Un grupo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) solicitó al Gobierno que rectifique la decisión de eliminar el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) del proceso de selección de jueces.
Faro Ciudadano, Cabildo Abierto, el Centro de Estudios para el Crecimiento de Tucumán y Foro Ciudadano plantearán en conjunto su postura -por escrito- ante el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, según lo anunciaron Fernando Díaz Nadal, Pablo Cerviño, Pablo Berarducci e Ireneusz Zygmunt.
Los dirigentes remarcaron que el ministro confundió a la ciudadanía al establecer una supuesta similitud con la designación de Eugenio Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "El decreto nacional tiene como fin escuchar la opinión de la ciudadanía y no elimina al CAM. A nivel nacional se establece escuchar la opinión de la sociedad civil sobre los candidatos para la Corte, en cambio el gobierno tucumano no usará ese método y elegirá a dedo a los miembros del alto tribunal", resaltaron.
"La única similitud que habría entre ambos decretos es que ninguno reglamenta mecanismos para que influya la opinión de la sociedad civil", explicaron.
Quieren que organismos de derechos humanos controlen entes del Estado
El secretario de Derechos Humanos, Bernardo Lobo Bugeau, presentó un proyecto de ley para que se autorice a los organismos de derechos humanos a efectuar visitas programadas a orfelinatos, hogares de niños, institutos correccionales, cárceles, geriátricos y hospitales psiquiátricos con dependencia estatal, con finalidades preventivas y para una mejor articulación en el cumplimiento de los derechos fundamentales. Podrán hacerlo aquellas instituciones acreditadas en el registro único provincial.
Lobo Bugeau entiende que la tarea será para verificar del efectivo cumplimiento d elos derechos de los alojados en esas reparticiones y que tienen que con las condiciones de vida digna, una alimentación acorde con la edad y con una atención sanitaria adecuada. Este control estará dado por la especialidad de área y teniendo en consideración la trayectoria profesional de la organización humanitaria que pretenda efectuar una intervención con finalidades de observación en una dependencia estatal.
"Es necesario devolver al Estado un rol de planificación y en ese sentido es vital la experiencia desarrollada por organismos que bregan por la contención social, la no exclusión y la protección humana", finalizó.
Faro Ciudadano, Cabildo Abierto, el Centro de Estudios para el Crecimiento de Tucumán y Foro Ciudadano plantearán en conjunto su postura -por escrito- ante el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, según lo anunciaron Fernando Díaz Nadal, Pablo Cerviño, Pablo Berarducci e Ireneusz Zygmunt.
Los dirigentes remarcaron que el ministro confundió a la ciudadanía al establecer una supuesta similitud con la designación de Eugenio Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "El decreto nacional tiene como fin escuchar la opinión de la ciudadanía y no elimina al CAM. A nivel nacional se establece escuchar la opinión de la sociedad civil sobre los candidatos para la Corte, en cambio el gobierno tucumano no usará ese método y elegirá a dedo a los miembros del alto tribunal", resaltaron.
"La única similitud que habría entre ambos decretos es que ninguno reglamenta mecanismos para que influya la opinión de la sociedad civil", explicaron.
Quieren que organismos de derechos humanos controlen entes del Estado
El secretario de Derechos Humanos, Bernardo Lobo Bugeau, presentó un proyecto de ley para que se autorice a los organismos de derechos humanos a efectuar visitas programadas a orfelinatos, hogares de niños, institutos correccionales, cárceles, geriátricos y hospitales psiquiátricos con dependencia estatal, con finalidades preventivas y para una mejor articulación en el cumplimiento de los derechos fundamentales. Podrán hacerlo aquellas instituciones acreditadas en el registro único provincial.
Lobo Bugeau entiende que la tarea será para verificar del efectivo cumplimiento d elos derechos de los alojados en esas reparticiones y que tienen que con las condiciones de vida digna, una alimentación acorde con la edad y con una atención sanitaria adecuada. Este control estará dado por la especialidad de área y teniendo en consideración la trayectoria profesional de la organización humanitaria que pretenda efectuar una intervención con finalidades de observación en una dependencia estatal.
"Es necesario devolver al Estado un rol de planificación y en ese sentido es vital la experiencia desarrollada por organismos que bregan por la contención social, la no exclusión y la protección humana", finalizó.







