28 Diciembre 2003 Seguir en 
Desde siempre hubo quejas porque Tucumán era una provincia "muy cara" en el plano fiscal. Gravámenes distorsivos y dobles o triples imposiciones fueron históricamente las características distintivas de un sistema tributario que pareciera pensado para ahuyentar inversiones.
Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, y de la consultora internacional Deloitte & Touche, reactualizó este debate. Este estudio reveló que Tucumán es la segunda provincia del país con mayor presión fiscal, sólo por detrás de Santiago del Estero.
Allí se midió la presión fiscal de provincias y municipios sobre la base del impuesto a los ingresos brutos y la tasa de seguridad e higiene. LAGACETA pidió la opinión de expertos y de funcionarios para conocer el verdadero impacto del informe.
El consultor de empresas Alberto Ziperovich opinó que la contradicción desatada en los 90, a partir de un gran crecimiento económico que fue acompañado por una crisis sin parangón, derivó actualmente en una lucha feroz por el ingreso entre privados y entre privados y el Estado. "Un índice preciso de esa situación es el nivel de presión fiscal", dijo.
Justamente, la voracidad impositiva actúa como freno a las aspiraciones empresarias de crecer en un ámbito en el cual no existe el crédito. Así lo señala el especialista Arquímedes Carrizo. "Las PyME, por la complejidad y alta presión tributaria nacional, provincial y municipal, están trabadas en su desarrollo, ya que este sistema beneficia a los evasores y castiga a los empresarios que quieren pagar sus impuestos", dijo el experto.
Mayores controles
El ministro de Economía, Jorge Jiménez, admite que la presión fiscal es elevada, pero asegura que el Gobierno trabaja para aumentar la base imponible y, de esa manera, propiciar la baja de algunos impuestos que son considerados distorsivos. Otra medida que considera vital para impulsar una disminución en las tasas de gravámenes es que el Estado logre mejorar los controles tendientes a que todos paguen los impuestos como corresponde. Según el titular del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, Ricardo Nassif, para encontrar una solución al problema impositivo primero hay que avanzar en una profunda reforma del sistema tributario nacional, que contemple la atención de las necesidades concretas que tiene cada provincia, municipio o la propia Nación. "Hay que resolver el tema de la coparticipación federal, lo cual implica que debe aplicarse, como señala la Constitución nacional, un régimen de desarrollo armónico de las provincias. Luego, cuando se logre este objetivo, habría que plantear un esquema similar en la provincia respecto de cada uno de los municipios", añadió el experto.
Dramas de instalar una pequeña empresa
Este es el caso de dos personas que se asocian bajo la forma de una SRL para poner un pequeño taller, y aportan $ 100.000 en el emprendimiento:
En la constitución de la sociedad gastan un 1,4% en concepto de Sellos y gastos de inscripción.
Cuando depositan su capital en una cuenta corriente bancaria para poder iniciar sus actividades, pagan un 0,50% de Ingresos Brutos y un 1,2% de Impuesto al Debito y a los Créditos.
Si deciden invertir la mitad de su capital en un pequeño galpón que compran ya construido a otra empresa, el precio de venta tiene incluido un 2,5% de Ingresos Brutos, un 1,1% de Tasis, 2% de Sellos, 1,50% del impuestos a la Transferencia de Bienes y el 21% de IVA.
Si la otra mitad del capital lo invierten en maquinarias e insumos, los precios de estos incluyen 2,5% de Ingresos Brutos, 1,1% de Tasis y 21% de IVA. Si el vendedor es agente de percepción de IVA y de Ingresos Brutos les retiene un 5% y 1,25% adicional sobre el precio del bien. Es decir que antes de que la empresa venda $1, le pagó al Estado provincial y municipal aproximadamente un 6,5% y al Estado Nacional un 23,2%, de su capital inicial. Este cálculo no tiene en cuenta el efecto negativo en cascada que tiene Ingresos Brutos a través de la cadena comercial, lo que aumenta su tasa real de imposición.
Cada socio tiene que inscribirse como autónomo y en este caso tendrán un costo fijo del orden de $ 490 mensuales por ambos, ya que el grueso del pago es impuesto y no van a los fondos de jubilaciones.
Aunque en los primeros meses que no se produzca o no se venda, igual se debe pagar un monto fijo de $ 33 en Ingresos Brutos y de $ 20 a $ 110 en Tasis. Luego, cuando empieza a operar, la empresa le debe pagar a la Municipalidad un impuesto por la energía eléctrica, gas natural y comunicaciones que usa en su actividad en forma directa e indirecta.
Cuando comienzan a operar, si toman empleados, los aportes, retenciones y cargas sociales representan aproximadamente el 70% de los salarios de bolsillo. También deben pagar a la Provincia un 2,5% de Salud Pública sobre estos.
Si toman un crédito deben pagar 1% de Sellos, 1,2% de Impuestos a los Débitos y Créditos y 0,5% de Ingresos Brutos. Los costos financieros están encarecido por los Ingresos Brutos y Tasis, que gravan el sistema financiero.
La sociedad debe presentar una declaración jurada mensual por IVA, Ingresos Brutos, Tasis, Salud Pública y a la Anses, y tiene la obligación de actuar como agente de retención del Impuestos a las Ganancias. Debe pagar el Impuesto Inmobiliario y el CISI (municipal) por el inmueble. Por esta razón necesita contar en forma permanente con la asistencia de un Contador Público y dedicar gran parte de su tiempo al sistema tributario, lo que implicará restarle atención a su emprendimiento.
RICARDO NASSIF
Titular del Colegio de Graduados en Cs. Económicas
Crece la voracidad impositiva
* En estos últimos tiempos se incrementó sustancialmente la presión fiscal en Tucumán. Se eliminó la alícuota cero en Ingresos Brutos el año pasado, pero hasta octubre de 2003 había una reducción del 25% a los que contaban con este beneficio. Esta resolución quedó sin efecto y el impuesto volvió a tener incidencia.
* En el Código Tributario de los años 80 el Impuesto Inmobiliario poseía un 4 por mil alícuota. La ley impositiva actual faculta al Poder Ejecutivo a fijar esta alícuota hasta un tope del 30 por mil. En el Pacto Fiscal, se aumentó la alícuota inmobiliaria con la idea de que las provincias iban a eliminar impuestos distorsivos,como Ingresos Brutos, Salud Pública y Sellos, que en Tucumán no sólo no se suprimieron sino que tienen plena vigencia. Aumentó la alícuota de Ingresos Brutos y ahora se habla de incrementar las de Inmobiliario y Automotores.
* Ahora la Provincia pretende aplicar el Impuesto a la Salud Pública sobre la suma no remunerativa de 200 pesos de aumento salarial establecido por decreto nacional, pese a que esta misma norma señala que a esta suma no se le puede aplicar impuestos. El gobierno tucumano hace inspecciones para determinar diferencias, con el fin de cobrar Salud Pública sobre los 200 pesos no remunerativos.
*El Tasis fue declarado inconstitucional por varios juzgados. Para la Justicia, se trata de un impuesto, dado que la Municipalidad capitalina no brinda la contraprestación imprescindible para que sea considerada una tasa. en el caso del Tasis, contribución que incide sobre las empresas. Supuestamente, el Ejecutivo municipal debería prestar el servicio de inspección para preservar la salubridad, la higiene y la seguridad en las empresas, cosa que no hace.
ALBERTO ZIPEROVICH
Consultor de empresas
Tasas altas revelan incapacidad
* Las regiones pobres (entre las que se incluye Tucumán) son las que aplican mayores tasas y las que menor gasto por habitante acusan.
* Se dice que las mayores tasas tributarias de una zona respecto de otras compensan la mayor informalidad y evasión y, por cierto, expresan la incapacidad de esa provincia o municipio para avanzar sobre esas "zonas informales de la economía".
* El Estado provincial y los municipios están "alertas" al éxito o crecimiento de algún sector de la economía formal y avanzan sobre ellos cambiando las reglas de juego.
* Recientemente la Dirección General de Rentas suspendió "transitoriamente" la alícuota cero de Ingresos Brutos a la construcción y aplica un régimen especial de retenciones al sector como "proveedor del Estado", que incluye en su base de cálculo el resto de los impuestos nacionales. La voracidad no tiene límites.
*La presión fiscal municipal representa el 62% de la provincial; de lo que se concluye que las tasas retributivas de servicios municipales son impuestos encubiertos.
* La ausencia de uniformidad en las cargas tributarias provinciales y municipales genera : a) Que las empresas se vean obligadas a trasladar el costo impositivo al precio de los bienes y servicios por lo que el costo de vida resultará mayor o menor según dónde habite el ciudadano . b) Esta situación operará como incentivo para que los comercios e industrias muden sus instalaciones según los costos y beneficios fiscales, provinciales y municipales.
Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, y de la consultora internacional Deloitte & Touche, reactualizó este debate. Este estudio reveló que Tucumán es la segunda provincia del país con mayor presión fiscal, sólo por detrás de Santiago del Estero.
Allí se midió la presión fiscal de provincias y municipios sobre la base del impuesto a los ingresos brutos y la tasa de seguridad e higiene. LAGACETA pidió la opinión de expertos y de funcionarios para conocer el verdadero impacto del informe.
El consultor de empresas Alberto Ziperovich opinó que la contradicción desatada en los 90, a partir de un gran crecimiento económico que fue acompañado por una crisis sin parangón, derivó actualmente en una lucha feroz por el ingreso entre privados y entre privados y el Estado. "Un índice preciso de esa situación es el nivel de presión fiscal", dijo.
Justamente, la voracidad impositiva actúa como freno a las aspiraciones empresarias de crecer en un ámbito en el cual no existe el crédito. Así lo señala el especialista Arquímedes Carrizo. "Las PyME, por la complejidad y alta presión tributaria nacional, provincial y municipal, están trabadas en su desarrollo, ya que este sistema beneficia a los evasores y castiga a los empresarios que quieren pagar sus impuestos", dijo el experto.
Mayores controles
El ministro de Economía, Jorge Jiménez, admite que la presión fiscal es elevada, pero asegura que el Gobierno trabaja para aumentar la base imponible y, de esa manera, propiciar la baja de algunos impuestos que son considerados distorsivos. Otra medida que considera vital para impulsar una disminución en las tasas de gravámenes es que el Estado logre mejorar los controles tendientes a que todos paguen los impuestos como corresponde. Según el titular del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, Ricardo Nassif, para encontrar una solución al problema impositivo primero hay que avanzar en una profunda reforma del sistema tributario nacional, que contemple la atención de las necesidades concretas que tiene cada provincia, municipio o la propia Nación. "Hay que resolver el tema de la coparticipación federal, lo cual implica que debe aplicarse, como señala la Constitución nacional, un régimen de desarrollo armónico de las provincias. Luego, cuando se logre este objetivo, habría que plantear un esquema similar en la provincia respecto de cada uno de los municipios", añadió el experto.
Este es el caso de dos personas que se asocian bajo la forma de una SRL para poner un pequeño taller, y aportan $ 100.000 en el emprendimiento:
En la constitución de la sociedad gastan un 1,4% en concepto de Sellos y gastos de inscripción.
Cuando depositan su capital en una cuenta corriente bancaria para poder iniciar sus actividades, pagan un 0,50% de Ingresos Brutos y un 1,2% de Impuesto al Debito y a los Créditos.
Si deciden invertir la mitad de su capital en un pequeño galpón que compran ya construido a otra empresa, el precio de venta tiene incluido un 2,5% de Ingresos Brutos, un 1,1% de Tasis, 2% de Sellos, 1,50% del impuestos a la Transferencia de Bienes y el 21% de IVA.
Si la otra mitad del capital lo invierten en maquinarias e insumos, los precios de estos incluyen 2,5% de Ingresos Brutos, 1,1% de Tasis y 21% de IVA. Si el vendedor es agente de percepción de IVA y de Ingresos Brutos les retiene un 5% y 1,25% adicional sobre el precio del bien. Es decir que antes de que la empresa venda $1, le pagó al Estado provincial y municipal aproximadamente un 6,5% y al Estado Nacional un 23,2%, de su capital inicial. Este cálculo no tiene en cuenta el efecto negativo en cascada que tiene Ingresos Brutos a través de la cadena comercial, lo que aumenta su tasa real de imposición.
Cada socio tiene que inscribirse como autónomo y en este caso tendrán un costo fijo del orden de $ 490 mensuales por ambos, ya que el grueso del pago es impuesto y no van a los fondos de jubilaciones.
Aunque en los primeros meses que no se produzca o no se venda, igual se debe pagar un monto fijo de $ 33 en Ingresos Brutos y de $ 20 a $ 110 en Tasis. Luego, cuando empieza a operar, la empresa le debe pagar a la Municipalidad un impuesto por la energía eléctrica, gas natural y comunicaciones que usa en su actividad en forma directa e indirecta.
Cuando comienzan a operar, si toman empleados, los aportes, retenciones y cargas sociales representan aproximadamente el 70% de los salarios de bolsillo. También deben pagar a la Provincia un 2,5% de Salud Pública sobre estos.
Si toman un crédito deben pagar 1% de Sellos, 1,2% de Impuestos a los Débitos y Créditos y 0,5% de Ingresos Brutos. Los costos financieros están encarecido por los Ingresos Brutos y Tasis, que gravan el sistema financiero.
La sociedad debe presentar una declaración jurada mensual por IVA, Ingresos Brutos, Tasis, Salud Pública y a la Anses, y tiene la obligación de actuar como agente de retención del Impuestos a las Ganancias. Debe pagar el Impuesto Inmobiliario y el CISI (municipal) por el inmueble. Por esta razón necesita contar en forma permanente con la asistencia de un Contador Público y dedicar gran parte de su tiempo al sistema tributario, lo que implicará restarle atención a su emprendimiento.
RICARDO NASSIF
Titular del Colegio de Graduados en Cs. Económicas
Crece la voracidad impositiva
* En estos últimos tiempos se incrementó sustancialmente la presión fiscal en Tucumán. Se eliminó la alícuota cero en Ingresos Brutos el año pasado, pero hasta octubre de 2003 había una reducción del 25% a los que contaban con este beneficio. Esta resolución quedó sin efecto y el impuesto volvió a tener incidencia.
* En el Código Tributario de los años 80 el Impuesto Inmobiliario poseía un 4 por mil alícuota. La ley impositiva actual faculta al Poder Ejecutivo a fijar esta alícuota hasta un tope del 30 por mil. En el Pacto Fiscal, se aumentó la alícuota inmobiliaria con la idea de que las provincias iban a eliminar impuestos distorsivos,como Ingresos Brutos, Salud Pública y Sellos, que en Tucumán no sólo no se suprimieron sino que tienen plena vigencia. Aumentó la alícuota de Ingresos Brutos y ahora se habla de incrementar las de Inmobiliario y Automotores.
* Ahora la Provincia pretende aplicar el Impuesto a la Salud Pública sobre la suma no remunerativa de 200 pesos de aumento salarial establecido por decreto nacional, pese a que esta misma norma señala que a esta suma no se le puede aplicar impuestos. El gobierno tucumano hace inspecciones para determinar diferencias, con el fin de cobrar Salud Pública sobre los 200 pesos no remunerativos.
*El Tasis fue declarado inconstitucional por varios juzgados. Para la Justicia, se trata de un impuesto, dado que la Municipalidad capitalina no brinda la contraprestación imprescindible para que sea considerada una tasa. en el caso del Tasis, contribución que incide sobre las empresas. Supuestamente, el Ejecutivo municipal debería prestar el servicio de inspección para preservar la salubridad, la higiene y la seguridad en las empresas, cosa que no hace.
ALBERTO ZIPEROVICH
Consultor de empresas
Tasas altas revelan incapacidad
* Las regiones pobres (entre las que se incluye Tucumán) son las que aplican mayores tasas y las que menor gasto por habitante acusan.
* Se dice que las mayores tasas tributarias de una zona respecto de otras compensan la mayor informalidad y evasión y, por cierto, expresan la incapacidad de esa provincia o municipio para avanzar sobre esas "zonas informales de la economía".
* El Estado provincial y los municipios están "alertas" al éxito o crecimiento de algún sector de la economía formal y avanzan sobre ellos cambiando las reglas de juego.
* Recientemente la Dirección General de Rentas suspendió "transitoriamente" la alícuota cero de Ingresos Brutos a la construcción y aplica un régimen especial de retenciones al sector como "proveedor del Estado", que incluye en su base de cálculo el resto de los impuestos nacionales. La voracidad no tiene límites.
*La presión fiscal municipal representa el 62% de la provincial; de lo que se concluye que las tasas retributivas de servicios municipales son impuestos encubiertos.
* La ausencia de uniformidad en las cargas tributarias provinciales y municipales genera : a) Que las empresas se vean obligadas a trasladar el costo impositivo al precio de los bienes y servicios por lo que el costo de vida resultará mayor o menor según dónde habite el ciudadano . b) Esta situación operará como incentivo para que los comercios e industrias muden sus instalaciones según los costos y beneficios fiscales, provinciales y municipales.
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