Abogados cuestionan la decisión del PE

La decisión del gobierno de José Alperovich de eliminar el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) del proceso de selección para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial generó una gran preocupación en la sociedad. El Colegio de Abogados (integraba el CAM junto a la Corte Suprema de Justicia y al Colegio de Abogados) sospecha que el Poder Ejecutivo -reforma de la Constitución provincial mediante- busca un mecanismo que le permita contar con una Justicia adicta.
Carlos Parajón Canteli y Raúl Martínez Aráoz, presidente y vicepresidente de la entidad respectivamente, criticaron el argumento utilizado por el PE para derribar al CAM (proponía ternas no vinculantes cada vez que se producía un hueco judicial). El ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, aseveró que el CAM sólo defendía intereses corporativos.
"Sólo invocan burdos pretextos. Llama la atención que este sistema (los nombres de los postulantes serán puestos a consideración de la gente, que podrá hacer objeciones e impugnaciones) se instrumente cuando arrecian rumores sobre una reforma constitucional con puesta en comisión de los jueces", afirmaron.
Los abogados entienden que, bajo la excusa de que hay que dejar de lado los intereses corporativos, el Poder Ejecutivo pasa a ser el único elector de los jueces. "Aunque esta última es una facultad constitucional del gobernador, no puede ser adoptada después de que se sugirió la supuesta mejora del CAM mediante la ampliación del número de miembros", manifestaron.

Instan a recordar
Lo que más le molestó al Colegio fue el mote de corporativo que se le asignó al desaparecido CAM. "Hace tiempo nosotros propusimos como posición oficial y pública que se celebren concursos de oposición y antecedentes como mecanismo más idóneo para la designación de magistrados. Tal procedimiento fue propuesto para garantizar la transparencia y mejor selección. Implicaba, además, limitar nuestra propia discrecionalidad en la participación del sistema del CAM", expresaron.
Tras insistir en que un concurso entre los postulantes sería lo más adecuado, Parajón Canteli y Martínez Aráoz recordaron que el Colegio de Abogados llegó a proponer su exclusión como jurado de esos eventuales exámenes e instó a que los otros miembros del CAM hicieran lo propio.
Los abogados están convencidos de que el sistema implementado por el PE constituye un grave retroceso que, para colmo, pretende encubrirse con falsas invocaciones de transparencia y de participación.
"Eso de que la participación es la motivación del cambio es un sofisma. El sistema de objeciones públicas podría perfectamente realizarse sobre los ternados por el CAM, previo concurso", concluyeron.