Mientras Antonio Bussi espera la Navidad en la casa de su hija Claudia, en Pilar, provincia de Buenos Aires, sus abogados siguen bregando por conseguir su libertad (cumple prisión domiciliaria por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse ocurrida en 1976).
Pablo Calvetti recurrió ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán las resoluciones por las cuales el juez federal Jorge Parache rechazó dos pedidos de nulidad. El magistrado desestimó los planteos contra las sentencias por las que ordenó la detención, y el procesamiento y la prisión preventiva del ex gobernador (esto último sucedió el 15 de octubre).
"De la lectura de los considerandos de las resoluciones cuya nulidad se pretende, se advierte que no existe razonamiento valedero alguno que permita vincular los hechos por los que resultó damnificado Vargas Aignasse con la actuación de Bussi", afirmó el letrado en el escrito.
El abogado insistió en que las sentencias son arbitrarias porque no imputan al intendente electo ningún acto concreto, con lo que su libertad se ve libertad ilegítimamente restringida.
"Las resoluciones sólo transcriben una innumerable cantidad de documentos y declaraciones sin que haya una objetiva valoración que culmine por relacionar dichas hipotéticas probanzas con la responsabilidad que pudo haberle cabido a Bussi", concluyó.
Pablo Calvetti recurrió ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán las resoluciones por las cuales el juez federal Jorge Parache rechazó dos pedidos de nulidad. El magistrado desestimó los planteos contra las sentencias por las que ordenó la detención, y el procesamiento y la prisión preventiva del ex gobernador (esto último sucedió el 15 de octubre).
"De la lectura de los considerandos de las resoluciones cuya nulidad se pretende, se advierte que no existe razonamiento valedero alguno que permita vincular los hechos por los que resultó damnificado Vargas Aignasse con la actuación de Bussi", afirmó el letrado en el escrito.
El abogado insistió en que las sentencias son arbitrarias porque no imputan al intendente electo ningún acto concreto, con lo que su libertad se ve libertad ilegítimamente restringida.
"Las resoluciones sólo transcriben una innumerable cantidad de documentos y declaraciones sin que haya una objetiva valoración que culmine por relacionar dichas hipotéticas probanzas con la responsabilidad que pudo haberle cabido a Bussi", concluyó.







