El concejal José Luis Avignone le pidió al ministro de Salud, Juan Manzur, que ejerza su rol en la función pública para cancelar el funcionamiento de clínicas y sanatorios privados sin habilitación del Estado.
El edil radical denunció que de los 82 centros médicos que se instalaron en el radio de la capital, sólo 16 están habilitados por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa); es decir, un 20% del total.
Para colmo, de esos 82 establecimientos médico-asistenciales únicamente 37 figuran en Rentas Municipales. Esto significa -explicó Avignone- que sólo un 45% paga sus tributos en el municipio. Por esa razón, extendió una copia del informe al intendente Domingo Amaya.
El alerta que transmitió el edil, detalla también que sólo 25 centros médicos privados están habilitados en Dipasa, o sea el 30%.
Lo más grave, dijo Avignone, es que entre los 25 autorizados por Dipasa, hay 16 que no cuentan con habilitación del Siprosa. "Los casos deben ser investigados, porque legalmente es imposible que puedan seguir funcionando. Esto demuestra que el control del Estado no existe y que la evasión impositiva es muy elevada", afirmó Avignone.
"Quien debe velar por la salud pública es el ministerio a su cargo y hoy por no cumplir con ese cometido por inoperancia o desidia de los que pasaron por la función pública, es que tenemos esta situación de anarquía", resaltó.
Además presentó su denuncia ante la comisión de Salud de la Legislatura.
El edil radical denunció que de los 82 centros médicos que se instalaron en el radio de la capital, sólo 16 están habilitados por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa); es decir, un 20% del total.
Para colmo, de esos 82 establecimientos médico-asistenciales únicamente 37 figuran en Rentas Municipales. Esto significa -explicó Avignone- que sólo un 45% paga sus tributos en el municipio. Por esa razón, extendió una copia del informe al intendente Domingo Amaya.
El alerta que transmitió el edil, detalla también que sólo 25 centros médicos privados están habilitados en Dipasa, o sea el 30%.
Lo más grave, dijo Avignone, es que entre los 25 autorizados por Dipasa, hay 16 que no cuentan con habilitación del Siprosa. "Los casos deben ser investigados, porque legalmente es imposible que puedan seguir funcionando. Esto demuestra que el control del Estado no existe y que la evasión impositiva es muy elevada", afirmó Avignone.
"Quien debe velar por la salud pública es el ministerio a su cargo y hoy por no cumplir con ese cometido por inoperancia o desidia de los que pasaron por la función pública, es que tenemos esta situación de anarquía", resaltó.
Además presentó su denuncia ante la comisión de Salud de la Legislatura.







