Un fallo ratifica la vigencia de convenios firmados por la capital

La Municipalidad de esta capital sufrió un duro revés judicial. La sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó la acción de amparo deducida con el fin de obtener la suspensión de los convenios de préstamo, refinanciación de deudas o cesión de créditos tributarios celebrados con la Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán, Gestiones y Negocios SRL y la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires.
El municipio pretendía conjurar los efectos de los contratos celebrados con las tres firmas por entender que se introdujeron cláusulas que engrosaron el monto contractual convenido (sólo se autorizó un endeudamiento de $ 20 millones), como así también el mecanismo para el cálculo de los intereses. Además, según la intendencia, en algunos casos se percibieron tributos de deudores no cedidos contractualmente.
El intendente provisorio Domingo Amaya quería que la capital recuperara el 30% de la recaudación de tasas que hoy, automáticamente, se asignan a las tres entidades prestatarias.
Los camaristas Ebe López Piossek y Enrique Guibert, en primer lugar, cuestionaron la vía procesal elegida por el Municipio. Las acciones de amparo -recordaron- sólo proceden contra actos u omisiones de órganos o agentes del Estado, o de particulares que afecten derechos y garantías reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales. "No es aceptable que haya un amparo en favor de la Nación o de sus autoridades por lesiones provenientes de sí mismas o de otras autoridades públicas", afirmaron al citar al tratadista Adolfo Rivas.
En el caso concreto, según los magistrados, no se reunieron los requisitos necesarios para la procedencia de un amparo.
"No se pretende el dictado de un pronunciamiento jurisdiccional por el que se resuelva la rescisión de los contratos oportunamente celebrados, previa declaración de lesividad de dichos acuerdos y de las normas relativas a ellos que se hayan dictado", manifestaron.

Mayor amplitud
A criterio de la Justicia la pretensión del municipio es de tal magnitud que, en sí misma, reúne características autónomas que exceden el restringido y sumarísimo ámbito en el que se desarrolla una acción de amparo. "Una consolidada doctrina judicial viene señalando que el amparo no es el cauce de tutela judicial idóneo para dirimir problemas de naturaleza contractual. La naturaleza patrimonial de las cuestiones que los contratos involucran como las complejidades procesales que acarrea el fijar el alcance de los derechos y obligaciones que emanan de aquellos, exigen un ámbito de debate y de prueba más amplio", concluyeron los camaristas.

Reparo de ediles al bloqueo y al blanqueo fiscal
El bloqueo y blanqueo fiscal que pretende aplicar el intendente de la capital, Domingo Amaya, anticipan un fuerte debate entre los concejales durante la última sesión del año.
En la reunión, prevista para hoy a las 9, se tratarán los proyectos de orden financiero que afligen a la intendencia, aunque algunos ediles dejaron entrever sus objeciones sobre esas iniciativas.
Desde el municipio resaltaron que el bloqueo fiscal servirá para que los contribuyentes puedan quedar al día con las deudas tributarias. Mientras que el blanqueo fiscal apuntará a que los propios vecinos sean quienes se presenten ante el municipio para anunciar remodelaciones en sus propiedades y así poder actualizar el padrón catastral.
El bajo nivel de recaudación en el municipio obligó a Amaya a estudiar un paquete de medidas fiscales para intentar revertir esa tendencia.
Durante noviembre, por ejemplo, la Dirección de Rentas Municipales recaudó sólo $ 3,2 millones, una cifra que generó preocupación en el Departamento Ejecutivo.
Para colmo, el escaso ingreso de fondos por el pago de los impuestos es una situación que viene de arrastre.

Por la rescisión
El convenio entre el municipio y La Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán que se celebró en marzo de 2002, durante la gestión de Raúl Topa, será analizado en el recinto. El acuerdo establece que los grandes contribuyentes pueden abonar sus tributos en esa entidad financiera.
Ahora, los concejales José Luis Avignone y Raúl Pellegrini plantearon el análisis de la cláusula 13. Ese punto del convenio establece que en el supuesto que algún contribuyente incumpliera, se puede proceder a la rescisión. En ese caso se ejecutará la garantía (u$s 8 millones, en bonos de la Municipalidad). "Le pediremos al Departamento Ejecutivo que se estudie la factibilidad de la aplicación de ese instrumento", afirmó Avignone.