Las diferencias entre los legisladores oficialistas y opositores por la supresión del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) serían dejadas de lado para modificar el régimen de tratamiento de los pliegos de postulantes a la Justicia, cuando lleguen a instancia parlamentaria.
Los cambios proyectados no alterarían el sistema de selección previa pautado por el Poder Ejecutivo, que mantendrá el régimen de inscripción en un registro general e impugnación pública de los anotados.
En la última sesión, los legisladores se comprometieron verbalmente con Rodolfo Ocaranza (PJ) a tratar su proyecto de modificación del mecanismo de análisis interno de cada pliego. El oficialista quiere que las entrevistas con cada candidato a ser juez sean públicas en vez de reservadas, que los dictámenes de la comisión de Acuerdos sean fundados y que el público pueda participar del momento de votación en el recinto. Hasta hoy, esta instancia era secreta y sólo se autorizaba la presencia de la prensa. Además, postula que los legisladores puedan fundamentar su voto afirmativo o negativo. "Intento que la Cámara sea más transparente y responsable de cada uno de sus actos. Espero que el PE demuestre con hechos que está buscando la mejor Justicia posible", dijo.
El otro proyecto en tratamiento parlamentario pertenece al opositor Pedro Stordeur (Frente Anticorrupción), quien impulsa "un concurso público de antecedentes y oposición para la cobertura de vacantes, para que se separe la política de la Justicia". "Con los cambios dispuestos, el PE hace participar a la ciudadanía, y la Legislatura debe completar ese mensaje con la sanción de este proyecto, asumiendo un rol activo y positivo", señaló.
Pero esta moción no cuenta con el aval del PJ, que la considera como una intromisión al mecanismo dispuesto por el gobernador José Alperovich.
Sin razonabilidad
El legislador bussista Carlos Canevaro afirmó: "la decisión de Alperovich carece de razonabilidad jurídica y es sólo política; no marca ningún camino para la transparencia y la división de los poderes".
"El CAM mereció elogiosos conceptos de toda la sociedad, pese a que hubo escollos que debió ir sorteando", resaltó. "El único sustento para su supresión es el beneficio político del Gobierno", se quejó.
Los cambios proyectados no alterarían el sistema de selección previa pautado por el Poder Ejecutivo, que mantendrá el régimen de inscripción en un registro general e impugnación pública de los anotados.
En la última sesión, los legisladores se comprometieron verbalmente con Rodolfo Ocaranza (PJ) a tratar su proyecto de modificación del mecanismo de análisis interno de cada pliego. El oficialista quiere que las entrevistas con cada candidato a ser juez sean públicas en vez de reservadas, que los dictámenes de la comisión de Acuerdos sean fundados y que el público pueda participar del momento de votación en el recinto. Hasta hoy, esta instancia era secreta y sólo se autorizaba la presencia de la prensa. Además, postula que los legisladores puedan fundamentar su voto afirmativo o negativo. "Intento que la Cámara sea más transparente y responsable de cada uno de sus actos. Espero que el PE demuestre con hechos que está buscando la mejor Justicia posible", dijo.
El otro proyecto en tratamiento parlamentario pertenece al opositor Pedro Stordeur (Frente Anticorrupción), quien impulsa "un concurso público de antecedentes y oposición para la cobertura de vacantes, para que se separe la política de la Justicia". "Con los cambios dispuestos, el PE hace participar a la ciudadanía, y la Legislatura debe completar ese mensaje con la sanción de este proyecto, asumiendo un rol activo y positivo", señaló.
Pero esta moción no cuenta con el aval del PJ, que la considera como una intromisión al mecanismo dispuesto por el gobernador José Alperovich.
Sin razonabilidad
El legislador bussista Carlos Canevaro afirmó: "la decisión de Alperovich carece de razonabilidad jurídica y es sólo política; no marca ningún camino para la transparencia y la división de los poderes".
"El CAM mereció elogiosos conceptos de toda la sociedad, pese a que hubo escollos que debió ir sorteando", resaltó. "El único sustento para su supresión es el beneficio político del Gobierno", se quejó.







