El ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, advirtió que la supresión del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) aumenta el peligro de politización del Poder Judicial, que siempre existe. "Espero que no se concrete este temor, pero hay que recordar lo que ocurría en el pasado", aseveró.
"Me gustaba el CAM, aunque debía haberse completado el sistema con el análisis de los postulantes a cubrir un cargo mediante un concurso de oposición y antecedentes. Ahora todo quedará en manos del Poder Ejecutivo y no habrá consejos", aclaró.
De Mitri admitió que el Poder Ejecutivo tiene la facultad constitucional de postular a los candidatos a cubrir vacantes judiciales. "Pero aún no se puede decir si los cambios serán positivos. El sistema de impugnación ciudadana que fija el nuevo régimen es tan amplio y general que puede no concretarse el control público que se invoca o se pretende", manifestó.
El PE afirma que ahora los ciudadanos tendrían 15 días para hacer observaciones sobre los postulantes. Pero el funcionario judicial recordó que siempre existió el período de impugnación (en el anterior sistema estaba previsto en la etapa en la que la Legislatura debía prestar acuerdo a los candidatos impulsados por el PE).
Muchas vacantes
El ministro fiscal consideró que es grave la demora en cubrir los cargos vacíos en los tribunales, especialmente en el fuero penal. "El 20 de noviembre, la Corte pidió al ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, que se postule con urgencia a los nuevos magistrados. En esos días le solicité al máximo tribunal que agilice los trámites pendientes para que se normalice la situación en las fiscalías. Las dos vacantes existentes complican mucho nuestro accionar", señaló.
"Funcionamos con la misma cantidad de unidades de investigación de delitos que hace 10 años, pese al aumento de la población y de los actos ilícitos, y a los crecientes problemas de desempleo y de pobreza, que inciden mucho. Las vacantes impiden que se den las respuestas que la sociedad reclama", protestó.
No se exige que declaren los bienes
Pese a lo anticipado hace una semana, en el Poder Ejecutivo no se exige a los interesados en ocupar vacantes en el Poder Judicial la declaración jurada de los bienes propios, ni de los de sus familiares directos.
La obligatoriedad de este requisito fue mencionada por el gobernador José Alperovich y por el ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, cuando anunciaron la supresión del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y su reemplazo por un sistema de inscripción e impugnación abierto, en el ámbito del PE.
Sin embargo, esta exigencia no figura entre los puntos que deben presentar los postulantes, cuando acerquen sus papeles al registro público que se abrirá en la Secretaría de Gobierno.
Ayer, hasta el mediodía, 40 abogados concurrieron a esa oficina, adonde llevaron un formulario donde constan los documentos indispensables. La declaración jurada no aparece en esa lista formal.
Los profesionales deben entregar una nota dirigida al secretario de Gobierno, Daniel Posse, en la cual manifiesten su expreso interés en ser magistrados. El escrito puede servir también para detallar el fuero de su especialidad.
Por aparte, deben presentar todos los datos personales (número de documento, estado civil, domicilio real y legal y fecha de nacimiento, entre otros); el currículum vitae, con certificados y diplomas acreditantes; la especificación de en cuál universidad se recibió, cuál es la antigüedad en el ejercicio del título, el número de matrícula profesional y la constancia de colegiación; y el certificado de buena conducta expedido por la Policía.
"Me gustaba el CAM, aunque debía haberse completado el sistema con el análisis de los postulantes a cubrir un cargo mediante un concurso de oposición y antecedentes. Ahora todo quedará en manos del Poder Ejecutivo y no habrá consejos", aclaró.
De Mitri admitió que el Poder Ejecutivo tiene la facultad constitucional de postular a los candidatos a cubrir vacantes judiciales. "Pero aún no se puede decir si los cambios serán positivos. El sistema de impugnación ciudadana que fija el nuevo régimen es tan amplio y general que puede no concretarse el control público que se invoca o se pretende", manifestó.
El PE afirma que ahora los ciudadanos tendrían 15 días para hacer observaciones sobre los postulantes. Pero el funcionario judicial recordó que siempre existió el período de impugnación (en el anterior sistema estaba previsto en la etapa en la que la Legislatura debía prestar acuerdo a los candidatos impulsados por el PE).
Muchas vacantes
El ministro fiscal consideró que es grave la demora en cubrir los cargos vacíos en los tribunales, especialmente en el fuero penal. "El 20 de noviembre, la Corte pidió al ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, que se postule con urgencia a los nuevos magistrados. En esos días le solicité al máximo tribunal que agilice los trámites pendientes para que se normalice la situación en las fiscalías. Las dos vacantes existentes complican mucho nuestro accionar", señaló.
"Funcionamos con la misma cantidad de unidades de investigación de delitos que hace 10 años, pese al aumento de la población y de los actos ilícitos, y a los crecientes problemas de desempleo y de pobreza, que inciden mucho. Las vacantes impiden que se den las respuestas que la sociedad reclama", protestó.
No se exige que declaren los bienes
Pese a lo anticipado hace una semana, en el Poder Ejecutivo no se exige a los interesados en ocupar vacantes en el Poder Judicial la declaración jurada de los bienes propios, ni de los de sus familiares directos.
La obligatoriedad de este requisito fue mencionada por el gobernador José Alperovich y por el ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, cuando anunciaron la supresión del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y su reemplazo por un sistema de inscripción e impugnación abierto, en el ámbito del PE.
Sin embargo, esta exigencia no figura entre los puntos que deben presentar los postulantes, cuando acerquen sus papeles al registro público que se abrirá en la Secretaría de Gobierno.
Ayer, hasta el mediodía, 40 abogados concurrieron a esa oficina, adonde llevaron un formulario donde constan los documentos indispensables. La declaración jurada no aparece en esa lista formal.
Los profesionales deben entregar una nota dirigida al secretario de Gobierno, Daniel Posse, en la cual manifiesten su expreso interés en ser magistrados. El escrito puede servir también para detallar el fuero de su especialidad.
Por aparte, deben presentar todos los datos personales (número de documento, estado civil, domicilio real y legal y fecha de nacimiento, entre otros); el currículum vitae, con certificados y diplomas acreditantes; la especificación de en cuál universidad se recibió, cuál es la antigüedad en el ejercicio del título, el número de matrícula profesional y la constancia de colegiación; y el certificado de buena conducta expedido por la Policía.







