Por Redacción Política
31 Diciembre 2003
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La Caja Popular de Ahorros consiguió un salvataje financiero. Los legisladores aprobaron ayer la capitalización de la entidad en $11 millones. Esto le permitirá encarar 2004 con mejores perspectivas. Las principales objeciones fueron del peronista Rolando Alfaro, quien quería que el proyecto volviera a la comisión de Hacienda hasta que haya nuevos informes acerca de cómo se utilizarán los fondos.
La postura de Alfaro no fue acompañada en los votos, pero legisladores oficialistas y opositores advirtieron que debe seguirse de cerca el manejo de los dineros de la entidad. El malestar en el bloque del PJ era notorio y Roberto Castro lo explicó. "Lo que se votó no es lo que se acordó en el bloque. Acepto la decisión de mis pares, pero no es lo pautado", afirmó. Dirigentes cercanos a él reconocieron que podría abandonar la bancada.
La noche del lunes, el bloque había resuelto que la propuesta retornara a Hacienda para profundizar los controles sobre los fondos aportados a la Caja y así evitar que la capitalización sea entendida como un cheque en blanco. Pero ayer, en una nueva reunión de la bancada (no estaban todos los legisladores del día anterior), se modificó el criterio, ante un pedido expreso del vicegobernador Fernando Juri. Este, desde su lecho de enfermo, reclamó que se votara sí o sí. En la Legislatura se decía que los descontentos pedían cargos y subsidios para tratar la ley.
Temor a viejos errores
Por la actitud cerrada del peronismo, Pedro Stordeur (Frente Anticorrupción) no logró que se pida al Poder Ejecutivo que en 30 días remita a la Legislatura el plan detallado de acción para la institución. Tuvo el apoyo del bussista Ernesto Padilla, quien manifestó su temor de que en poco tiempo más se deba realizar un nuevo aporte de fondos. "No se volverá a caer en los mismos errores. No se permitirá ninguna clase de privatización ni de tercerización", dijo el peronista José Teri.
El radical Jorge Mendía respaldó la decisión de Stordeur por considerar que la sociedad, otra vez, debe recibir los beneficios que la Caja daba a las escuelas y hospitales, y para que esta vuelva a cumplir con su misión social.
José Costanzo (FR) afirmó que ninguna institución puede permitirse estar con déficit. "La misión de la Caja está desvirtuada, porque el 80% de la cartera de morosos está conformada por 20 notables de la provincia", concluyó Alejandro Sangenis (Movimiento Nacional y Popular).
Habrá un férreo control sobre el uso de las tierras fiscales
El Gobierno podrá poner en marcha su plan de erradicación de viviendas rancho en sectores en extrema pobreza. Ayer se sancionó la emergencia social habitacional. La norma aprobada por los legisladores se distancia del proyecto original del Poder Ejecutivo, al establecer un firme control parlamentario en la utilización de las tierras fiscales para la instalación de barrios; para cada caso concreto se deberá pedir una autorización específica.
El Ejecutivo deberá pedir permiso para comprar inmuebles particulares, cosa que sólo se podrá hacer en casos excepcionales, previo dictamen de la comisión de Tasaciones de la provincia. Esta deberá expedirse sobre el precio a pagar y tendrá que constatar que en la zona no existen tierras fiscales. La expropiación deberá ajustarse a todos los requisitos legales vigentes.
En 30 días se deberá realizar un plan general de regularización, erradicación y/o consolidación de los asentamientos irregulares o barrios de emergencia. El proyecto deberá prever la construcción de escuelas o Centros de Atención Primaria de la Salud.
Los beneficios alcanzarán a personas sin vivienda, a las familias asentadas en terrenos inapropiados y a los afectados por la remodelación ferroviaria o en rutas, entre otros. El Instituto Provincial de la Vivienda será la autoridad de aplicación.
Compras directas
Los legisladores aprobaron también la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2004. Como consecuencia, se flexibilizan las exigencias administrativas para la adquisición de insumos. Esto podrá realizarse mediante compra directa tras un cotejo de precios. También se permite la contratación y la designación de personal, y el régimen podrá prorrogarse por un año más.
La justicialista Beatriz Avila reconoció que Tucumán tiene dos estigmas negativos: la desnutrición y la pobreza. "Los cambios no serán de la noche a la mañana, llevarán años, pero se están haciendo cosas para tener una mejor calidad de vida", afirmó como titular de la comisión de Salud. El peronista disidente Alejandro Sangenis destacó que la ley descentraliza definitivamente al Sistema Provincial de Salud.
Beneficio para docentes
Los 7.000 docentes interinos ya fueron titularizados. Los legisladores aprobaron ayer la norma que prevé que el régimen se ejecute mediante la Junta de Clasificaciones y no por escuela, como era el criterio del PE. Se dispuso que se realicen compensaciones de partida o una ampliación de fondos específica para afrontar las nuevas erogaciones. Las disposiciones benefician a todos los docentes de los niveles inicial, EGB 1 y EGB 2 que hayan observado el procedimiento (concurso) y figuren en el orden de méritos de la Junta de Clasificación Inicial y Primaria.
La postura de Alfaro no fue acompañada en los votos, pero legisladores oficialistas y opositores advirtieron que debe seguirse de cerca el manejo de los dineros de la entidad. El malestar en el bloque del PJ era notorio y Roberto Castro lo explicó. "Lo que se votó no es lo que se acordó en el bloque. Acepto la decisión de mis pares, pero no es lo pautado", afirmó. Dirigentes cercanos a él reconocieron que podría abandonar la bancada.
La noche del lunes, el bloque había resuelto que la propuesta retornara a Hacienda para profundizar los controles sobre los fondos aportados a la Caja y así evitar que la capitalización sea entendida como un cheque en blanco. Pero ayer, en una nueva reunión de la bancada (no estaban todos los legisladores del día anterior), se modificó el criterio, ante un pedido expreso del vicegobernador Fernando Juri. Este, desde su lecho de enfermo, reclamó que se votara sí o sí. En la Legislatura se decía que los descontentos pedían cargos y subsidios para tratar la ley.
Temor a viejos errores
Por la actitud cerrada del peronismo, Pedro Stordeur (Frente Anticorrupción) no logró que se pida al Poder Ejecutivo que en 30 días remita a la Legislatura el plan detallado de acción para la institución. Tuvo el apoyo del bussista Ernesto Padilla, quien manifestó su temor de que en poco tiempo más se deba realizar un nuevo aporte de fondos. "No se volverá a caer en los mismos errores. No se permitirá ninguna clase de privatización ni de tercerización", dijo el peronista José Teri.
El radical Jorge Mendía respaldó la decisión de Stordeur por considerar que la sociedad, otra vez, debe recibir los beneficios que la Caja daba a las escuelas y hospitales, y para que esta vuelva a cumplir con su misión social.
José Costanzo (FR) afirmó que ninguna institución puede permitirse estar con déficit. "La misión de la Caja está desvirtuada, porque el 80% de la cartera de morosos está conformada por 20 notables de la provincia", concluyó Alejandro Sangenis (Movimiento Nacional y Popular).
Habrá un férreo control sobre el uso de las tierras fiscales
El Gobierno podrá poner en marcha su plan de erradicación de viviendas rancho en sectores en extrema pobreza. Ayer se sancionó la emergencia social habitacional. La norma aprobada por los legisladores se distancia del proyecto original del Poder Ejecutivo, al establecer un firme control parlamentario en la utilización de las tierras fiscales para la instalación de barrios; para cada caso concreto se deberá pedir una autorización específica.
El Ejecutivo deberá pedir permiso para comprar inmuebles particulares, cosa que sólo se podrá hacer en casos excepcionales, previo dictamen de la comisión de Tasaciones de la provincia. Esta deberá expedirse sobre el precio a pagar y tendrá que constatar que en la zona no existen tierras fiscales. La expropiación deberá ajustarse a todos los requisitos legales vigentes.
En 30 días se deberá realizar un plan general de regularización, erradicación y/o consolidación de los asentamientos irregulares o barrios de emergencia. El proyecto deberá prever la construcción de escuelas o Centros de Atención Primaria de la Salud.
Los beneficios alcanzarán a personas sin vivienda, a las familias asentadas en terrenos inapropiados y a los afectados por la remodelación ferroviaria o en rutas, entre otros. El Instituto Provincial de la Vivienda será la autoridad de aplicación.
Compras directas
Los legisladores aprobaron también la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2004. Como consecuencia, se flexibilizan las exigencias administrativas para la adquisición de insumos. Esto podrá realizarse mediante compra directa tras un cotejo de precios. También se permite la contratación y la designación de personal, y el régimen podrá prorrogarse por un año más.
La justicialista Beatriz Avila reconoció que Tucumán tiene dos estigmas negativos: la desnutrición y la pobreza. "Los cambios no serán de la noche a la mañana, llevarán años, pero se están haciendo cosas para tener una mejor calidad de vida", afirmó como titular de la comisión de Salud. El peronista disidente Alejandro Sangenis destacó que la ley descentraliza definitivamente al Sistema Provincial de Salud.
Beneficio para docentes
Los 7.000 docentes interinos ya fueron titularizados. Los legisladores aprobaron ayer la norma que prevé que el régimen se ejecute mediante la Junta de Clasificaciones y no por escuela, como era el criterio del PE. Se dispuso que se realicen compensaciones de partida o una ampliación de fondos específica para afrontar las nuevas erogaciones. Las disposiciones benefician a todos los docentes de los niveles inicial, EGB 1 y EGB 2 que hayan observado el procedimiento (concurso) y figuren en el orden de méritos de la Junta de Clasificación Inicial y Primaria.
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