El reclamo que los dirigentes del Frente de Gremios Estatales realizará ante el gobernador José Alperovich, en la reunión de hoy a las 18, girará sobre cuatro ejes. El primer punto será una mejora salarial por recomposición o por equiparación de las asignaciones familiares con las nacionales. Además, los dirigentes pedirán la normalización del Subsidio de Salud y se pronunciarán en contra de la prórroga de la ley que permite el traslado de personal sin consentimiento, tal como quiere el gobernador. Por último, exigirán participar en la distribución de los programas sociales y tener un cupo en los planes de vivienda.
Alperovich descartará de plano la alternativa de un aumento de sueldos, debido al reciente pacto firmado con la Nación; pero sobre la equiparación no tendrá muchos argumentos. Ocurre que ese tema es ley de la provincia desde 1993.
Esta irregularidad fue descubierta por el legislador del Frente Cívico Gobernador Celestino Gelsi, Roberto Palina, con quien se reunieron ayer los referentes sindicales estatales. Un proyecto presentado por el radical exige al Poder Ejecutivo la aplicación de la norma.
El 11 de junio de 1993, la Legislatura votó en favor de que Tucumán pague el mismo monto de asignaciones familiares que la Nación. La ley fue vetada por Ramón Ortega, e insistida, por unanimidad, el 8 de octubre de ese año; en la misma sesión en que se aprobó el traspaso del sistema previsional.
Ortega nunca la numeró ni publicó, lo que fue imitado por Antonio Bussi y por Julio Miranda. Esto impide su ejecución.
Alperovich descartará de plano la alternativa de un aumento de sueldos, debido al reciente pacto firmado con la Nación; pero sobre la equiparación no tendrá muchos argumentos. Ocurre que ese tema es ley de la provincia desde 1993.
Esta irregularidad fue descubierta por el legislador del Frente Cívico Gobernador Celestino Gelsi, Roberto Palina, con quien se reunieron ayer los referentes sindicales estatales. Un proyecto presentado por el radical exige al Poder Ejecutivo la aplicación de la norma.
El 11 de junio de 1993, la Legislatura votó en favor de que Tucumán pague el mismo monto de asignaciones familiares que la Nación. La ley fue vetada por Ramón Ortega, e insistida, por unanimidad, el 8 de octubre de ese año; en la misma sesión en que se aprobó el traspaso del sistema previsional.
Ortega nunca la numeró ni publicó, lo que fue imitado por Antonio Bussi y por Julio Miranda. Esto impide su ejecución.







