Veiga quiere hacer valer la ley y no pelear con la mafia

Los actuales concesionarios de las máquinas tragamonedas prorrogaron sus contratos con la Caja Popular de Ahorros por una década más, hasta setiembre de 2013. La continuidad fue firmada el año pasado por el ex presidente de la entidad, Carlos Cisneros, apenas un mes antes de abandonar el cargo.
El actual interventor de la Caja, Juan Carlos Veiga, se enteró de la prórroga cuando asumió esa conducción. "No sabíamos nada de esto, pero hay que aprender a respetar la letra del contrato aunque parezca excesivo. No puedo generar un daño futuro tomando una resolución apresurada o fuera de la ley", señaló a LA GACETA.
El funcionario admitió que el contrato autoriza a renegociar el canon por máquina, objetivo declarado por el gobernador José Alperovich, quien quiere que se pase de los $ 250 actuales a futuros $ 600. El monto no se modifica desde hace años, pese a los cambios económicos nacionales y a la salida de la convertibilidad.
"Si me parece que el canon no es el que corresponde, debo bregar por uno superior, para lo cual debo utilizar todas las armas disponibles. No tengo que enfrentarme con mafias, debo hacer valer y cumplir la ley; y si alguien no la cumple, es problema de él", resaltó.
Veiga confirmó que, en inspecciones conjuntas con la Dirección General de Rentas, se detectaron 35 tragamonedas que no estaban declaradas. Pero consideró que es más grave el hecho de que en varios locales no se habían contratado los seguros obligatorios con la entidad, tal como lo impone el contrato de concesión, lo que genera un serio perjuicio económico. Por esas irregularidades, el equipo jurídico evalúa una sanción, que podría llegar hasta la revocación de la autorización. "Haré lo que me aconsejen las áreas técnicas", adelantó.

Salas del Estado
Tras un contacto con Alperovich, confirmó: "está la idea de habilitar dos grandes salas de juego para transparentar la actividad y generar mayores ingresos, pero no se definió nada todavía". También señaló que hay varios interesados en tomar la administración del Casino como parte de un proyecto de inversión importante, con hotelería y salas de convenciones. "La decisión política sobre el Casino la tiene que tomar el PE, que es su dueño. El personal tiene garantizada su estabilidad", destacó.
El funcionario defendió la ley de compensación de deudas con el PE y de capitalización de la entidad crediticia, cuyo posible veto fue descartado. Y destacó que logró achicar el déficit de la institución en más de $ 400.000 desde que asumió.