“El Estado debe hacerse cargo de la planificación urbana”

“La gente de los sectores más vulnerables tiene, como cualquiera, derecho a vivir en la ciudad, o en los lugares en los que ha podido instalarse. Lo que pasa, al menos en Buenos Aires, es que se ha dado un creciente proceso rentístico en las villas, donde vive gente que ha construido cuatro, cinco pisos, con estructura de hormigón, lo que implica cierta capacidad de inversión. Y luego subalquilan esos espacios, dándose un proceso de explotación de pobres contra pobres, a través de la captación de renta”.

La advertencia pertenece al geógrafo y urbanista Pablo Cicolella, experto en el análisis de los procesos de transformación urbana, a los que no duda en definir como “complejos”. Cicolella insiste que, por esa complejidad, el estado debe garantizar políticas públicas en por lo menos dos planos: el del ordenamiento territorial y el de la planificación urbana.

“En América Latina se han hecho muchos planes en serie. Sin embargo, esto no significa que se haya logrado un control sobre el espacio urbano”, le dijo a LA GACETA el especialista. Doctor en Geografía, Ordenamiento Territorial y Urbanismo en la Universidad de la Sorbona de París y Director del Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone”, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña además como profesor titular y adjunto en la carrera de Geografía, y en la maestría de Políticas Ambientales y Territoriales. El experto estuvo en Tucumán invitado por la Facultad de Arquirtectura y Urbanismo de la UNT, donde ofreció un curso de posgrado de su especialidad.

“Los problemas de cómo y cuándo los distintos sectores sociales se van apropiando de la ciudad deberían ser contenidos en los distintos niveles por el Estado, y no alcanzan las políticas locales para contener esos procesos”, añadió.

- ¿Cómo debe actuar el estado ante los asentamientos o villas que avanzan?

- El estado debe ordenar los conflictos entre distintos sectores en pugna. Si analizamos el fenómeno de ciertas villas, como la 31, en Buenos Aires, es impresionante cómo la villa presiona sobre la autopista que conduce al aeropuerto. El Estado debería tener más control de los espacios vacantes, pero debería también hacerse cargo para que los distintos sectores puedan convivir en la ciudad. Últimamente se han producido asentamientos en plazas en las que solían jugar los chicos de clase media baja, y de pronto la plaza se ha tornado un lugar inseguro, y no porque los pobres sean sinónimo de inseguridad, sino porque donde se instala la pobreza se enmascaran los narcotraficantes. Es necesario que se haga vivienda de interés social.

- Cuando se habla de ciudades con planificación urbana, Rosario suele estar en la agenda. Sin embargo, es tan bonita, tan aparentemente inclusiva en su espacio público, y hoy está atravesada por la violencia...

- Y... es extraño. Si bien Rosario estuvo en los años 90 entre las capitales del desempleo, ha desarrollado un modelo de gestión urbana bastante eficiente. Pero ahí está la contradicción. Si uno muestra los resultados de 10 años de gestionar en Rosario, en Porto Alegre, da la sensación de que el mercado sigue ganando la batalla, que sigue ganando el capital financiero e inmobiliario.

- Usted ha citado casos como Ecuador y Bolivia, que en cierto modo están logrando marcar una diferencia...

- Son casos bastante distintos del nuestro, porque allí hay una fuerte presencia de grupos étnicos que habían sido marginados en gran parte de la historia independiente de sus países, y que ahora están siendo revalorizados de una manera fenomenal. En Quito hay un intento de generar una forma de gobierno urbano y metropolitano mucho más abierto hacia los sectores populares; sin embargo, en el interior de las propias etnias hay conflictos. Y hay un doble conflicto, porque, en el caso de Bolivia, su actividad como productora de coca es generadora de empleo, y esa economía es aceptada por el mundo neoliberal. Eso ha logrado que el capital global se interese en Bolivia. También están sus recursos naturales, el gas... Pero, el tema es cómo se logra desarrollar políticas inclusivas sin salirse del mapa de la productividad, y de la capacidad de crecimiento y de desarrollo. En lo que tiene que ver con el desarrollo metropolitano, conciliar la inclusión con una masa de capital para generar más y mejores empleos. El que controla el suelo es el que produce ciudad. Por eso, el Estado debe hacerse fuerte, y controlar el suelo, para que a la ciudad no la termine definiendo el capital. El Estado se debe hacer cargo de los problemas que está generando la distorsión de los valores del precios del suelo, y de las formas de apropiación del suelo urbano. Si no lo hace, vamos a seguir teniendo ciudades inviables, no sustentables con graves tensiones sociales con desempleo y con deterioro genérico de las condiciones ambientales y del espacio público.