Por Redacción Política
23 Diciembre 2003
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Ayer, el gobierno de José Alperovich decidió poner fin a una larga polémica. Por iniciativa del ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, el PE eliminó el Consejo de la Magistratura (CAM), que desde 1991 proponía ternas de candidatos -no vinculantes- cada vez que se producía una vacante en el Poder Judicial. De ahora en más, cuando se necesite cubrir un hueco se publicarán las listas de posibles postulantes para que cualquier ciudadano o institución haga durante 15 días las objeciones u observaciones que crea convenientes. El PE asegura que el nuevo sistema, además de ser más participativo y democrático, da sobradas garantías de transparencia. Dos de las tres entidades que integraban el CAM (la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán y el Colegio de Abogados) no son tan optimistas (ver notas aparte) e insisten en que, sin un concurso de oposición y antecedentes de candidatos, será difícil despejar las suspicacias y las tentaciones del poder político.
Apenas asumió en octubre pasado, Jiménez concentró sus esfuerzos en poner en marcha el Tribunal Constitucional, órgano previsto por la Carta Magna provincial de 1990, pero que nunca se puso en funcionamiento. Sin embargo, con el correr de los días aquella iniciativa se fue diluyendo y, cada vez con más fuerza, fue cobrando fuerza la idea de reemplazar al CAM.
Si bien el PE tiene la facultad constitucional de proponer a la Legislatura nombres para cubrir vacantes en la Justicia, desde 1991 se impuso a sí mismo un límite: el gobierno de Ramón Ortega, por decreto, creó el CAM (con las dos instituciones antes mencionadas y la Corte Suprema de Justicia de la provincia) como órgano ad hoc encargado de sugerir ternas cada vez que se producía una necesidad. En todos estos años, el PE se apartó en contadas ocasiones de los consejos del CAM. Por ello, las entidades que lo integraban consideraban que, antes que dejarlo de lado había que fortalecerlo porque el nivel de las designaciones mejoró desde que se puso en marcha el sistema. El Colegio de Abogados, por ejemplo, llegó a proponer concursos con resultados vinculantes, como sucede en la Nación.
Muchas dudas
A los defensores del CAM, Jiménez les retruca que el organismo fracasó en todo el mundo cuando se lo puso como una institución vinculante y se le dio jerarquía legal o constitucional. Argumenta que eso se debe a que el CAM se politiza o bien los jueces elegidos por él pasan a ser parte de una casta especial que designa a parientes y a amigos.
El ministro está convencido de que lo más transparente es abrir las listas a la sociedad y en crear un sistema consultivo similar al que empleó el gobierno de Néstor Kirchner para designar a Eugenio Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Corte Suprema provincial no quiso opinar hasta que no conozca el decreto. Sin embargo, en Tribunales, según las fuentes consultas por LA GACETA, ven como un peligro que el PE maneje el proceso de selección. "Cuando no les guste una objeción dirán que era infundada", dijeron.
PEDRO ROUGES
Decano de la Facultad de Derecho-UNT
"Ahora los límites deberán ser puestos por la sociedad"
El Poder Ejecutivo, al derribar el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), aseguró que en el nuevo sistema de selección de jueces podrá participar cualquier ciudadano, que podrá impugnar las nóminas de postulantes. Pedro Rougés, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (institución que integraba el CAM junto a la Corte Suprema de Justicia y al Colegio de Abogados), advirtió que será la sociedad la que, de ahora en más, deberá ponerles límites a las arbitrariedades o intentos de proponer candidatos leales al poder político.
"Ni lamento ni dejo de lamentar la desaparición del CAM; son hechos políticos que después deberán ser evaluados por la sociedad. Además, no puedo lamentar lo que es constitucional: la facultad del PE de proponer nombres para las vacantes existentes en la Justicia. Después veremos cómo funciona el nuevo mecanismo", manifestó.
Demasiado general
Hasta anoche la Facultad de Derecho de la UNT no había sido notificada del decreto del PE. De todos modos, el decano aclaró que como miembro del desaparecido CAM no podía decir nada. "Colaboramos con la constitución de este organismo ad hoc, cuyo aporte fue decisorio, porque, pese a que no era vinculante, era un freno que tenía el PE desde 1991. En cambio, ahora, con este sistema, el límite lo tendrá que poner la población en general, la sociedad", subrayó.
Rougés no es demasiado optimista sobre el nuevo mecanismo que impulsa el Gobierno de José Alperovich. "Cuando uno dice que todos pueden controlar (la selección) sabe que, por esta vía, también puede no hacerlo nadie. Es una facultad demasiado general. Las objeciones de la sociedad a las listas de postulantes, en caso de darse, constituirían un consejo demasiado amplio para que sea efectivo", concluyó.
CARLOS PARAJON CANTELI
Presidente del Colegio de Abogados
Reclaman que no haya suspicacias ni arbitrariedades
Hasta anoche, el Colegio de Abogados no había sido notificado de la decisión del Poder Ejecutivo de eliminar el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), organismo que aquella institución integraba desde 1991 junto a la Corte Suprema de Justicia y a la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Sin embargo, el presidente de la entidad, Carlos Parajón Canteli, reclamó que el nuevo sistema para la designación de magistrados se aplique de tal manera que no haya lugar para las arbitrariedades.
"La asepsia debe caracterizar cualquier mecanismo de selección. Tiene que haber un concurso de oposición y antecedentes, para que cada uno de los postulantes demuestre su capacidad para ocupar el cargo vacante", aseguró el abogado.
Parajón Canteli no quiso opinar en profundidad hasta no conocer el texto del decreto del PE. Sin embargo, reconoció que era partidario de que el CAM, lejos de eliminarse, fuera fortalecido porque -a su entender- significó un avance al hacer más transparente el proceso de selección judicial en la provincia. "No había que derribarlo, todo lo contrario. Desde que funciona, aunque más no sea como un organismo de consulta -sus opiniones no eran vinculantes-, las designaciones fueron mucho mejores que cuando no existía el mecanismo; no hay duda de ello", manifestó.
Luces de alarma
El abogado advirtió que una excesiva participación del PE o de la Legislatura en el nuevo sistema de selección sería pernicioso. "Tiene que haber un concurso y las ternas que resulten de él deben ser vinculantes. Eso es lo único que puede garantizar transparencia. Y si en el nuevo mecanismo hay representantes de los poderes políticos, se trataría de una intromisión que conspiraría contra esa asepsia que tanto necesitamos", concluyó Parajón Canteli.
Apenas asumió en octubre pasado, Jiménez concentró sus esfuerzos en poner en marcha el Tribunal Constitucional, órgano previsto por la Carta Magna provincial de 1990, pero que nunca se puso en funcionamiento. Sin embargo, con el correr de los días aquella iniciativa se fue diluyendo y, cada vez con más fuerza, fue cobrando fuerza la idea de reemplazar al CAM.
Si bien el PE tiene la facultad constitucional de proponer a la Legislatura nombres para cubrir vacantes en la Justicia, desde 1991 se impuso a sí mismo un límite: el gobierno de Ramón Ortega, por decreto, creó el CAM (con las dos instituciones antes mencionadas y la Corte Suprema de Justicia de la provincia) como órgano ad hoc encargado de sugerir ternas cada vez que se producía una necesidad. En todos estos años, el PE se apartó en contadas ocasiones de los consejos del CAM. Por ello, las entidades que lo integraban consideraban que, antes que dejarlo de lado había que fortalecerlo porque el nivel de las designaciones mejoró desde que se puso en marcha el sistema. El Colegio de Abogados, por ejemplo, llegó a proponer concursos con resultados vinculantes, como sucede en la Nación.
Muchas dudas
A los defensores del CAM, Jiménez les retruca que el organismo fracasó en todo el mundo cuando se lo puso como una institución vinculante y se le dio jerarquía legal o constitucional. Argumenta que eso se debe a que el CAM se politiza o bien los jueces elegidos por él pasan a ser parte de una casta especial que designa a parientes y a amigos.
El ministro está convencido de que lo más transparente es abrir las listas a la sociedad y en crear un sistema consultivo similar al que empleó el gobierno de Néstor Kirchner para designar a Eugenio Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Corte Suprema provincial no quiso opinar hasta que no conozca el decreto. Sin embargo, en Tribunales, según las fuentes consultas por LA GACETA, ven como un peligro que el PE maneje el proceso de selección. "Cuando no les guste una objeción dirán que era infundada", dijeron.
Decano de la Facultad de Derecho-UNT
"Ahora los límites deberán ser puestos por la sociedad"
El Poder Ejecutivo, al derribar el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), aseguró que en el nuevo sistema de selección de jueces podrá participar cualquier ciudadano, que podrá impugnar las nóminas de postulantes. Pedro Rougés, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (institución que integraba el CAM junto a la Corte Suprema de Justicia y al Colegio de Abogados), advirtió que será la sociedad la que, de ahora en más, deberá ponerles límites a las arbitrariedades o intentos de proponer candidatos leales al poder político.
"Ni lamento ni dejo de lamentar la desaparición del CAM; son hechos políticos que después deberán ser evaluados por la sociedad. Además, no puedo lamentar lo que es constitucional: la facultad del PE de proponer nombres para las vacantes existentes en la Justicia. Después veremos cómo funciona el nuevo mecanismo", manifestó.
Demasiado general
Hasta anoche la Facultad de Derecho de la UNT no había sido notificada del decreto del PE. De todos modos, el decano aclaró que como miembro del desaparecido CAM no podía decir nada. "Colaboramos con la constitución de este organismo ad hoc, cuyo aporte fue decisorio, porque, pese a que no era vinculante, era un freno que tenía el PE desde 1991. En cambio, ahora, con este sistema, el límite lo tendrá que poner la población en general, la sociedad", subrayó.
Rougés no es demasiado optimista sobre el nuevo mecanismo que impulsa el Gobierno de José Alperovich. "Cuando uno dice que todos pueden controlar (la selección) sabe que, por esta vía, también puede no hacerlo nadie. Es una facultad demasiado general. Las objeciones de la sociedad a las listas de postulantes, en caso de darse, constituirían un consejo demasiado amplio para que sea efectivo", concluyó.
Presidente del Colegio de Abogados
Reclaman que no haya suspicacias ni arbitrariedades
Hasta anoche, el Colegio de Abogados no había sido notificado de la decisión del Poder Ejecutivo de eliminar el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), organismo que aquella institución integraba desde 1991 junto a la Corte Suprema de Justicia y a la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Sin embargo, el presidente de la entidad, Carlos Parajón Canteli, reclamó que el nuevo sistema para la designación de magistrados se aplique de tal manera que no haya lugar para las arbitrariedades.
"La asepsia debe caracterizar cualquier mecanismo de selección. Tiene que haber un concurso de oposición y antecedentes, para que cada uno de los postulantes demuestre su capacidad para ocupar el cargo vacante", aseguró el abogado.
Parajón Canteli no quiso opinar en profundidad hasta no conocer el texto del decreto del PE. Sin embargo, reconoció que era partidario de que el CAM, lejos de eliminarse, fuera fortalecido porque -a su entender- significó un avance al hacer más transparente el proceso de selección judicial en la provincia. "No había que derribarlo, todo lo contrario. Desde que funciona, aunque más no sea como un organismo de consulta -sus opiniones no eran vinculantes-, las designaciones fueron mucho mejores que cuando no existía el mecanismo; no hay duda de ello", manifestó.
Luces de alarma
El abogado advirtió que una excesiva participación del PE o de la Legislatura en el nuevo sistema de selección sería pernicioso. "Tiene que haber un concurso y las ternas que resulten de él deben ser vinculantes. Eso es lo único que puede garantizar transparencia. Y si en el nuevo mecanismo hay representantes de los poderes políticos, se trataría de una intromisión que conspiraría contra esa asepsia que tanto necesitamos", concluyó Parajón Canteli.
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