En la última sesión del año, a partir de las 9, no se rendirán homenajes ni habrá consideraciones generales. En principio, la supresión del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) quedaría fuera del debate. No lo presidirá el vicegobernador Fernando Juri, ya que fue internado en el Sanatorio del Norte (ver aparte).
Los parlamentarios quieren sesionar en horario para luego saborear un asado en El Cadillal, en la sede del Sindicato de Trabajadores Viales. El legislador José Teri hará de anfitrión. La sesión se abrirá con la jura de la legisladora Nelly López (FR). Esta reemplazará a Francisco Torres, quien asumió como diputado nacional hasta 2005, cubriendo la banca que dejó libre el senador Ricardo Bussi.
Los bloques aprobarán la capitalización de la Caja Popular de Ahorros en $11 millones, tal como lo pidió el Poder Ejecutivo para salvar a la institución crediticia. La ley autorizará al Gobierno a compensar deudas que mantiene con la entidad y que serán determinadas a futuro. No habría debates por el proyecto de ley de titularización docente, que diferirá del decreto del PE. Se pretende que las designaciones se realicen según el padrón de mérito de la Junta de Calificaciones, mientras que la Casa de Gobierno aspira a que sea por escuela.
Se sancionará la emergencia sanitaria para la Provincia -que flexibilizará el régimen de compra de insumos para el Estado- y la emergencia social habitacional, mediante la cual el PE quiere eliminar las viviendas rancho con edificaciones en tierras fiscales. Se autorizará la expropiación o compra de inmuebles, pero se limitará la operación a la cotización del mercado y con una adecuada justificación. También se aprobará la prórroga del Pacto Social con municipios y comunas rurales del interior hasta mediados de 2004 y la autorización para que la Provincia firme con la capital un convenio de la misma naturaleza.
Se analizará la intervención de la comuna de Santa Rosa de Leales y se modificará la ley de retiro voluntario. No se tratará la creación de la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem), que quedará a cargo de la administración del servicio de agua potable y cloacas desde el próximo jueves.
Admiten que no se consultó al Gobierno
La Legislatura aprobará hoy la prórroga por 180 días del Pacto Social para los municipios del interior, sin haber consensuado el proyecto con el Poder Ejecutivo. Eso es lo que se desprende de las declaraciones del secretario de Coordinación con Municipios y Comunas, Sergio Mansilla. "Esperábamos que se firme el Plan de Financiamiento Ordenado (PFO) para determinar la actitud a seguir con los municipios del pacto", dijo ayer a LA GACETA el funcionario. Aseguró que de parte de los legisladores no hubo consultas al PE.
Mansilla destacó que la intención del gobernador José Alperovich era darles tranquilidad salarial a la gente del interior y a los municipales de la capital. "No hablábamos de la prórroga del pacto porque no se había suscripto el PFO; ahora que se firmó, teníamos previsto hablar con cada intendente", explicó.
Indicó que el PE tenía programado analizar caso por caso. "La meta era hacer un nuevo Pacto Social sin montos fijos y con premios para los municipios que hiciesen bien las cosas", añadió.
¿El proyecto que se pretende aprobar en la Cámara le deja márgenes al PE para negociar nuevos montos con las municipalidades?, se le consultó. "Los legisladores, en su afán de asegurar la tranquilidad social en el interior, hicieron esta ampliatoria, pero hay que ver en qué consiste la iniciativa", contestó. "En lo que trabajamos es en analizar caso por caso, como dijo el gobernador", agregó.
El funcionario aseguró que nunca estuvo contemplada por el PE la posibilidad de dejar caer el Pacto Social. Se le consultó si es que hay previsibilidad económica para afrontar el gasto que demandará la decisión de la Legislatura de prorrogar el Pacto. "En la firma del PFO estaba contemplado el aporte económico, aunque iban a determinarse dos montos, uno para las planillas salariales y otros para obras", respondió.
Los parlamentarios quieren sesionar en horario para luego saborear un asado en El Cadillal, en la sede del Sindicato de Trabajadores Viales. El legislador José Teri hará de anfitrión. La sesión se abrirá con la jura de la legisladora Nelly López (FR). Esta reemplazará a Francisco Torres, quien asumió como diputado nacional hasta 2005, cubriendo la banca que dejó libre el senador Ricardo Bussi.
Los bloques aprobarán la capitalización de la Caja Popular de Ahorros en $11 millones, tal como lo pidió el Poder Ejecutivo para salvar a la institución crediticia. La ley autorizará al Gobierno a compensar deudas que mantiene con la entidad y que serán determinadas a futuro. No habría debates por el proyecto de ley de titularización docente, que diferirá del decreto del PE. Se pretende que las designaciones se realicen según el padrón de mérito de la Junta de Calificaciones, mientras que la Casa de Gobierno aspira a que sea por escuela.
Se sancionará la emergencia sanitaria para la Provincia -que flexibilizará el régimen de compra de insumos para el Estado- y la emergencia social habitacional, mediante la cual el PE quiere eliminar las viviendas rancho con edificaciones en tierras fiscales. Se autorizará la expropiación o compra de inmuebles, pero se limitará la operación a la cotización del mercado y con una adecuada justificación. También se aprobará la prórroga del Pacto Social con municipios y comunas rurales del interior hasta mediados de 2004 y la autorización para que la Provincia firme con la capital un convenio de la misma naturaleza.
Se analizará la intervención de la comuna de Santa Rosa de Leales y se modificará la ley de retiro voluntario. No se tratará la creación de la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem), que quedará a cargo de la administración del servicio de agua potable y cloacas desde el próximo jueves.
Admiten que no se consultó al Gobierno
La Legislatura aprobará hoy la prórroga por 180 días del Pacto Social para los municipios del interior, sin haber consensuado el proyecto con el Poder Ejecutivo. Eso es lo que se desprende de las declaraciones del secretario de Coordinación con Municipios y Comunas, Sergio Mansilla. "Esperábamos que se firme el Plan de Financiamiento Ordenado (PFO) para determinar la actitud a seguir con los municipios del pacto", dijo ayer a LA GACETA el funcionario. Aseguró que de parte de los legisladores no hubo consultas al PE.
Mansilla destacó que la intención del gobernador José Alperovich era darles tranquilidad salarial a la gente del interior y a los municipales de la capital. "No hablábamos de la prórroga del pacto porque no se había suscripto el PFO; ahora que se firmó, teníamos previsto hablar con cada intendente", explicó.
Indicó que el PE tenía programado analizar caso por caso. "La meta era hacer un nuevo Pacto Social sin montos fijos y con premios para los municipios que hiciesen bien las cosas", añadió.
¿El proyecto que se pretende aprobar en la Cámara le deja márgenes al PE para negociar nuevos montos con las municipalidades?, se le consultó. "Los legisladores, en su afán de asegurar la tranquilidad social en el interior, hicieron esta ampliatoria, pero hay que ver en qué consiste la iniciativa", contestó. "En lo que trabajamos es en analizar caso por caso, como dijo el gobernador", agregó.
El funcionario aseguró que nunca estuvo contemplada por el PE la posibilidad de dejar caer el Pacto Social. Se le consultó si es que hay previsibilidad económica para afrontar el gasto que demandará la decisión de la Legislatura de prorrogar el Pacto. "En la firma del PFO estaba contemplado el aporte económico, aunque iban a determinarse dos montos, uno para las planillas salariales y otros para obras", respondió.







