14 Enero 2004 Seguir en 
La FET se quejó ante el ministro de Economía, Jorge Jiménez, por la pretensión de la Dirección General de Rentas (DGR) de gravar con el Impuesto a la Salud Pública las sumas de dinero abonadas en concepto de asignación no remunerativa establecidas en el decreto nacional 905/03 ($ 200).
El presidente de la FET, Humberto Sánchez, y el secretario general de la entidad, Ricardo Fernández, trasladaron a Jiménez quejas recibidas de empresas asociadas a la institución.
Los dirigentes recordaron que la de los $ 200 es una asignación definida como no remunerativa por el decreto de creación, y que esta es una legislación de fondo, de orden jerárquico superior a cualquier norma provincial de índole laboral. "La DGR alega que un dictamen de su asesoría jurídica interpreta que se trata del proceder correcto. No es posible que el afán recaudatorio lleve a estas situaciones de injusticia", remarcó la central empresaria. Por este motivo, Sánchez y Fernández solicitaron al ministro las medidas correctivas del caso.
Referencias
Los dirigentes subrayaron que el artículo 324 de la Ley de Contrato de Trabajo no incluye las asignaciones no remunerativas en el concepto de retribución por el trabajo personal. Tampoco el artículo 325 (conceptos también alcanzados), ni el 326 (remuneraciones acreditadas) hacen referencia alguna a los pagos no remunerativos.
"De acuerdo con la alegre interpretación de la DGR -prosigue la FET-, estos artículos son prescindibles, pues alegan que las retribuciones al trabajo personal incluyen tanto las remunerativas como las que no lo son".
La legislación de creación de la remuneración de los $ 200 sostiene que el carácter asignado es para no encarecer los costos empresarios; la DGR hace abstracción de ello.
Por último, la FET recuerda que el Impuesto a la Salud Pública constituye, junto con Sellos e Ingresos Brutos, la trilogía de gravámenes que la Provincia persiste en mantener, incumpliendo a sabiendas el Pacto Fiscal, al tiempo que se pregona promocionar el empleo y la inversión. "Es un contrasentido que debe remediarse, so pena de estar promocionando las ventajas de tomar personal al margen de las leyes", concluyó.
El presidente de la FET, Humberto Sánchez, y el secretario general de la entidad, Ricardo Fernández, trasladaron a Jiménez quejas recibidas de empresas asociadas a la institución.
Los dirigentes recordaron que la de los $ 200 es una asignación definida como no remunerativa por el decreto de creación, y que esta es una legislación de fondo, de orden jerárquico superior a cualquier norma provincial de índole laboral. "La DGR alega que un dictamen de su asesoría jurídica interpreta que se trata del proceder correcto. No es posible que el afán recaudatorio lleve a estas situaciones de injusticia", remarcó la central empresaria. Por este motivo, Sánchez y Fernández solicitaron al ministro las medidas correctivas del caso.
Referencias
Los dirigentes subrayaron que el artículo 324 de la Ley de Contrato de Trabajo no incluye las asignaciones no remunerativas en el concepto de retribución por el trabajo personal. Tampoco el artículo 325 (conceptos también alcanzados), ni el 326 (remuneraciones acreditadas) hacen referencia alguna a los pagos no remunerativos.
"De acuerdo con la alegre interpretación de la DGR -prosigue la FET-, estos artículos son prescindibles, pues alegan que las retribuciones al trabajo personal incluyen tanto las remunerativas como las que no lo son".
La legislación de creación de la remuneración de los $ 200 sostiene que el carácter asignado es para no encarecer los costos empresarios; la DGR hace abstracción de ello.
Por último, la FET recuerda que el Impuesto a la Salud Pública constituye, junto con Sellos e Ingresos Brutos, la trilogía de gravámenes que la Provincia persiste en mantener, incumpliendo a sabiendas el Pacto Fiscal, al tiempo que se pregona promocionar el empleo y la inversión. "Es un contrasentido que debe remediarse, so pena de estar promocionando las ventajas de tomar personal al margen de las leyes", concluyó.
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