En el Poder Ejecutivo admiten que la condición impuesta por la Nación a través del Plan de Financiamiento Ordenado (PFO) -no se pueden otorgar incrementos de sueldos en 2004- les generará serios conflictos con los gremios el año próximo, ya que no declinarán sus pretensiones de mejoras en los haberes.
Para enfrentar legalmente los planteos -y eventualmente las huelgas- de recomposición salarial de los sindicatos que nuclean a los estatales, el Gobierno usará el convenio que suscribió con la Nación. Así lo reconoció el secretario de Trabajo de la Provincia, Rogelio Mercado. "Es un límite férreo que tiene la Provincia", manifestó a LA GACETA. El diálogo fue como sigue:
- ¿Cuál será el rol de la Secretaría de Trabajo en las eventuales protestas que se generen en 2004 por la aplicación del PFO?
- Intervendremos para las audiencias formales y como autoridad de aplicación si hay un pedido de declaración de ilegalidad de la huelga. Por ahora sólo cumplimos un rol conciliador, no somos árbitros.
- ¿Están previendo conflictos por el condicionante de la Nación y la presión de los gremios por una mejora salarial?
- Pensamos que puede haber conflictos, y de grandes magnitudes, como lo fueron el de ATSA y el de ATEP, que tuvieron gran envergadura. Estos nos llevaron muchas horas de trabajo. Pero veremos qué es lo que puede llegar o no a ocurrir. Es difícil que se pueda convencer a los sindicatos, dadas las posiciones tan rígidas.
- ¿El PFO le ata las manos al Gobierno para que no dé aumentos de sueldos?
- Sí. Lo que desvela a todo gobierno es ver si puede pagar los sueldos en primer término. Hoy, que se pagan los haberes en término, aparece la cuestión de la mejora salarial, que está planteada desde antes que asuma (José) Alperovich.
- El PFO pone condiciones al PE; en ese caso, ¿el convenio puede ser usado como argumento oficial para que la Provincia sostenga que la protesta o eventual paro es ilegal?
- Sí, porque los convenios que firma la Provincia son compromisos que se asumen y que no puede romper. En derecho administrativo la capacidad de actuar de cada uno está dada por las normas, por los reglamentos, las leyes, incluso por los acuerdos. No se puede ir más allá de lo que está autorizado. Y en este caso, la Nación suscribió un pacto con la Provincia, por lo que no estamos autorizados a hacer otra cosa. Hay que respetarlo. Es un límite férreo que tiene cualquier autoridad.
- Entonces, ¿la única forma de satisfacer la demanda es otorgar aumentos disimulados o adicionales especiales?
- Los adicionales o incentivos especiales no están disimulados. Existen en la actividad privada. Así se tiende a satisfacer necesidades de servicios.
Los estatales aguardarán hasta marzo para presionar al Gobierno
La imposición de la Nación al Poder Ejecutivo de no otorgar mejoras salariales a cambio de una ayuda de $114 millones en 2004, no acalló las pretensiones de recomposición de haberes de los sindicatos estatales.
La mayoría no descarta un año de conflicto en caso de que el Gobierno no conceda una mejora, ya que los sueldos del personal de la administración pública están congelados desde 1991.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) pide una recomposición de $250. Luis Albornoz, secretario adjunto de UPCN, dijo que el sueldo promedio de los empleados públicos es de $250. "Son más de 10.000 los trabajadores que están en ese nivel, por eso queremos que se duplique el ingreso", apuntó. El sindicalista advirtió que en marzo, luego de las vacaciones de los estatales, se presionará al PE por un incremento de haberes.
"No descartamos ningún tipo de conflicto; imaginamos que estarán a la orden del día". Así lo expresó Gustavo Salas Correa, dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), al aludir a la necesidad de que el personal estatal tenga una satisfacción salarial el año próximo. Sin embargo, con algo de ironía, deslizó: "estamos a la espera del ingenio de las luminarias del gobierno para que busquen una solución y dibujen o disfracen una mejora salarial".
De todas formas, no descartó una ronda de diálogo con el PE para arribar a un acuerdo.
Vicente Ruiz, en representación de los sindicatos municipales del interior, recordó que le reclamó al PE una recomposición de $250 por "los sueldos de hambre" de los obreros del interior.
A las quejas de estas organizaciones, se suman las de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y de la Agremiación de Educadores Provinciales (ATEP), en conflicto con el PE por el descuento de los días de paro. El gremio docente amenazó con no iniciar las clases.
Para enfrentar legalmente los planteos -y eventualmente las huelgas- de recomposición salarial de los sindicatos que nuclean a los estatales, el Gobierno usará el convenio que suscribió con la Nación. Así lo reconoció el secretario de Trabajo de la Provincia, Rogelio Mercado. "Es un límite férreo que tiene la Provincia", manifestó a LA GACETA. El diálogo fue como sigue:
- ¿Cuál será el rol de la Secretaría de Trabajo en las eventuales protestas que se generen en 2004 por la aplicación del PFO?
- Intervendremos para las audiencias formales y como autoridad de aplicación si hay un pedido de declaración de ilegalidad de la huelga. Por ahora sólo cumplimos un rol conciliador, no somos árbitros.
- ¿Están previendo conflictos por el condicionante de la Nación y la presión de los gremios por una mejora salarial?
- Pensamos que puede haber conflictos, y de grandes magnitudes, como lo fueron el de ATSA y el de ATEP, que tuvieron gran envergadura. Estos nos llevaron muchas horas de trabajo. Pero veremos qué es lo que puede llegar o no a ocurrir. Es difícil que se pueda convencer a los sindicatos, dadas las posiciones tan rígidas.
- ¿El PFO le ata las manos al Gobierno para que no dé aumentos de sueldos?
- Sí. Lo que desvela a todo gobierno es ver si puede pagar los sueldos en primer término. Hoy, que se pagan los haberes en término, aparece la cuestión de la mejora salarial, que está planteada desde antes que asuma (José) Alperovich.
- El PFO pone condiciones al PE; en ese caso, ¿el convenio puede ser usado como argumento oficial para que la Provincia sostenga que la protesta o eventual paro es ilegal?
- Sí, porque los convenios que firma la Provincia son compromisos que se asumen y que no puede romper. En derecho administrativo la capacidad de actuar de cada uno está dada por las normas, por los reglamentos, las leyes, incluso por los acuerdos. No se puede ir más allá de lo que está autorizado. Y en este caso, la Nación suscribió un pacto con la Provincia, por lo que no estamos autorizados a hacer otra cosa. Hay que respetarlo. Es un límite férreo que tiene cualquier autoridad.
- Entonces, ¿la única forma de satisfacer la demanda es otorgar aumentos disimulados o adicionales especiales?
- Los adicionales o incentivos especiales no están disimulados. Existen en la actividad privada. Así se tiende a satisfacer necesidades de servicios.
Los estatales aguardarán hasta marzo para presionar al Gobierno
La imposición de la Nación al Poder Ejecutivo de no otorgar mejoras salariales a cambio de una ayuda de $114 millones en 2004, no acalló las pretensiones de recomposición de haberes de los sindicatos estatales.
La mayoría no descarta un año de conflicto en caso de que el Gobierno no conceda una mejora, ya que los sueldos del personal de la administración pública están congelados desde 1991.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) pide una recomposición de $250. Luis Albornoz, secretario adjunto de UPCN, dijo que el sueldo promedio de los empleados públicos es de $250. "Son más de 10.000 los trabajadores que están en ese nivel, por eso queremos que se duplique el ingreso", apuntó. El sindicalista advirtió que en marzo, luego de las vacaciones de los estatales, se presionará al PE por un incremento de haberes.
"No descartamos ningún tipo de conflicto; imaginamos que estarán a la orden del día". Así lo expresó Gustavo Salas Correa, dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), al aludir a la necesidad de que el personal estatal tenga una satisfacción salarial el año próximo. Sin embargo, con algo de ironía, deslizó: "estamos a la espera del ingenio de las luminarias del gobierno para que busquen una solución y dibujen o disfracen una mejora salarial".
De todas formas, no descartó una ronda de diálogo con el PE para arribar a un acuerdo.
Vicente Ruiz, en representación de los sindicatos municipales del interior, recordó que le reclamó al PE una recomposición de $250 por "los sueldos de hambre" de los obreros del interior.
A las quejas de estas organizaciones, se suman las de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y de la Agremiación de Educadores Provinciales (ATEP), en conflicto con el PE por el descuento de los días de paro. El gremio docente amenazó con no iniciar las clases.







