28 Diciembre 2003 Seguir en 
El comercio en general rechaza la política impositiva que siguen la provincia y la Municipalidad.
Una de las quejas más frecuentes, según el gerente de Tienda San Juan, Manuel Calviño, es que "siempre se exige a los que pagan, porque no se combate a la evasión".
Las Pequeñas y Medianas Empresas, cualquiera sea la actividad a la que se dediquen, se sienten asfixiadas por la presión impositiva, según señaló en diversas oportunidades el presidente de la Asamblea que reúne a las PyME, Eduardo Temkin.
Sin dar sus nombres, muchos comerciantes admitieron ante la consulta de LA GACETA, que sólo pueden sobrevivir las empresas que tienen un fuerte respaldo económico.
Las más chicas, en cambio, no tienen más camino que la elusión de impuestos. Esto quiere decir que no son evasores, porque no realizan acciones tendientes a no pagar, sino que eluden el pago ante la imposibilidad de hacerle frente o bien terminan pagando con una gran morosidad.
Esta situación, según fuentes del sector, abarca tanto a los impuestos nacionales (sobre todo los previsionales) como a los provinciales y municipales. En realidad, lo último que pagan los empresarios medianos y pequeños son las tasas municipales. En cambio, a quien atienden antes es a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que tiene mejor aceitados sus controles y sus bases de datos informáticas.
Falta de control municipal
Precisamente, si la Municipalidad tucumana no recauda más y el peso del control cae siempre sobre los mismos se debe a la carencia de una buena base de datos.
Fuentes del Concejo Deliberante señalaron a LA GACETA que el listado de comercios con los cuales trabaja la Municipalidad tiene unos 10.000 negocios menos que la lista de la empresa de energía eléctrica EDET respecto de sus usuarios comerciales.
"Con sólo cruzar esos datos y actualizar el listado municipal se podría ampliar la base de contribuyentes", subrayó un edil de la oposición.
Además, la Municipalidad soporta varios juicios -algunos ya obtuvieron fallos favorables- por inconstitucionalidad de la tasa que cobra a los negocios, llamada TACIS, y que se percibe a cambio de los servicios de control de seguridad, higiene y otros ítems. Pero, los comercios también pagan por hacer publicidad, por la cartelería, y por diversos rubros que hacen complejo tanto el pago como los controles.
Duro ataque de la FET contra el Poder Ejecutivo
La FET denunció que el Poder Ejecutivo provincial busca dar una nueva vuelta de tuerca sobre la presión impositiva que soportan los tucumanos contribuyentes, "que no son todos los que deberían estar pagando impuestos".
"En una nueva muestra de la irremediable incapacidad para aumentar la base tributaria, se opta por un nuevo apriete a los conocidos de siempre para satisfacer los requerimientos de un Estado súper dimensionado, cuya principal urgencia es mantenerse a sí mismo", señalaron el titular de la FET, Humberto Sánchez, y el secretario de Comercio de la entidad, Gregorio Werchow.
Remarcaron que la administración pública tiene previsto gastar en 2004 un 7% más que en 2003. También, que se piensa llevar la cantidad de agentes de los 43.500 actuales a 45.000, sin incluir a municipalidades y comunas. "Esta exigencia adicional debe ser satisfecha con mayores ingresos que deberemos aportar los ciudadanos", apuntaron.
Ante lo que consideran un atropello del Estado provincial, la FET precisó lo siguiente:
El Impuesto Inmobiliario crecería en 2004 un 57% y el Impuesto a los Automotores también aumentará en porcentajes que son variables, alrededor del 25%, en momentos que tiene plena vigencia la emergencia económica nacional que taxativamente prohíbe las indexaciones, cualquiera sea su naturaleza. Las explicaciones son pocas y no convincentes. No faltó el eterno anuncio de que algún día se incorporarán a la base los nuevos terrenos y viviendas, producto de un eterno trabajo de revalúo que nunca concluye y la alusión a los grandes grupos habitacionales no declarados, cuya no regularización es demostrativa de intolerable ineficiencia.
Recientes estudios demuestran que somos la segunda provincia con mayor presión fical del país. Contemporáneamente con ello, las contraprestaciones que el Estado debe brindarnos no se destacan en lo más mínimo. Salud pública, educación, obras públicas y seguridad brillan por su ausencia. Nuestras ciudades están sucias, anarquizadas y son el paraíso del comercio irregular a extremos increíbles.
La desocupación y subocupación, que afectan a todos los estratos sociales, no sólo a los no contribuyentes, alcanza a la mitad de nuestra población con el consiguiente efecto negativo que ello implica sobre la actividad económica. Es del caso preguntar si son posibles incrementos impositivos en este marco.
Los gastos del Estado deben adaptarse a la posibilidad contributiva de quienes cargamos con él.
Una coparticipación de $ 850 millones por año
Tucumán recibe el 4,94% de los fondos que se coparticipan de la recaudación impositiva nacional.
El monto bruto que ese porcentaje significa oscila entre $ 65 y $ 70 millones mensuales entre coparticipación (distribución primaria) y leyes específicas (distribución secundaria).
El monto neto que ingresa a la provincia se ubicada alrededor de los $35 millones, descontadas las retenciones previsionales y los fondos que garantizan el pago del canje de la deuda, según lo pactado.
El Proyecto de Presupuesto 2004 elaborado por el Gobierno nacional prevé un incremento global del 13,4% en las transferencias por coparticipación federal de impuestos para 2004.
A Tucumán le corresponderían alrededor de $ 1.000 millones en todo el año. La diferencia respecto de este año sería de alrededor de $ 114 millones, un monto equivalente a tres planillas salariales mensuales netas.
Una de las quejas más frecuentes, según el gerente de Tienda San Juan, Manuel Calviño, es que "siempre se exige a los que pagan, porque no se combate a la evasión".
Las Pequeñas y Medianas Empresas, cualquiera sea la actividad a la que se dediquen, se sienten asfixiadas por la presión impositiva, según señaló en diversas oportunidades el presidente de la Asamblea que reúne a las PyME, Eduardo Temkin.
Sin dar sus nombres, muchos comerciantes admitieron ante la consulta de LA GACETA, que sólo pueden sobrevivir las empresas que tienen un fuerte respaldo económico.
Las más chicas, en cambio, no tienen más camino que la elusión de impuestos. Esto quiere decir que no son evasores, porque no realizan acciones tendientes a no pagar, sino que eluden el pago ante la imposibilidad de hacerle frente o bien terminan pagando con una gran morosidad.
Esta situación, según fuentes del sector, abarca tanto a los impuestos nacionales (sobre todo los previsionales) como a los provinciales y municipales. En realidad, lo último que pagan los empresarios medianos y pequeños son las tasas municipales. En cambio, a quien atienden antes es a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que tiene mejor aceitados sus controles y sus bases de datos informáticas.
Falta de control municipal
Precisamente, si la Municipalidad tucumana no recauda más y el peso del control cae siempre sobre los mismos se debe a la carencia de una buena base de datos.
Fuentes del Concejo Deliberante señalaron a LA GACETA que el listado de comercios con los cuales trabaja la Municipalidad tiene unos 10.000 negocios menos que la lista de la empresa de energía eléctrica EDET respecto de sus usuarios comerciales.
"Con sólo cruzar esos datos y actualizar el listado municipal se podría ampliar la base de contribuyentes", subrayó un edil de la oposición.
Además, la Municipalidad soporta varios juicios -algunos ya obtuvieron fallos favorables- por inconstitucionalidad de la tasa que cobra a los negocios, llamada TACIS, y que se percibe a cambio de los servicios de control de seguridad, higiene y otros ítems. Pero, los comercios también pagan por hacer publicidad, por la cartelería, y por diversos rubros que hacen complejo tanto el pago como los controles.
Duro ataque de la FET contra el Poder Ejecutivo
La FET denunció que el Poder Ejecutivo provincial busca dar una nueva vuelta de tuerca sobre la presión impositiva que soportan los tucumanos contribuyentes, "que no son todos los que deberían estar pagando impuestos".
"En una nueva muestra de la irremediable incapacidad para aumentar la base tributaria, se opta por un nuevo apriete a los conocidos de siempre para satisfacer los requerimientos de un Estado súper dimensionado, cuya principal urgencia es mantenerse a sí mismo", señalaron el titular de la FET, Humberto Sánchez, y el secretario de Comercio de la entidad, Gregorio Werchow.
Remarcaron que la administración pública tiene previsto gastar en 2004 un 7% más que en 2003. También, que se piensa llevar la cantidad de agentes de los 43.500 actuales a 45.000, sin incluir a municipalidades y comunas. "Esta exigencia adicional debe ser satisfecha con mayores ingresos que deberemos aportar los ciudadanos", apuntaron.
Ante lo que consideran un atropello del Estado provincial, la FET precisó lo siguiente:
El Impuesto Inmobiliario crecería en 2004 un 57% y el Impuesto a los Automotores también aumentará en porcentajes que son variables, alrededor del 25%, en momentos que tiene plena vigencia la emergencia económica nacional que taxativamente prohíbe las indexaciones, cualquiera sea su naturaleza. Las explicaciones son pocas y no convincentes. No faltó el eterno anuncio de que algún día se incorporarán a la base los nuevos terrenos y viviendas, producto de un eterno trabajo de revalúo que nunca concluye y la alusión a los grandes grupos habitacionales no declarados, cuya no regularización es demostrativa de intolerable ineficiencia.
Recientes estudios demuestran que somos la segunda provincia con mayor presión fical del país. Contemporáneamente con ello, las contraprestaciones que el Estado debe brindarnos no se destacan en lo más mínimo. Salud pública, educación, obras públicas y seguridad brillan por su ausencia. Nuestras ciudades están sucias, anarquizadas y son el paraíso del comercio irregular a extremos increíbles.
La desocupación y subocupación, que afectan a todos los estratos sociales, no sólo a los no contribuyentes, alcanza a la mitad de nuestra población con el consiguiente efecto negativo que ello implica sobre la actividad económica. Es del caso preguntar si son posibles incrementos impositivos en este marco.
Los gastos del Estado deben adaptarse a la posibilidad contributiva de quienes cargamos con él.
Tucumán recibe el 4,94% de los fondos que se coparticipan de la recaudación impositiva nacional.
El monto bruto que ese porcentaje significa oscila entre $ 65 y $ 70 millones mensuales entre coparticipación (distribución primaria) y leyes específicas (distribución secundaria).
El monto neto que ingresa a la provincia se ubicada alrededor de los $35 millones, descontadas las retenciones previsionales y los fondos que garantizan el pago del canje de la deuda, según lo pactado.
El Proyecto de Presupuesto 2004 elaborado por el Gobierno nacional prevé un incremento global del 13,4% en las transferencias por coparticipación federal de impuestos para 2004.
A Tucumán le corresponderían alrededor de $ 1.000 millones en todo el año. La diferencia respecto de este año sería de alrededor de $ 114 millones, un monto equivalente a tres planillas salariales mensuales netas.
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