El desafío es reconciliar a la producción con los bancos

Después del importante repunte de la economía durante 2003, uno de los desafíos más importantes para este año pasa por reconciliar al sector productivo con el financiero. Este hecho es imprescindible para que el país inicie un proceso de crecimiento.
Desde hace varias décadas persiste en la economía argentina una suerte de divorcio entre el sistema productivo y el sistema financiero, lo cual es un obstáculo para el desarrollo. En efecto, durante la primera mitad de los años setenta predominaron las regulaciones de tasas de interés y el crédito estaba fuertemente condicionado. Esto impidió que sea una verdadera herramienta para el desarrollo.
En la segunda mitad de la década, tras la liberalización del sistema financiero, la política económica predominante, de preanuncio de la tasa de devaluación de la moneda nacional respecto del dólar y en un contexto de alta inflación y de puja tasa-dólar, hizo que el crédito tampoco sea una herramienta para las actividades productivas.
Tampoco existía un desarrollo de los criterios para medir objetivamente el riesgo crediticio de las actividades productivas, lo que hacía que los préstamos fueran otorgados sin tener en cuenta el retorno de la inversión. Sus efectos se sentían en forma negativa sobre la calidad de las carteras crediticias y hacía insolvente a los bancos.
En los 80, el sistema financiero se caracterizó por sus altos costos operativos y la inflación hacían que fuera complicado proyectar ingresos y costos de las empresas. La consecuencia fue que subió el riesgo de cobrabilidad de los préstamos y a ese factor se sumaron ciertas inconsistencias macroeconómicas. Entonces aumentó el costo del crédito e impidió a las empresas tener un adecuado financiamiento para sus proyectos.
El "Plan Bonex" de comienzo de los 90, a través del cual la deuda del Banco Central con los bancos y los depósitos de los particulares fue convertida en bonos externos marcó el fin del modelo de sistema financiero de entonces. A partir de ese shock redistributivo que afectó los derechos de propiedad, lo que implicó una abrupta caída de la masa monetaria (los fondos depositados fueron convertidos en bonos del Estado). Entonces se inició un proceso de cambio en el sistema bancario. Inicialmente se contempló la reforma de la Carta Orgánica del Central, la cual tuvo como principales ejes el reafirmar su autarquía y su independencia del Poder Ejecutivo.En el marco de este proceso de rediseño del sistema bancario se introdujeron normas para alinearlo con los estándares internacionales. De esta forma los bancos empezaron a considerar más seriamente la evaluación del riesgo para disminuirlo, así como el costo del crédito en un contexto de mayor competencia y estabilidad de precios.
Y a partir de la segunda mitad de los 90 y con el fin de superar la difícil coyuntura, se hicieron cambios en el marco regulatorio para asegurar la solvencia del sistema. Pero pese al fuerte desarrollo de la actividad de intermediación de los 90, el sector productivo siguió sin tener un adecuado acceso al crédito. Se terminó financiando al Estado y explotó la bomba, por lo tanto el desafío vuelve a plantearse.

La evaluación del riesgo

En los 90 se rediseñó el sistema financiero, ajustado a los códigos mundiales. De allí que, la norma de "Requerimiento de Capitales Mínimos" que exige a los bancos dividir y ponderar los activos de acuerdo con el riesgo implícito de los mismos, hizo que las carteras más riesgosas -que por lo tanto tienen una mayor tasa de interés- fueran respaldadas por una proporción mayor de capital propio. Así comenzó una exhaustiva como celosa evaluación del riesgo en el sistema financiero, que frenó en parte los préstamos.