El Gobierno aspira a eliminar impuestos

El ministro de Economía de la Provincia, Jorge Jiménez, admitió que si se toma en cuenta las tasas, se puede hablar de una fuerte presión fiscal pero no en cuanto a los controles. Estos últimos, dijo en diálogo con LA GACETA, tienen que reforzarse para lograr que todos paguen los impuestos y así poder eliminar muchos de ellos que actualmente generan distorsiones.

- ¿Qué impuestos podrían eliminarse?
- Existen algunos tributos, algunas tasas cuyo cobro genera más gastos de lo que después se recauda. Si aumentamos la base, es decir el número de contribuyentes que pagan, podremos eliminar esos impuestos. Vemos con preocupación que algunas actividades económicas, como la compra venta de cheques, casi no se hace en la provincia porque resulta más barato en otros distritos, donde no tienen impuesto a los sellos. Este, por ejemplo, es uno de esos tributos que, al no poder controlarlo debidamente, el monto que se gasta en cobrarlo es mayor que el se obtiene por la recaudación.

- ¿A cuánto asciende la evasión fiscal en la provincia?
- Según nuestros cálculos, que los hacemos tomando como parámetro a la provincia de Salta, está en alrededor de 7 millones de pesos mensuales. Nuestra recaudación, que oscila entre 21 y 22 millones, tendría que ser de 28 millones por mes. Estamos preparando inspectores para hacer controles más eficientes en los sectores que no pagan.

- ¿Cómo incide la economía informal?
- Bastante. Pero más inciden cuestiones como el abigeato, el contrabando o la venta ambulante cuando no la hace una persona sin trabajo por cuenta propia sino porque es una suerte de empleado en negro de un negocio que lo manda a la calle a vender.

- ¿Cómo se combaten estos males?
- Por ejemplo, pondremos controles para verificar el ingreso de la mercadería a la provincia. Además, en los puestos fronterizos vamos a instalar casillas de rentas, como tienen otras provincias, para exigir que toda mercadería que tenga como destino Tucumán sea absolutamente legal.

- ¿Y el abigeato?
- Estamos trabajando en un proyecto de adhesión a la ley nacional de decomiso y secuestro, que permitirá luchar contra el abigeato y contra los piratas del asfalto. Esa normativa nos va a permitir sancionar no solamente al que roba (ganado o a los camiones) sino también al que vende esa mercadería robada, porque se la vamos a secuestrar y entenderá que no le conviene trabajar de esa manera.

- ¿Qué otra actividad económica requiere de controles especiales para evitar la evasión?
- La venta de autos usados es un ejemplo. En la provincia se realizan muchas operaciones que no quedan registradas. Estamos buscando el modo de hacer un convenio con los registros automotores para que Rentas de la provincia pueda controlar el comercio de autos usados.

- ¿La presión fiscal era menor en los 90?
- Aquí hay que separar la paja del trigo. Cuando el comercio habla de presión fiscal, hay que ver hasta dónde es cierto, porque muchos de estos impuestos, como el IVA, por ejemplo, se transfieren a los consumidores. Lo que pasa es que muchos no depositan y se financian con esos fondos destinados al fisco. Que la presión fiscal en la provincia es alta, es cierto, por eso vamos a ampliar la base de contribuyentes.

- ¿Sería positivo que aumente el porcentaje de coparticipación para la provincia?
- Por supuesto, nos permitiría atacar de inmediato algunos impuestos considerados distorsivos para la actividad económica. El problema de la coparticipación es la distribución primaria, es decir el reparto entre la Nación y las provincias. La Nación ya no tiene escuelas, ni hospitales, ni servicio militar, pero lo mismo se queda con el 48% de la recaudación y sólo el 52% pasa a las provincias. Eso es insostenible porque la Nación redujo sus gastos porque se los transfirió a las provincias. Pero no soy muy optimista respecto de que esto se modifique pronto.

- ¿La provincia conoce la política tributaria de los municipios?
- Estamos haciendo un estudio. Los vamos a ayudar a recaudar mejor y a evitar los juicios que algunas empresas les están haciendo por supuestas dobles imposiciones.