En enero se postularía al primer candidato

Tienen vocación hegemónica
Por Luis Iriarte, profesor de Derecho Constitucional-Facultad de Derecho-UNT
En menos de dos meses, el gobernador José Alperovich confirmó sus pretensiones hegemónicas en el manejo del poder al despreciar todo tipo de control institucional. Como ministro de Economía de Julio Miranda implementó la caja única (manejo centralizado de los dineros del Estado), matriz fecunda de la probable malversación de fondos públicos, hoy bajo investigación judicial.
También promulgó la ley modificatoria de los decretos de necesidad y urgencia que, a su pedido, instrumentó la anterior Legislatura. Hoy, por decreto, gobierna la provincia, violando groseramente la Constitución y causando un clima de inseguridad jurídica, de imprevisibilidad y de incertidumbre altamente negativo para los negocios y las inversiones que se requieren para salir de la parálisis económica.
A partir de enero, el Gobierno incrementará el Impuesto Inmobiliario en porcentajes difíciles de pagar para la mayoría de la población, que vive con sueldos congelados desde hace años. El aumento de la presión impositiva dejará a Tucumán con un triste récord nacional: deberán pagar más quienes lo hacen siempre sin que se combata eficazmente a los evasores.
Ahora, el gobernador disuelve el CAM con el pretexto de colocar en su reemplazo a la sociedad como contralor de las designaciones en el Poder Judicial, con un decreto similar al instituido en el orden federal. De nada sirvió este mecanismo para evitar la designación de Eugenio Zaffaroni como ministro de la Corte Suprema de Justicia Nacional, pese a acreditarse que juró por actas institucionales de los golpes de Estado de los 60 y los 70; que falseó declaraciones juradas de bienes y que incumplió con sus obligaciones previsionales. Desde la recuperación de la democracia y desde una óptica institucional, Alperovich ya acreditó méritos para merecer el calificativo de peor gobernante de los últimos 20 años.

Urge un control de idoneidad
Por Gilda Pedicone de Valls, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas-UNSTA
Con la disolución del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), el Ejecutivo dejó sin representación a muchos sectores que hasta ahora habían tenido un espacio de participación muy activo en el proceso de selección de los jueces y a otros que reclamaban ese espacio. También quedó desairada la Legislatura, adonde se estudiaban diversos proyectos de ley que pretendían dar jerarquía legal a un organismo que había sido creado por decreto del PE y que, por ello, tenía toda la debilidad que hoy quedó al descubierto: un decreto se cambia por otro sin participación de los representantes del pueblo.¿Por qué el PE insistió en la necesidad de modificar un sistema que, aunque imperfecto, logró hacer que la Justicia funcione con normalidad? ¿Era un reclamo urgente de la sociedad? Queda claro que el Gobierno se quería cambiar el CAM tal como venía funcionando y que algunas de las variantes para hacerlo se frustraron cuando los propios miembros del CAM manifestaron su oposición a las modificaciones que se estaban gestando.
La única limitación que se impuso el PE a la facultad constitucional de proponer a la Legislatura candidatos a jueces es la opinión de la ciudadanía sobre el postulante mediante una etapa de impugnaciones y objeciones. ¿Para tener una buena Justicia alcanza con jueces que hayan sorteado con éxito esta etapa sin que, con anterioridad, se haga entre los miles de abogados una selección en la que se evalúen sus antecedentes académicos y profesionales, y una demostrada ética? La transparencia sólo se logra con un estricto análisis de idoneidad, mediante rigurosos y públicos concursos de antecedentes y oposición, donde deberían recuperar el espacio perdido los organismos del CAM (universidades, colegios de abogados y magistrados en ejercicio). El Gobierno tiene la responsabilidad.

En enero se postularíaal primer candidato
En enero el Poder Ejecutivo podría estar nominando al primer candidato a ocupar un cargo en la Justicia con el nuevo sistema de selección impuesto por el Gobierno, luego de decidir la eliminación del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Así lo señaló a LA GACETA el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez.
Sin embargo, dijo que aún debe publicarse el decreto respectivo en el Boletín Oficial de la Provincia, para luego proceder a la reglamentación del registro de interesados en incorporarse a la vida judicial como magistrado. Este registro funcionará en el Ministerio de Gobierno.
"No es complicada su elaboración", admitió Jiménez. Indicó que el Poder Ejecutivo tiene que dictar una resolución y luego esperar que los interesados presenten su currículum. Aclaró que el registro sirve como una base de datos, y que el PE puede proponer un candidato al margen de los que se inscriban."En todos los casos se hará una buena elección", aseguró cuando se le planteó que la sociedad observará con lupa la elección que haga el PE. "Tendrán que ser los mejores porque estarán expuestos a la consideración de todos los ciudadanos, por eso no nos podemos equivocar", señaló.
Destacó que es importante la experiencia de los propuestos y que los requisitos para ser jueces están en la Constitución.
Severa advertencia de un vocal de la Corte
Al representante de la Corte Suprema de Justicia en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), Alfredo Carlos Dato, lo sorprendió la decisión del gobierno de José Alperovich de eliminar el CAM (también lo integraban el Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán). "Es curioso que se haya disuelto el CAM cuando se estaba hablando de ampliarlo", manifestó.
El Poder Ejecutivo afirma que con el nuevo mecanismo de designación de los jueces la población tendrá la posibilidad de impugnar los nombres de los postulantes. "Esta opinión, como la de las instituciones interesadas, es una instancia que se cumplía perfectamente con la publicación que hacía la Legislatura", dijo Dato. el magistrado está convencido de que las tachas públicas sólo serán ejercidas por quienes tuvieron conflictos con los abogados o ex jueces propuestos para cubrir una vacante en la Justicia. "Cuando se establece un sistema de control tan general, se corre el riesgo de que no lo haga nadie", señaló.
Luego, defendió lo hecho por el CAM desde 1991. "Hubo una sola destitución (de un magistrado), otra quedó sin efecto y ahora hay un proceso en marcha. Que sólo haya habido tres casos en un poder que al año recibe 60.000 denuncias demuestra que los resultados del CAM fueron razonables", dijo.