No tenemos utilidades para afrontar el pago, que son $ 5 millones en el año", dijo.
El funcionario advirtió que si se insiste en afectar el patrimonio, se tendrá que recurrir otra vez al proceso de capitalización. "Los recursos de la emergencia sanitaria deben partir de otro lugar, no se puede desvestir un santo para vestir a otro", señaló.
"Siempre estuve absolutamente convencido de que la ley de capitalización se iba a promulgar, porque el texto sancionado es inobjetable y responde al proyecto enviado por el PE, preparado en la Secretaría de Hacienda. Su redacción resulta de gran beneficio para la institución. Existe una acción conjunta de todos los sectores para rescatar a la Caja en un momento de dificultad", afirmó, para terminar de aventar la idea de que el gobernador José Alperovich iba a vetarla.
Veiga confirmó que el Poder Ejecutivo adelantó $ 3 millones de la capitalización durante la gestión de Julio Miranda. Señaló también que, de la compensación de las deudas entre la Caja y el Gobierno, quedaría un saldo de unos $ 12,6 millones a favor del PE. "Luego de definirlo, deberemos convenir cómo se cancela esa diferencia dentro de nuestras posibilidades. No descarto ninguna forma", afirmó.

Crecen los depósitos y los ingresos
"La Caja Popular de Ahorros no corre riesgo de colapso. Tiene una gran capacidad y potencia para recuperarse", afirmó el interventor Juan Carlos Veiga.
Los resultados de sus primeros dos meses de gestión le aumentaron la confianza. Se registraron aumentos de los depósitos en plazo fijo y caja de ahorro y en los ingresos netos por la quiniela, luego de pagar los premios. Al mismo tiempo, se redujeron sensiblemente los gastos de la entidad financiera (en diciembre fueron $ 800.000 menos que en octubre) y la entrega de subsidios.
Uno de los rubros más afectados en el recorte de erogaciones fueron las horas extras, pese a lo cual Veiga aseguró que mantiene el apoyo de todo el personal.
"La situación patrimonial de la institución es de sensible disminución patrimonial en los últimos ejercicios, que responde a diversas causas, como la situación del país desde 2001 y la pesificación. Pero además, las administraciones anteriores no fueron rigurosas en la gestión del gasto. La Caja sigue siendo confiable, y prácticamente no tenemos ningún reclamo por el corralito", señaló.
El interventor admitió que estudia el cierre de las sucursales que son deficitarias fuera de la provincia. La Caja tiene oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Salta, entre otros puntos. "Aunque no sean rentables, las sucursales que están en Tucumán se justifican y seguiremos presentes, pero en otros lugares no es así. Estamos esperando un informe sobre el estado y la actuación de cada una, pero en todos los casos vamos a redistribuir el personal", sostuvo.
"Le hemos pedido al Poder Ejecutivo recuperar el cobro de los impuestos, que ahora está en manos del Banco del Tucumán", señaló. Veiga adelantó que se buscará que el Hipódromo no dé pérdidas con nuevas actividades, y que hacia fin de año se definirá si se renueva el contrato o se lo devuelve al Jockey, que es el concesionario.