El Gobierno debe cubrir once cargos en la Justicia

El Juzgado de Conciliación y Trámite de la I Nominación espera que un magistrado se haga cargo de sus expedientes desde hace más de un año y medio. La vacancia comenzó cuando Enzo Espaza juró como vocal de la Cámara Laboral, en junio de 2002.
Cuando el ex gobernador Julio Miranda elevó el pliego de Sergio Molina para el cargo (seleccionado de la terna que integró junto a Rosa Barberis y a Juan Gómez Romero), poco antes de dejar el Poder Ejecutivo, se pensó que el calvario había llegado a su fin. Pero José Alperovich retiró la postulación de la Legislatura. Todo el proceso cumplido quedó en la nada desde la supresión del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Este cargo será concursado de nuevo, ahora con todo el proceso en manos del Gobierno.
En total, la Justicia tiene once vacantes que deben ser cubiertas por el PE, en algunos casos con urgencia, como el de la historia del comienzo. La situación es particularmente grave en el fuero penal, al que pertenecen siete de los lugares vacíos, lo que genera una recarga de trabajo en las otras oficinas y pone al borde del colapso todo el sistema en esta materia.
De los cinco Juzgados de Instrucción de la capital, dos están sin magistrado. Igual número de vacancias afecta a las diez fiscalías, una de ellas concentrada en exclusividad en la labor anticorrupción. Asimismo, de los dos juzgados correccionales, uno está libre desde que Manuel Pedernera asumió como ministro de Gobierno de Miranda (5 de marzo pasado).
En Concepción, la realidad penal también es crítica, con uno de los dos Juzgados de Instrucción sin cobertura y una vocalía de la Cámara de ese fuero que espera que alguien la ocupe. Asimismo es compleja la situación en el fuero Civil y Comercial Común en el Sur, ya que desde fines de octubre pasado, todo el trabajo se concentró en un solo despacho por la vacancia en la otra oficina. Por ese escritorio circulan todos los expedientes relacionados con concursos preventivos y quiebras de empresas.

Sin concursos pendientes
Poco antes de ser eliminado, el CAM había concluido con todos los concursos pendientes y elevado todas las ternas. Con el nuevo régimen del PE, toda la labor desarrollada quedará en la nada, y quienes quieran ejercer la magistratura deberán inscribirse en la Casa de Gobierno, aunque hayan cumplido con éxito el trámite anterior, integrado ternas o incluso haber sido postulados por el Gobierno ante la Legislatura.
La decisión oficial es que esta marcha atrás en términos administrativos no demore excesivamente la cobertura de cargos en la Justicia, y que el próximo mes comiencen a definirse algunos postulantes, luego del proceso de inscripción e impugnación previsto en el decreto firmado el lunes por el gobernador José Alperovich, y que dividió las opiniones de los factores interesados.
En los últimos ocho concursos del CAM hubo más de 30 inscriptos para cada cargo vacío. De las ternas elevadas, Miranda seleccionó cinco candidatos y las otras propuestas llegaron a manos de Alperovich. Hay tres cargos que nunca fueron concursados.

Sin derechos adquiridos
El carácter netamente consultivo del desaparecido Consejo Asesor de la Magistratura impide que ninguno de los ternados para un cargo vacante en la Justicia pueda demandar al Estado. El proceso de selección que se realizó hasta ahora no generó ninguna clase de derechos adquiridos para los elegidos. Tampoco podrán alegar nada quienes fueron postulados a la Legislatura.

Jueces le exigen al PE actitudes republicanas
Una nueva crítica se sumó a la polémica por la supresión del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Los integrantes de la Red Argentina de Justicia para la Democracia en la provincia consideraron que la institución "fue una forma de control del poder en la conformación de la Justicia, aun con sus imperfecciones".
Los jueces afirmaron que la entidad desaparecida "permitió superar el sistema neoabsolutista que regía, que consistía en nominar jueces sin un auténtico debate previo, muchas veces atendiendo a la lealtad partidaria antes que a la idoneidad"."La verdadera actitud republicana exige someterse a controles, y la verdadera práctica democrática implica que el gobernante debe oír al ciudadano", dijeron María Poliche de Sobrecasas, Alicia Noli, María Elisa Molina, Pedro Roldán Vázquez, Carlos Norry, Miguel Iácono y Teresa Carnival de Davio.
"En estas circunstancias, no podemos callar ni especular con el resultado de supuestos experimentos que transgreden principios fundamentales. La supresión del CAM contraviene la Prohibición de Regresividad que rige en los derechos humanos. Si la Constitución Nacional introdujo el Consejo de la Magistratura y la cobertura de cargos judiciales por concurso, en la provincia no se puede válidamente suprimir esta institución", advirtieron.

La impugnación
Los miembros de la Red refutaron el argumento del Poder Ejecutivo sobre las virtudes del nuevo sistema de impugnación. "Es una convocatoria que, por su carácter general y por la brevedad de su plazo, no pasará de la mera formalidad. Siempre existió y fue ejercido el derecho de impugnación individual a la nominación de los jueces", recordaron.
"La Justicia debe estar conformada con seriedad, respetando las formas de la democracia y la transparencia republicana, para asegurar su independencia y su imparcialidad, y así poder mantener viva la esperanza de su efectividad en la lucha contra la impunidad y la corrupción", reclamaron los magistrados. "La hegemonía en el Poder Judicial de cualquier sector de la sociedad o de los poderes públicos no es compatible con la Constitución Nacional", alertaron.
"La supresión del CAM sólo se justificaría si fuese reemplazado por un sistema que otorgase mayores seguridades de participación y control ciudadanos, como el concurso de antecedentes y oposición. Pero ahora no se innovó en absoluto", concluyeron.

A Alperovich no le afligen las críticas
"Con toda sinceridad, no me preocupan las críticas, porque estamos haciendo bien las cosas. Sólo me afligiría si en mi intimidad pensase que estoy haciendo algo mal", afirmó ayer el gobernador José Alperovich al ratificar su decisión de suprimir el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), lo que motivó un aluvión de cuestionamientos. El mandatario insistió en que el objetivo de su medida es darle total transparencia al proceso de selección de los jueces, "para que todos los ciudadanos puedan ver cómo se los elige".
"La propuesta que se efectuó, lejos de ser un retroceso, es un avance, porque hace mucho más transparente el proceso de selección para poner a los mejores nombres en el Poder Judicial", afirmó, en el mismo sentido, el secretario de Gobierno, Daniel Posse.
El funcionario insistió en la postura según la cual el nuevo mecanismo les quita poder a las corporaciones. "Y, de todos modos, no están excluidas, porque pueden impugnar a los inscriptos", añadió. Los ex integrantes del CAM eran la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, la Facultad de Derecho de la UNT y el Colegio de Abogados.
"La percepción sobre el funcionamiento de la Justicia no es de las mejores entre los abogados. Con los cambios que introducimos se democratiza el método de selección porque la gente tiene la posibilidad de impugnar a cada candidato", planteó. "El postulante debe tener un alto grado de sustento, no se va a poner a nadie para que lo acribillen", añadió. "Nunca existió en el Gobierno la intención de tener una Justicia adicta y propia, como alguien llegó a decir", aseveró.