El Tribunal de Cuentas dispuso realizar una comprobación sumaria en la Secretaría de Desarrollo Social, para determinar la utilización de $ 40.000 del plan nacional Políticas Sociales Comunitarias (Posoco). Los fondos estaban destinados a la compra de bolsones para sectores de escasos recursos, pero se detectaron irregularidades administrativas que pusieron en duda la real entrega de los alimentos.
El acuerdo 1.730 fue firmado el 16 de diciembre de 2003 por Darío Domingo de Prada, Miguel Chaibén Terraf y Sergio Díaz Ricci. Se refiere a la aplicación de los recursos nacionales en agosto pasado, en particular a una compra de 2.600 packs de mercadería para ser entregadas a familias, grupos y personas en estado de extrema pobreza. La operación fue aprobada el 16 de octubre último en Desarrollo Humano.
Sin embargo, los contadores fiscales del Tribunal detectaron una serie de anomalías, entre las que destacaron la existencia de recibos por los alimentos que tenían una fecha anterior a los remitos entregados a las respectivas entidades encargadas de distribuir los bolsones; recibos que pertenecen a talonarios que no guardan correlatividad numérica con esas entregas; y recibos que no presentan rendición de beneficiarios.
Por este motivo, el Tribunal decidió realizar la comprobación, que se concretará en la sede del organismo de control, con el objetivo de determinar si se produjo daño al patrimonio del Estado y deslindar las responsabilidades de los funcionarios y/o empleados intervinientes.
El relevamiento estará a cargo del abogado fiscal Guillermo Kutter, quien deberá elevar las conclusiones en un plazo de 60 días a contar desde el final de la feria de verano en el Tribunal de Cuentas.
El acuerdo 1.730 fue firmado el 16 de diciembre de 2003 por Darío Domingo de Prada, Miguel Chaibén Terraf y Sergio Díaz Ricci. Se refiere a la aplicación de los recursos nacionales en agosto pasado, en particular a una compra de 2.600 packs de mercadería para ser entregadas a familias, grupos y personas en estado de extrema pobreza. La operación fue aprobada el 16 de octubre último en Desarrollo Humano.
Sin embargo, los contadores fiscales del Tribunal detectaron una serie de anomalías, entre las que destacaron la existencia de recibos por los alimentos que tenían una fecha anterior a los remitos entregados a las respectivas entidades encargadas de distribuir los bolsones; recibos que pertenecen a talonarios que no guardan correlatividad numérica con esas entregas; y recibos que no presentan rendición de beneficiarios.
Por este motivo, el Tribunal decidió realizar la comprobación, que se concretará en la sede del organismo de control, con el objetivo de determinar si se produjo daño al patrimonio del Estado y deslindar las responsabilidades de los funcionarios y/o empleados intervinientes.
El relevamiento estará a cargo del abogado fiscal Guillermo Kutter, quien deberá elevar las conclusiones en un plazo de 60 días a contar desde el final de la feria de verano en el Tribunal de Cuentas.







